La AEPD ha propuesto multar con 5.000 euros a ‘El Salto’ por publicar datos identificativos de agentes policiales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Agencia Española de Protección de Datos ha propuesto una sanción de 5.000 euros contra el medio ‘El Salto’ y la retirada de datos identificativos de agentes.
- ¿Por qué? Por publicar imágenes, iniciales, identidades ficticias y referencias personales de funcionarios policiales que, según esas informaciones, se habrían infiltrado en movimientos sociales.
- ¿Qué antecedentes hay? Es el cuarto medio afectado: La Directa, Vilaweb y Diari de Balears suman, junto a este caso, más de 30.000 euros en propuestas de sanción.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, el organismo estatal independiente que vela por el derecho fundamental a la protección de datos) ha propuesto imponer al medio cooperativo ‘El Salto’ una sanción de 5.000 euros y la obligación de retirar varios artículos en los que se detallaba la infiltración de policías en movimientos sociales, según ha comunicado la propia publicación. La resolución llega después de que la Agencia desestimara las alegaciones presentadas en primera instancia por el medio.
Una multa de 5.000 euros y la retirada de los datos de los agentes
Se trata del cuarto medio de comunicación que recibe una propuesta de sanción por hechos similares. Este verano, La Directa, Vilaweb y Diari de Balears fueron objeto de resoluciones parecidas, que en conjunto suman más de 30.000 euros, una cantidad relevante en relación con la facturación anual de cada cabecera.
La propuesta de la AEPD no cuestiona que las informaciones publicadas fueran fidedignas y precisas. Sin embargo, el organismo ha instado al medio a eliminar las imágenes de los agentes —pese a haber sido tratadas para dificultar su identificación—, las iniciales de los nombres reales de los funcionarios, las identidades ficticias empleadas durante las investigaciones, las referencias a sus coartadas para infiltrarse y cualquier alusión a su pasado, su formación, sus opiniones o las de su entorno familiar.
«Nos sorprende este procedimiento, que entendemos como una represalia por haber destapado la práctica ilegal de espionaje a disidencia política», sostiene Sara Plaza, periodista de El Salto, en declaraciones difundidas por el propio medio. La profesional advierte además de las consecuencias que la medida puede tener para el derecho a la información y la libertad de expresión.
Para Raúl Maíllo, abogado del medio, la retirada de estos elementos «implica mutilar los textos para impedir cualquier trazabilidad, cualquier elemento objetivo comprobable» de la presunta actuación irregular de los agentes. El medio sostiene que la sanción dificulta la verificación de los hechos publicados.
La protección de la identidad de los agentes encubiertos es un requisito legal y operativo: comprometerla pone en riesgo su seguridad y la de las investigaciones en curso.
El debate institucional: comisiones parlamentarias y litigios abusivos
Las personas que, según las informaciones publicadas, habrían sido objeto de seguimiento no han logrado que ningún tribunal español juzgue los hechos, pese a haber presentado varias denuncias, algunas de ellas contra los agentes identificados. La Fiscalía se ha opuesto a las distintas causas. La única consecuencia legal hasta ahora ha sido la exposición de los medios a estas sanciones administrativas.
Estas investigaciones han tenido, en cambio, consecuencias políticas. En el Parlament de Catalunya existe una comisión de investigación parlamentaria que pretende aclarar el alcance de estas prácticas, mientras que varias iniciativas han llegado al Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno. A raíz de la repercusión social de los casos, las infiltraciones habrían quedado supuestamente amparadas en la figura de «agente de inteligencia», distinta de la de «agente encubierto», que exige supervisión judicial.
Los cuatro medios han puesto los hechos en conocimiento de organizaciones periodísticas europeas, entre ellas el Media Freedom Rapid Response, que ha incluido el caso en el registro Mapping Media Freedom de ataques contra la libertad de prensa. El asunto se enmarca en el contexto de los llamados SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública), que la Comisión Europea define como demandas u otras formas legales de intimidación dirigidas contra quienes transmiten mensajes incómodos sobre asuntos de interés público.
El Contexto Operativo
La figura del agente encubierto es una herramienta central en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas. Su utilización exige autorización judicial y se somete a un control estricto, precisamente para equilibrar la eficacia operativa con la protección de los derechos fundamentales. La distinción entre esa figura y la del «agente de inteligencia» —que, según las informaciones publicadas, habría servido de cobertura a las presuntas infiltraciones— es uno de los ejes del debate abierto.
La protección de la identidad de los funcionarios que participan en este tipo de operaciones es una exigencia legal y operativa. La difusión de sus datos, sus imágenes o su entorno familiar no solo compromete su seguridad personal, sino también la viabilidad de investigaciones en curso contra redes criminales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan cada año miles de actuaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo bajo secreto de sumario y con autorización de la autoridad judicial, y la normativa de protección de datos actúa aquí como garantía de quienes, como servidores públicos, trabajan en condiciones de riesgo.
El procedimiento abierto por la AEPD es, por ahora, una propuesta de resolución: el medio puede recurrirla en vía administrativa y, posteriormente, ante los tribunales. La resolución definitiva y un eventual pronunciamiento judicial determinarán el alcance real de una decisión que, según las partes, marcará el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de los datos de los agentes que operan en la sombra. Las comisiones parlamentarias abiertas en Catalunya y las iniciativas en el Congreso seguirán aportando contexto institucional a un debate que combina seguridad, privacidad y libertad de prensa.
