Alfonso Rueda prometió este miércoles en el Parlamento de Galicia 10.000 pisos públicos en 2030 ante 36.500 demandantes registrados.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente de la Xunta defendió en la sesión de control su compromiso de 10.000 viviendas públicas para 2030 mientras la oposición hacía sonar llaves en el hemiciclo.
- ¿Quién está detrás? El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta, frente al BNG y al PSdeG, con las protestas por la vivienda como telón de fondo.
- ¿Qué impacto tiene? Con 36.500 demandantes en el registro oficial y elecciones generales el 29 de noviembre, la vivienda entra de lleno en la campaña.
Diez mil pisos para 2030 y 36.500 demandantes en el registro oficial
El ruido de llaves entró en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) antes que el propio presidente. Los portavoces del BNG y del PSdeG las hicieron sonar en sus escaños, un gesto calcado de las manifestaciones por la vivienda que recorren Galicia y el resto del Estado.
No era la primera vez que el asunto llegaba al control parlamentario, pero sí la primera con estos aires de calle. Alfonso Rueda respondió con el argumentario contra Pedro Sánchez y con una cifra redonda: 10.000 viviendas de propiedad pública en 2030. La oposición colocó al lado otra cifra, menos redonda y más incómoda. El registro oficial de demandantes suma 36.500 personas a 7 de octubre.
El presidente de la Xunta buscó refugio en lo entregado la semana pasada: 24 viviendas en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. Ana Pontón fue quirúrgica. «Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades más tensionadas, son 24 viviendas», le espetó la líder del BNG. Rueda devolvió el golpe hacia Moncloa: «183.000 viviendas prometió Sánchez; cero en Galicia».
José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, puso el marco temporal. «Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda», resumió. La Xunta ha recibido más de 500 millones en transferencias del Gobierno central y ha entregado apenas un centenar de viviendas, añadió.
Galicia sostiene las competencias exclusivas de vivienda, así que su balance no admite excusas ajenas: lo que se promete en Santiago se mide en llaves entregadas.
Rueda no dio el brazo a torcer. «Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días», dijo, y tiró de hemeroteca: antes de 2022, BNG y socialistas habían preguntado cuatro veces a Alberto Núñez Feijóo por el asunto. Pontón rescató una promesa de 2023: 1.800 pisos de alquiler social para 2026 de los que se han entregado 98. «Ha venido aquí a hacer de miniFeijóo», zanjó.
Llaves en el hemiciclo: zonas tensionadas, desahucios y siete millones a los concellos
El debate derivó hacia las zonas tensionadas, la figura que permite topar los alquileres y que el PPdeG rechaza. En Galicia solo dos ayuntamientos las han solicitado, A Coruña y Santiago. Pontón replicó que la oferta de alquiler ha caído en las siete ciudades gallegas. «Lo avisamos», se limitó a responder el presidente, sin entrar en el propósito real de la medida: frenar la escalada de precios.
Sobre los desahucios a personas vulnerables apenas hubo respuesta, más allá de la crítica del PP a los decretos tumbados en el Congreso y de una mención al Bono Alugueiro Social. Rueda cerró con un anuncio: siete millones de euros en ayudas a los municipios para construir vivienda pública, con un máximo de 80.000 euros por piso.
El escenario, importa. Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, la izquierda ha recuperado parte de la iniciativa y la vivienda se instala entre los ejes de campaña. La hemeroteca complica la defensa del PPdeG: durante los gobiernos de Feijóo, con Rueda de conselleiro y vicepresidente, la construcción de vivienda pública cayó a prácticamente cero.
El Laboratorio Gallego
Galicia gestiona en exclusiva la política de vivienda desde hace décadas y el PPdeG acumula mayorías absolutas consecutivas desde 2009. Ese es el marco real del debate: no hay transferencia pendiente ni competencia compartida que explique un parque público que mengua. El BNG, primera fuerza de la oposición en el Parlamento, ha convertido el asunto en su bandera social más rentable. El PSdeG lo usa para reclamar cuentas por los años de Feijóo. Y la Xunta responde cada vez más con una cifra a futuro y menos con una llave entregada.
La dimensión nacional es inseparable. Según el PSdeG y el BNG, Rueda ha trasladado al hemiciclo gallego el guion que el PP defiende en Madrid: rechazo a las zonas tensionadas, crítica a los decretos que las derechas tumbaron en el Congreso y respuesta a Sánchez cuando la pregunta era autonómica. Pontón lo bautizó como hacer de «miniFeijóo». Feijóo pilotó trece años el modelo gallego que ahora se juzga por resultados y no por promesas, y su etapa al frente del PP nacional mantiene a Galicia como escaparate permanente.
La proyección es doble. En Galicia, el asunto volverá al pleno cuando la oposición exija el calendario de esas 10.000 viviendas, y las ayudas a los concellos tendrán que concretarse en las próximas semanas. En Madrid, la cita del 29 de noviembre convertirá cada promesa autonómica en munición de campaña. La incógnita es sencilla: si el registro de demandantes crece más rápido que las grúas.
Ficha del Caso
- El caso: La sesión de control en el Parlamento gallego convierte la vivienda en el eje del choque entre Rueda, el BNG y el PSdeG, con las protestas ciudadanas como banda sonora.
- Datos importantes: 10.000 pisos públicos prometidos para 2030; 36.500 demandantes en el registro oficial a 7 de octubre; 98 de los 1.800 alquileres sociales prometidos en 2023; siete millones en ayudas municipales.
- Resumen: La Xunta tiene la competencia exclusiva y el PPdeG gobierna desde 2009, así que el debate gallego anticipa el nacional de cara al 29 de noviembre.
