La princesa Leonor y la infanta Sofía podrán votar por primera vez en unas elecciones generales. La cita es el 29 de noviembre y ninguna de las dos lo ha hecho nunca.
Zarzuela no ha comunicado previsión alguna sobre si acudirán a las urnas. Ese silencio, más que un vacío, funciona ya como una posición institucional. La pregunta de fondo no es si votarán, sino qué comunica la Corona con cada gesto.
Entre ambas hay una diferencia que no está en el derecho, sino en el peso institucional que arrastra una de ellas. Las dos son ciudadanas españolas y, alcanzada la mayoría de edad, tienen reconocido el sufragio en los términos generales de la legislación electoral; la Constitución fija esa mayoría en los 18 años. Leonor tiene 20 años y es la heredera. Sofía tiene 19 y ocupa el segundo lugar en la sucesión, con una responsabilidad futura mucho menor.
Una mayoría de edad que no iguala responsabilidades
La experta en protocolo y etiqueta María José Gómez Verdú lo formula sin rodeos: ‘La diferencia entre Leonor y Sofía no está, por tanto, en que una tenga derecho a votar y la otra no. La diferencia está en que Leonor es la heredera de la Corona y, como tal, tiene una responsabilidad institucional futura que no corresponde a su hermana’.
El nudo está en la imagen. Si en el futuro va a ostentar la jefatura del Estado, su condición aconseja, según la experta, ‘una prudencia todavía mayor’. No porque exista una prohibición constitucional de votar, sino porque esa condición futura hace especialmente relevante la preservación de una imagen de neutralidad política. Aquí, abstenerse también comunica.
Con Sofía el principio es parecido, aunque su posición institucional sea otra. ‘No existe una diferencia jurídica básica en el derecho de sufragio por ser infanta y no heredera’, matiza Gómez Verdú. La distancia se mide en grados de responsabilidad, no en derechos.
La Corona no prohíbe votar a los suyos; les exige que ese derecho nunca pueda leerse como una preferencia de partido.
El sufragio, además, es personal, libre y voluntario. Nadie puede ser obligado a ejercerlo ni a revelar el sentido de su voto. No sería correcto, por tanto, presentar una abstención de la familia real como una obligación jurídica. Sería un error de manual: la frontera entre recomendación y norma sostiene todo el debate.
La frontera entre el derecho individual y la cautela institucional
Lo que sí puede existir, y según este análisis existe, son criterios institucionales de prudencia dentro de la Casa del Rey: recomendaciones orientadas a preservar la neutralidad de la Corona. Una recomendación no es una prohibición legal. La distinción importa: sin ella, el debate deriva hacia unos derechos que nadie ha cuestionado.
El precedente más citado es el del propio Felipe VI. Hasta la fecha no ha participado en unas elecciones generales, una decisión que encaja con la lectura más estricta de la neutralidad. Cuando el jefe del Estado se abstiene, el mensaje no es de indiferencia. Es de distancia deliberada respecto a la competición partidista.
Gómez Verdú resume el conflicto en una fórmula útil: más que de incompatibilidad entre pertenecer a la familia real y votar, conviene hablar de ‘una tensión entre ciudadanía y responsabilidad institucional’. El derecho individual existe; su ejercicio público, en cambio, exige una cautela especial. Para Leonor se intensifica por ser heredera. Para Sofía opera igual, con menos presión encima.
‘La Corona no exige necesariamente renunciar a todos los derechos políticos privados de quienes la integran’, añade la experta. Exige, sobre todo, que esos derechos no se conviertan en una manifestación pública de preferencia partidista. Ahí reside la singularidad de la institución: no tener menos derechos que el resto de los ciudadanos, sino ejercerlos de un modo que adquiere una dimensión de Estado.
Un ensayo general de la neutralidad que Leonor deberá encarnar
Los expertos en protocolo detectan una prudencia reforzada de la Casa del Rey con la heredera durante el ciclo electoral, con una exposición pública deliberadamente contenida en plena precampaña. No es una novedad en la hoja de ruta de Zarzuela: los actos de la Princesa de Asturias se calibran con antelación, y una campaña electoral no admite improvisaciones.
El riesgo, sin embargo, tiene nombre. Cuanto menos dice la Corona, más hablan los demás. El vacío informativo lo ocupan las quinielas sobre si Leonor votará o no, sobre qué gesto hará público y cuál reservará para el ámbito privado. Es un coste asumido.
Hay además un componente de aprendizaje. La heredera se prepara para reinar en un sistema donde la neutralidad no figura en ningún reglamento: es una convención que solo funciona si es visible y compartida. La jornada del 29 de noviembre, con dos miembros de la familia real convertidos en electores por primera vez, será una prueba menor de protocolo y una prueba mayor de pedagogía institucional.
Conviene no perder de vista lo esencial. La Casa del Rey no ha confirmado si la princesa y la infanta acudirán a votar, y probablemente no lo haga: la decisión, según la legislación electoral, corresponde a cada una. La lectura institucional, en cambio, será de todos.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: Leonor y Sofía afrontan su primer ciclo electoral con derecho a voto, y la Corona se juega la percepción de neutralidad en plena precampaña.
- El detalle de protocolo: el sufragio es libre y secreto, pero quien pertenece a la familia real no puede ejercerlo como un ciudadano anónimo sin que el gesto admita lectura institucional.
- Próximos pasos: las urnas abren el 29 de noviembre; la Casa del Rey no ha confirmado si la heredera acudirá ni se ha pronunciado sobre ello.
