La jueza de la DANA conserva el amparo del CGPJ pese a que su marido admitió su presencia en declaraciones de víctimas.
Un escrito de octubre de 2025 que el CGPJ no quiso ignorar
El Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces en España) ha archivado las quejas contra Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada de Catarroja que investiga la tragedia de la DANA de 2024. La resolución, sin embargo, deja un rastro incómodo: el propio marido de la jueza reconoce por escrito que estuvo presente en varias declaraciones de víctimas.
Se llama Jorge Martínez Rubio y es magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. En un escrito fechado el 1 de octubre de 2025, admitió que «algunas de las víctimas me han visto junto a mi esposa», aunque atribuyó esas presencias al «desgaste emocional» que su mujer sufría durante las comparecencias.
Las quejas las presentaron los dos investigados en la causa, la ex consellera Salomé Pradas —el cargo autonómico equivalente al de ministra— y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. El CGPJ se acogió a la ilegalidad de la grabación que aportaron como prueba para descartarlas: según la resolución, los hechos «no han quedado suficientemente acreditados». La propia magistrada admitió que su marido llegó a recoger DNIs o a acompañar a familiares en la Ciudad de la Justicia.
Para el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, esos comportamientos se producen «fuera de la celebración de cualquier acto judicial» y carecen de relevancia disciplinaria. La defensa del marido, por su parte, niega la injerencia y apunta al trasfondo de las acusaciones: sostiene que convertirían a su esposa en «un simple instrumento» de su voluntad. Recuerda, además, que él está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura y zanja: «No le doy instrucciones a Nuria ni en el trabajo ni en ningún otro lugar».
El reconocimiento de un magistrado no invalida una instrucción, pero deja al descubierto hasta dónde llega la frontera entre lo personal y lo judicial.
Qué se juega el caso de la DANA con esta resolución
El archivo de las quejas da aire a la instrucción, pero no la cierra. La causa que dirige Nuria Ruiz Tobarra sigue su curso y mantiene en el foco a los ex altos cargos que gestionaron la emergencia del 29 de octubre de 2024, cuyo alcance sigue bajo investigación.
La decisión del CGPJ tiene una lectura que trasciende Valencia. Es un órgano estatal y su aval se interpreta en Madrid como una señal de estabilidad para un proceso que suma casi dos años de instrucción. El caso mantiene vivo el debate sobre la cadena de mando de la emergencia y la coordinación entre la Generalitat y la Administración central.
El Escenario Valenciano
En clave política, la resolución llega en un momento delicado para el Consell de Pérez Llorca. El pacto entre PP y Vox sostiene el gobierno autonómico, pero el proceso judicial de la DANA mantiene abierta una herida que la oposición no deja de recordar. PSPV y Compromís llevan meses reclamando explicaciones sobre las decisiones del 29 de octubre de 2024. El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025, conserva su acta de diputado y sigue siendo una figura central de la causa.
La dimensión nacional es inevitable. El CGPJ es un órgano estatal y su decisión refuerza a los tribunales valencianos ante Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en el Congreso la necesidad de reforzar el sistema nacional de protección civil, con precedentes como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012. El PP sostiene, en cambio, que el Ejecutivo central arrastra responsabilidades pendientes.
Las próximas semanas traerán nuevas comparecencias y resoluciones. El calendario judicial marcará el ritmo de un debate que la política valenciana no puede esquivar.
Ficha del Caso
- El caso: El CGPJ ha archivado las quejas contra la jueza de la DANA después de que su marido, también magistrado, reconociera su presencia en declaraciones de víctimas.
- Datos importantes: El escrito está fechado el 1 de octubre de 2025. La resolución sostiene que los hechos «no han quedado suficientemente acreditados». Los investigados son Salomé Pradas y Emilio Argüeso.
- Resumen: La instrucción del caso de la DANA continúa, mientras el debate sobre la separación entre lo personal y lo judicial se instala en el centro del proceso.
