El desahucio de Maricarmen y su posterior muerte reabren el choque entre Vox y el PP por los insultos dirigidos contra la anciana. La mujer tenía 87 años. Falleció el miércoles 7 de octubre, apenas dos semanas después de ser desalojada de la casa en la que había vivido durante siete décadas.
La polémica escaló al mismo ritmo que las exigencias de responsabilidad. Un día después del fallecimiento, las formaciones que controlan el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de Madrid vetaron las concentraciones y los minutos de silencio solicitados por la oposición, según recoge elDiario.es. Maricarmen se había convertido en el rostro de la revuelta por la vivienda desde que su desalojo, en el que fue sacada a la fuerza y en camilla, se difundió.
Qué defiende Vox sobre la vivienda y el desahucio
Vox sitúa el origen del problema en la gestión del Gobierno central. Tras conocerse la muerte, el partido reaccionó en la noche del miércoles con un mensaje difundido desde su cuenta oficial en X en el que responsabilizaba a Pedro Sánchez del ‘desastre’ de la vivienda. El texto sostenía que el sufrimiento de la anciana se había utilizado para ocultar esa responsabilidad.
En paralelo, la formación mantiene su tesis sobre el acceso a la vivienda pública. El 27 de septiembre, su cuenta oficial publicó el mensaje ‘Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa’. Con esa formulación, Vox denuncia que los migrantes en situación irregular acceden a la protección oficial antes que los españoles. El portavoz del partido en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, repitió la idea ese mismo miércoles, horas antes del fallecimiento, según la información publicada por elDiario.es.
La dirección nacional completa ese argumentario con una advertencia sobre el mercado del alquiler. El diputado Carlos Hernández de Quero defendió que ‘si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables’. La idea resume la posición del partido: limitar los desalojos reduce la oferta de alquiler y termina perjudicando a los inquilinos más frágiles.
Vox sostiene que el problema de la vivienda es de oferta y sitúa el foco en la gestión del Gobierno, no en el uso partidista del caso.
El reproche que apunta al PP y a Vox
El reproche más explícito recae sobre el PP. El delegado municipal de Vivienda en Benalmádena (Málaga), José Luis Bergillos, calificó a Maricarmen de ‘puta sinvergüenza con miles de euros en el banco’ durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Horas después pidió disculpas y atribuyó sus palabras a su intención de denunciar el uso partidista de la vivienda.
También se ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ironizó días después del desalojo con una supuesta condonación de la renta por edad. ‘Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo’, dijo. La fuente subraya que Maricarmen nunca dejó de abonar su alquiler, extremo que la presidenta pareció poner en duda.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que no se mezclara el caso con la campaña. ‘Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto’, afirmó el miércoles. En el Congreso de los Diputados había sostenido, en pleno, que la izquierda estaba ‘más pendiente de la casa de Jéssica que de Maricarmen’.
La lectura estratégica: vivienda y precampaña hacia el 29N
La precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre explica la intensidad del choque. Los mensajes sobre el caso se han sucedido durante las dos semanas que separan el desalojo del fallecimiento. La vivienda se ha convertido en un eje de la derecha y ninguna de las dos formaciones quiere ceder terreno en un asunto que moviliza a su electorado.
Para Vox, el caso encaja en su estrategia de tensar al PP por la derecha. El precedente es conocido: la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos y la apuesta por un discurso propio en inmigración, seguridad y vivienda. La dirección de Santiago Abascal sostiene que las políticas del Ejecutivo alimentan el problema en lugar de resolverlo, y aprovecha cada episodio para exigir un cambio de rumbo.
El flanco popular es distinto y, a ojos de los populares, más incómodo. Los insultos documentados hasta ahora corresponden a un cargo municipal y a una declaración de la presidenta madrileña, ambos del PP. A menos de dos meses de las urnas, el coste de esas palabras se mide ya en clave electoral.
La pugna por cómo se habla de la vivienda, del desahucio y de la inmigración marcará los próximos debates. Nuestra lectura apunta a un pulso de fondo por el relato de la vivienda, en el que Vox mantiene su marco y el PP busca no quedar señalado. El calendario electoral decidirá si el caso se apaga o se convierte en uno de los ejes de la campaña.
