Vox mantiene su impugnación de la ley de nietos ante el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado pide ahora al Alto Tribunal que levante las cautelares que podrían dejar sin derecho a voto a más de 160.000 descendientes de represaliados.
El origen del conflicto está en las dudas que el Tribunal Supremo trasladó sobre los expedientes de nacionalización tramitados al amparo de esa norma, la que abrió la puerta a la nacionalidad española para descendientes del exilio. El Alto Tribunal puso en duda esos expedientes y fijó unas cautelares que, en la práctica, comprometen el voto exterior en los próximos comicios.
Qué defiende Vox ante el Supremo y con qué argumentos
La pretensión del partido tiene dos tramos, según la descripción que la propia Abogacía del Estado hace del escrito de Vox. El primero reclama la suspensión del derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. El segundo, planteado ‘en todo caso’, pide que a esos españoles se les ofrezca ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo.
Ese segundo tramo merece atención porque es el que permite separar una suspensión general de un mecanismo concreto para depurar el censo. Cada afectado podría acreditar su condición ante la administración electoral sin que el conjunto de los inscritos quedara fuera de las urnas. Es, en la lectura que hacemos, el terreno donde la posición del partido tiene más recorrido jurídico y menos desgaste político.
El calendario no admite demoras. El censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto, antes de la decisión judicial que introdujo las cautelares, y debe exponerse para consulta pública el próximo lunes 12 de octubre. El cuerpo electoral del exterior está ya consolidado y el margen para revisarlo se mide en días.
Hay un trasfondo político de dos décadas. La ley de nietos desarrolla la voluntad que el Congreso de los Diputados expresó desde 2007, cuando aprobó la primera ley de memoria histórica, según recuerda la Abogacía del Estado en su escrito. Vox mantiene su impugnación pese al cambio de calendario y no ha retirado ninguna de sus dos peticiones ante el Alto Tribunal.
La discusión es jurídica, pero su reloj es electoral: el Supremo debe decidir antes de que el censo del 29N se exponga y se cierre.
Qué alega la Abogacía del Estado contra la tesis de Vox
Los servicios jurídicos del Estado sostienen lo contrario. En su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado argumenta que el adelanto electoral hace ‘materialmente imposible’ tramitar la revisión de los expedientes puestos en duda por el Alto Tribunal. Ya en un escrito anterior al adelanto, esos servicios avisaron de que no era factible que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones analizaran los expedientes caso por caso antes del 1 de enero de 2027.
El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, resume el dilema con una disyuntiva: ‘O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone’.
En el CERA figuran, sin distinción, tanto los nacionalizados por la ley de nietos como el resto de españoles residentes fuera del país. La exposición del censo está fijada para el lunes 12 de octubre, según subraya la propia Abogacía.
A eso se suma una acusación directa. Los servicios jurídicos afirman que la petición de Vox revela que su ‘verdadero propósito’ es que el Alto Tribunal le autorice para eliminar el derecho de voto de los españoles procedentes del exilio, en contra de la voluntad que el Congreso mantiene desde 2007.
La Abogacía responde con un mismo argumento a las dos vías del partido: no hay tiempo material para distinguir unos expedientes de otros. Y añade que, en la ponderación de intereses, ante el riesgo de sacrificar de inmediato un derecho fundamental, debe primar el ejercicio del derecho a participar.
La lectura estratégica: el voto exterior como campo de batalla del 29N
Conviene fijar un precedente: el primer escrito de la Abogacía, anterior al adelanto, ya cifraba el calendario de revisión en el 1 de enero de 2027. El adelanto a noviembre ha convertido esa advertencia administrativa en un problema de días y ha trasladado al Supremo la decisión sobre el censo con el que se votará. Vox ha situado el debate en el terreno donde el Estado reconoce su propia falta de medios, y lo ha hecho sin retirar la petición que más incomoda al Gobierno.
Queda por ver cómo resuelve el Alto Tribunal y con qué margen. Cualquier decisión sobre las cautelares tendrá efecto inmediato sobre el censo que se expone el lunes 12 de octubre y, por tanto, sobre el cuerpo electoral del 29N. Vox mantiene el pulso; la Abogacía, el reloj. Quien decida antes del lunes fijará el marco del tramo final del ciclo electoral.
