EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El senador demócrata Chris Murphy ha sido vetado en el acceso a la base aérea de Al Udeid, en Catar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, que sufrió daños por ataques de drones durante la guerra con Irán.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Guerra invoca la directiva de restricciones de viaje firmada el 3 de marzo de 2026 por el secretario Pete Hegseth. La negativa se comunicó al senador antes del desplazamiento.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un choque institucional sobre la supervisión del Congreso en la posguerra con Irán y anticipa una enmienda para forzar el acceso parlamentario a las bases en el extranjero. Interpela también a los países anfitriones, España entre ellos.
El senador Chris Murphy no pudo entrar en la base de Al Udeid, en Catar, y denuncia un encubrimiento del Pentágono. La instalación, la mayor de Estados Unidos en Oriente Próximo, recibió impactos de drones durante la guerra con Irán y sigue bajo un cordón informativo que el legislador demócrata califica de ‘sin precedentes’.
Murphy viajó esta semana a la región en una delegación del Congreso para reunirse con líderes del Golfo y evaluar sobre el terreno los daños de la contienda. En el itinerario figuraba el principal nudo logístico y de mando aéreo de Washington en la zona. Se quedó fuera. El jueves, en una llamada con periodistas, el senador por Connecticut lo dijo sin matices.
El veto a Al Udeid y una directiva de viaje fechada el 3 de marzo
La gestión empezó antes de subir al avión. Murphy, miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asignaciones para Defensa del Senado, solicitó el acceso por carta y lo reclamó directamente a la cúpula del Mando Central de Estados Unidos, el CENTCOM. El Departamento de Estado respaldaba el desplazamiento. La respuesta llegó desde el otro lado del Potomac.
Un alto cargo del Departamento de Guerra —la nueva denominación del Pentágono— explicó que la negativa se comunicó con antelación y que se ampara en la directiva sobre restricciones de viaje en la región ordenada el 3 de marzo de 2026 por el secretario Pete Hegseth. El Departamento aplica la orientación del secretario por igual’, señaló el responsable, que atribuyó la comunicación a la Oficina de Asuntos Legislativos. Ese mismo marzo, los departamentos de Estado y Defensa emitieron un aviso que recomendaba a los estadounidenses abandonar varias zonas de la región, Catar incluido.
El resultado es un senador con escaño en dos comisiones decisivas para el presupuesto militar que no pudo ver ni preguntar. Tampoco obtuvo una sesión informativa con mandos estadounidenses sobre el desarrollo de la guerra durante su estancia. Su lectura es que la opacidad no responde a una torpeza administrativa, sino a una política deliberada.
‘Están usando todas las herramientas que tienen, incluida la retención de información sobre los daños, el retraso deliberado de los informes sobre bajas y la negativa a que veamos los destrozos, dentro de una campaña de encubrimiento’, declaró, antes de añadir que el objetivo es ‘enmascarar el coste real de la guerra’.
Una guerra cuyo coste no puede auditar el Congreso deja de ser una guerra de todos y pasa a ser una guerra del Pentágono.
Nadie quiere enseñar el agujero. Y sin testigos, el precio de un conflicto se decide en un despacho, no en un campo de batalla.
De la puerta cerrada a la enmienda: el Congreso quiere llaves
La respuesta legislativa ya está en marcha. Murphy anunció que en los próximos días redactará un texto que obligue de forma explícita al Departamento de Defensa a conceder a los miembros del Congreso acceso a las bases militares en el extranjero en cualquier circunstancia. Reconoce que la norma no saldrá adelante entre hoy y el cierre del actual ejercicio, pero la sitúa como pieza central del debate sobre las leyes de gasto y sobre el proyecto de autorización de defensa del año que viene. Ahí es donde el Capitolio recupera o pierde la llave.
El precedente juega en su favor. Durante las guerras de Irak y Afganistán, senadores y congresistas visitaron bases operativas, hablaron con los mandos desplegados y vieron con sus propios ojos el material destruido. Desde la ley de poderes de guerra de 1973, el equilibrio entre la Casa Blanca y el Capitolio en materia militar se ha negociado caso por caso. El argumento de Murphy es elemental: si el Congreso autoriza y financia la guerra, tiene que poder ver sus consecuencias.
El otro episodio que airea es el de la embajada estadounidense en Riad. Dos drones iraníes impactaron en el edificio el mismo día en que se emitió el aviso de viaje, en marzo. Alcanzaron varias plantas, provocaron un incendio, y dejaron parte del espacio inhabitable de forma permanente, según el relato del senador. No hubo heridos porque el ataque no se produjo en horario laboral; de haber ocurrido de día, sostiene, habría matado a numerosos estadounidenses. Murphy vincula la ausencia de reparaciones al proyecto de un nuevo complejo diplomático anunciado en 2023, aún sin ejecutar.
Equilibrio de Poder
Esto no es una trifulca de pasillo en el Capitolio. La supervisión parlamentaria es el único mecanismo que convierte el gasto militar estadounidense en algo auditable, y el Departamento de Guerra acaba de cerrarle la puerta al auditor con el argumento de una restricción de viaje. En Washington conviven dos lógicas: el ala transaccional de la administración Trump, que trata la información de daños como material reservado por defecto, y un Congreso donde la mayoría republicana tampoco tiene interés en firmar cheques a ciegas. El propio Murphy subraya que también a senadores republicanos se les ha negado ver los destrozos.
El efecto se propaga más allá del Potomac. Moscú y Pekín no necesitan reaccionar: les basta con leer. Cuando la primera potencia militar del planeta administra el relato de sus pérdidas materiales como si fuera propaganda de guerra, la credibilidad de su disuasión se paga en los mercados de la información y no en los teatros de operaciones. Bruselas, que ha construido buena parte de su defensa sobre la premisa de un paraguas estadounidense predecible, encuentra aquí un motivo adicional para acelerar capacidades propias. Por Al Udeid han rotado contingentes aliados y la base canaliza la coordinación aérea de la coalición en toda la región.
Para España la pregunta es directa. En Rota y Morón operan cuatro destructores AEGIS —buques con radar y misiles antimisiles de largo alcance— y una rotación permanente de la Infantería de Marina estadounidense. El Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y sus protocolos obligan a Washington a notificar y, en determinados supuestos, a pedir autorización al Gobierno español. Si el Pentágono no informa de daños a su propio Congreso, cabe preguntarse con qué diligencia informaría a un país anfitrión si un dron alcanzara una instalación compartida. No consta que Rota o Morón hayan sufrido impactos en esta contienda. El precedente, sin embargo, ya está escrito. A eso se suma el flanco energético: Catar es uno de los principales orígenes del gas natural licuado que entra por las regasificadoras españolas, y la seguridad de Al Udeid es también la seguridad de esa ruta comercial.
El riesgo inmediato es de procedimiento. Si las evaluaciones de daños no llegan al Capitolio, el coste real de la guerra entrará distorsionado en la discusión presupuestaria que se reabrirá con las leyes de gasto y con el proyecto de autorización de defensa del ejercicio 2027. La lección a cinco años es otra y más incómoda: las bases fijas del Golfo han demostrado ser vulnerables a drones baratos, y ocultar los impactos retrasa precisamente las contramedidas antidrón que esos enclaves necesitan con urgencia. La próxima estación será el debate de autorización de defensa en el Capitolio y las audiencias que convoquen las comisiones de Defensa del Senado sobre el coste de la contienda. Ahí se sabrá si la puerta de Al Udeid se abre sola o hay que empujarla.
