EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP), ha defendido en comisión parlamentaria que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación es “positivo” para las islas, pese a ausentarse de la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de coalición de Coalición Canaria y PP que preside Fernando Clavijo, y una oposición que pidió explicaciones: Nueva Canarias, PSOE y Vox.
- ¿Qué impacto tiene? Canarias quiere blindar la insularidad, la pobreza severa y la población ajustada anual en la ley; Nueva Canarias cifra en 226 millones el precio del giro.
La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP), defiende el acuerdo de financiación autonómica pese a ausentarse de la votación clave.
Una comparecencia para explicar la conversión exprés
Todo arrancó con una petición de Nueva Canarias, que reclamaba una explicación para lo que en la Cámara ya se llama “conversión exprés”. La respuesta cabía en una palabra: “positiva”. Asián sostuvo que su valoración global del pacto cerrado por Fernando Clavijo con el Gobierno central es favorable, y lo es porque el texto excluye “toda tentativa” de contabilizar el REF (el Régimen Económico y Fiscal, el fuero histórico que ordena los tributos y las inversiones estatales en el archipiélago) y elimina de forma definitiva el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.
Canarias blinda su fuero fiscal y gana margen para planificar sus inversiones. Esa certeza, argumentó la consejera, permite trabajar “a un periodo de tiempo más largo” y proyectar el FDCAN, el fondo de desarrollo con el que las islas financian proyectos propios.
Quedan flecos, advirtió. El Gobierno de Canarias presentará alegaciones durante la tramitación en las Cortes Generales y pide mantener la ponderación de insularidad, incorporar la variable de pobreza severa, mejorar su participación en el fondo de compensación por el cambio climático y calcular la población ajustada con el dato de cada ejercicio y no con la media de los tres últimos años.
La diputada de Nueva Canarias Esther González no aceptó el relato. Recordó que la exclusión del REF ya figuraba en la propuesta inicial del Ejecutivo central, la que el Gobierno canario tachó de “ruina e insulto” y que ahora presenta como “la octava maravilla”. De ahí su cuenta: 226 millones adicionales son el precio de la conversión. “¿Cuánto cuesta comprar al Gobierno de Canarias y que salve su orgullo? Fácil, 226 millones”, ironizó, antes de reprochar a la consejera su “cuajo” por reivindicar firmeza y ausentarse después dos veces del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Entre la propuesta que el Gobierno canario llamó ruina y el acuerdo que ahora bendice median 226 millones: el precio, según Nueva Canarias, de una conversión exprés.
Asián negó que el cambio de criterio se deba solo a esa cifra. Añadió que Clavijo pactó con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que los 500 millones adicionales lleguen a través de un fondo de desarrollo económico y no de compensación, con fines “muy concretos”. Así, dijo, “consiguió que esos 500 millones se pudieran usar realmente, que no fuera solo un anuncio”.
Las cuentas de la oposición y los deberes pendientes
El pronóstico más repetido fue el de la papelera. Paula Jover (Vox) vaticinó que el nuevo modelo acabará “en un cajón” tras los comicios generales del 29 de noviembre y calificó de “bochornosa” la imagen de Canarias respaldándolo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera junto a Cataluña. Reclamó un reparto “justo y equitativo, con perspectiva de unidad nacional”.
Fernando Enseñat (PP) situó la reforma del sistema entre las tareas principales del Gobierno que salga del 29N y garantizó que su partido la abordará “sin privilegios” y con negociación multilateral. La reforma quedará en manos del Ejecutivo que salga de las urnas. Antes, enumeró lo que sigue pendiente: el fondo de dinamismo económico, la cogestión de los aeropuertos, los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, el coste real del transporte, o los fondos contra la pobreza.
Socorro Beato (Coalición Canaria) consideró el pacto “más positivo” que la propuesta inicial y admitió la incógnita del adelanto electoral: “Pedimos que los acuerdos se cumplan”, dijo, sin querer “un solo paso atrás”. El socialista Manuel Hernández defendió que la disolución de las Cortes “no borra” lo firmado ni los más de 1.300 millones comprometidos, e invitó a la consejera a convencer a los suyos: si no se fían del Ministerio de Hacienda, que se fíen de ella.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición desde 2023. Coalición Canaria y PP sostienen un Ejecutivo presidido por Clavijo que ha hecho de la financiación su bandera y de la unidad interna su principal riesgo. La sesión dejó ese flanco al descubierto: mientras la consejera defendía el acuerdo, su socio de gobierno admitía la incógnita electoral y el PP avanzaba hacia los comicios con discurso propio sobre el reparto territorial. La ausencia de Asián en el Consejo de Política Fiscal y Financiera alimenta, según Nueva Canarias, la tesis de una orden llegada desde la dirección nacional del PP.
Solo Navarra comparte un régimen fiscal singular comparable. Del resto de autonomías que cubrimos, todas dependen del sistema común y del FLA (el Fondo de Liquidez Autonómica, el mecanismo con el que el Estado presta a las comunidades que no acceden al mercado en condiciones), y eso explica que cada reforma se negocie en una liga distinta. El calendario aprieta: restan 52 días hasta el 29N, la ley que desarrolle el modelo la tramitará el Gobierno que salga de las urnas y los 1.300 millones dependen de que el Ejecutivo en funciones los lleve al Consejo de Ministros. “Así sabremos de sus intenciones con Canarias”, dijo la consejera.
Ficha Autonómica
- El caso: La consejera de Hacienda de Canarias defiende ante el Parlamento regional el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, después de no acudir a la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Datos importantes: 226 millones adicionales según la cuenta de Nueva Canarias, 500 millones vinculados a un fondo de desarrollo económico y más de 1.300 millones comprometidos con las islas. Alegaciones pendientes sobre insularidad, pobreza severa, cambio climático y población ajustada.
- Resumen: El acuerdo se tramitará como ley en las Cortes Generales, pero su desarrollo quedará en manos del Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre.
