Los policías denuncian la grave ausencia de órdenes de servicio e instrucciones operativas por parte de distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para la planificación de dispositivos de orden público, una situación constatada especialmente en Madrid y que, según la información recabada por la organización sindical, también afecta a otros territorios.
La situación resulta especialmente alarmante por la falta de información a la Policía Nacional sobre manifestaciones comunicadas, concentraciones y otros acontecimientos que pueden afectar al orden público. Desde el sindicato Jupol , advierten que «privar a los responsables policiales de la información y de las instrucciones necesarias para planificar sus dispositivos compromete la anticipación, la
coordinación y la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público».
Jupol subraya que nunca había conocido una situación de estas características. Ni siquiera en anteriores periodos con un Gobierno en funciones se había producido, según la experiencia de la organización sindical, una interrupción de los procedimientos habituales para organizar los servicios policiales ante acontecimientos que requieren la intervención de las Unidades especializadas en orden público como son la Unidad de Intervención Policial (UIP) o de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).
La gravedad de esta situación aumenta por la coincidencia con la convocatoria de elecciones, la proximidad de la campaña electoral, la huelga general convocada el 11 de noviembre y un escenario de creciente conflictividad social por la situación de la vivienda. Desde Jupol apuntan a que «un Gobierno en funciones no puede convertirse en una excusa para desatender las obligaciones de coordinación y planificación que resultan esenciales para garantizar el orden público».
Asimismo, Jupol considera «absolutamente inadmisible que, precisamente cuando la previsión y la coordinación resultan más necesarias, los policías puedan verse obligados a afrontar acontecimientos de relevancia para la seguridad ciudadana sin las instrucciones operativas necesarias para organizar adecuadamente sus actuaciones».
No se trata de un mero problema burocrático: estamos ante una deficiencia que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de los policías nacionales, la protección de los ciudadanos y la capacidad de respuesta policial. La información sobre las manifestaciones comunicadas y los demás eventos con incidencia en el orden público debe llegar a quienes tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar los dispositivos de seguridad.
Jupol considera de «una gravedad extrema que esta situación pueda responder a una estrategia de interés político, en lugar de a una mera disfunción administrativa». La falta de información y planificación no solo pone en riesgo la integridad de los policías nacionales, sino, especialmente, la seguridad de todos los ciudadanos. L»a acumulación de estas decisiones y su coincidencia con un momento de máxima tensión social hacen temer que se esté favoreciendo, de forma irresponsable, un escenario de mayor conflictividad en las calles, con
consecuencias imprevisibles para la convivencia y la seguridad pública. Parece que quieran que las calles ardan», apuntan desde JUPOL.
Ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando esta problemática para determinar si estas actuaciones u omisiones pudieran ser susceptibles de reproche jurídico y, en su caso, qué medidas legales procedería adoptar.
La coincidencia temporal de estos hechos exige explicaciones inmediatas. Jupol reclama que se aclare «por qué se están produciendo estas carencias, quién ha decidido o permitido la interrupción de los procedimientos habituales y qué medidas se van a adoptar para evitar que esta situación se prolongue. La organización sindical advierte de que la falta de explicaciones alimenta una preocupación legítima sobre la posible incidencia de los intereses políticos y del calendario electoral en el funcionamiento ordinario de los dispositivos policiales».
La Policía Nacional no puede trabajar a ciegas, ni sus unidades de orden público pueden quedar expuestas a la improvisación por la ausencia de instrucciones que deberían formar parte de la planificación ordinaria del servicio.
La seguridad ciudadana no admite vacíos de coordinación, ni excusas administrativas, ni parálisis institucional. «Estar en funciones no exime al Gobierno de sus responsabilidades. Y dejar a la Policía sin la información necesaria para organizar sus dispositivos es una situación que debe corregirse de inmediato», añaden.
Por todo ello, Jupol exige a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno afectadas y al Ministerio del Interior:
- El restablecimiento inmediato de los procedimientos habituales de comunicación, planificación y emisión de órdenes de servicio.
- La información oportuna y completa a los responsables policiales sobre las manifestaciones comunicadas y los demás acontecimientos que puedan afectar al orden público.
- Explicaciones formales sobre las causas de esta situación y las responsabilidades en la falta de coordinación detectada.
- Garantías de que ningún interés político o electoral interferirá en la planificación de los servicios destinados a proteger a los ciudadanos y a los propios policías.
