Ursula von der Leyen ha defendido ante la Eurocámara un paquete de nuevos recursos propios para evitar los recortes drásticos en el presupuesto comunitario.
Dos billones en juego y una factura política que nadie quiere firmar
La presidenta de la Comisión Europea eligió el pleno de Estrasburgo para marcar distancia con Berlín. Lo hizo sin nombrar a nadie y con una advertencia que sonó a toque de atención: los grandes recortes que reclaman los países frugales pondrían en riesgo prioridades que los Veintisiete ya han pactado. ‘Corremos el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente’, dijo.
El Marco Financiero Plurianual (el presupuesto de largo plazo de la UE, que fija cuánto se gasta y en qué durante siete años) que maneja Bruselas para el periodo 2028-2034 ronda los dos billones de euros. Equivale al 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la Unión. Para Von der Leyen, esa es la cifra justa y necesaria. Ni un euro menos.
El problema no es el gasto. Es quién lo paga. El bloque frugal —Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, y Dinamarca— soporta cerca del 40% de las aportaciones al presupuesto común y llega a la mesa con las cuentas nacionales apretadas. Su tesis es conocida: menos dinero a Bruselas, más margen en casa.
La salida que propone la Comisión pasa por los recursos propios, es decir, ingresos que la UE recauda de forma directa sin pasar por las arcas de los Estados. El paquete inicial contempla gravámenes a los residuos electrónicos y a las emisiones de carbono. El Parlamento Europeo ha ido más lejos y reclama un impuesto digital a las grandes tecnológicas, una tasa sobre las plusvalías de los criptoactivos y otra sobre las apuestas online.
Hasta ahí, el guion habitual en Bruselas. La novedad es el quién. Von der Leyen, alemana y con fama de alinearse con las tesis fiscales de su país, se ha puesto del lado de los que quieren más dinero para la UE. Y lo ha hecho en público, en el hemiciclo y con el Parlamento como testigo.
No es un ajuste contable: Bruselas quiere dejar de depender del cheque anual de las capitales y empezar a recaudar por su cuenta.
La propia presidenta del Ejecutivo comunitario lo resumió con una frase que sus servicios repetirán durante meses. Si queremos preservar nuestras prioridades y mantener el nivel de ambición que tenemos para Europa, tenemos que hacer el trabajo difícil por el lado de los ingresos’, insistió.
España llega a esta negociación con un doble interés. Por un lado, es beneficiaria neta del presupuesto comunitario: cohesión, agricultura y pesca dependen de las transferencias de Bruselas. Por otro, el MFP 2028-2034 será el primero que se diseñe después del ciclo de Next Generation, el fondo de recuperación pospandemia que se extingue a mediados de la década. Cuando esa fuente se cierre, el presupuesto ordinario será casi el único instrumento de inversión europea en territorio español.
De ahí que Moncloa mire con lupa cualquier intento de recortar el marco. Cada recorte de cientos de miles de millones de euros se traduce en menos fondos de cohesión y menos margen para la transición verde y digital. Menos, también, para las comunidades autónomas que gestionan buena parte de esos programas.
El eje frugal contra el impuesto europeo: quién frena y quién paga
El pulso tiene nombres y geometría. En un lado, la Comisión y una mayoría del Parlamento Europeo. En el otro, el bloque frugal, con Alemania a la cabeza, que no acepta elevar su contribución nacional mientras recorta en casa. En medio, España, Italia, Portugal y Grecia, que defienden el gasto común porque son receptores netos y porque sus prioridades dependen de él.
La paradoja es que la propia Alemania sostiene el liderazgo de Von der Leyen en el Berlaymont. Berlín no puede atacar abiertamente a su comisaria sin abrir una crisis interna en la familia política que la respalda. Eso le da a la presidenta un margen que hace años no tenía.
La negociación se parece más a la de 2020, cuando el coronavirus forzó el primer gran endeudamiento común, que a la de 2013, cuando la austeridad marcó el presupuesto. Aquella vez la UE tardó meses en ponerse de acuerdo y lo hizo con el eje franco-alemán empujando. Esta vez el empuje es más frágil: París está enfrascada en sus propios problemas fiscales y Berlín mira la factura energética antes que la europea.
El Eje del Poder Europeo
Lo que se está dirimiendo excede el presupuesto. Es la pregunta de fondo sobre qué es la UE: un club que redistribuye lo que le dan sus socios o un ente con capacidad fiscal propia. Cada impuesto nuevo que propone Bruselas es un pequeño paso en la segunda dirección y un pequeño problema para los gobiernos que tendrían que explicarlo en casa.
Los frugales lo saben y por eso pelean el marco, no el gasto. Su estrategia es sencilla: aceptar las prioridades en el papel y vaciarlas de dinero en la práctica. La presidenta de la Comisión lo ha entendido y ha decidido plantar batalla en el único terreno donde una Comisión puede ganar a un Consejo: la opinión pública y el Parlamento.
Para España el cálculo es claro. Si el MFP se recorta, la factura la pagarán las regiones, el campo y los sectores que viven de los fondos europeos. Si salen adelante los recursos propios, Moncloa podrá defender en Bruselas que las prioridades se sostienen sin subir la aportación nacional. El 1,26% del PIB comunitario es hoy la línea que separa un presupuesto ambicioso de un marco menguante.
Queda una pregunta sin responder y no es menor. ¿Aceptarán los ciudadanos del norte pagar impuestos europeos que no votan? Es la misma duda que atravesó la crisis de 2010 y la de 2020. Sigue sin respuesta.
El próximo hito será el Consejo, donde los ministros de Finanzas tendrán que poner cifras al papel. Hasta entonces, la propuesta de Von der Leyen es una declaración de intenciones con fecha de caducidad: si el MFP 2028-2034 no se cierra antes de que acabe la legislatura, el marco se activará con prórrogas y sin ambición.
