EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) de Lloret de Mar, un municipio que pasa de 45.000 residentes en invierno a cerca de 200.000 personas en verano.
- ¿Cuándo? La sentencia del TSJC cierra un litigio abierto en 2017 y ya marca la liquidación anual de la tasa de residuos.
- ¿Qué cambia? Se acaba la tarifa plana para el alquiler vacacional: cada piso paga 45,26 euros por plaza autorizada, no los 90,52 euros de un domicilio residencial.
El TSJC avala que Lloret de Mar cobre la basura de los pisos turísticos por plazas autorizadas y no por tarifa plana. La sentencia, conocida al cierre de la temporada estival, pone fin a una guerra judicial que arrancó en 2017 y que el consistorio de Adrià Lamelas (PSC) había perdido una vez.
Qué dice el fallo que en 2017 tumbó al Ayuntamiento
El primer intento municipal fue una ofensiva fiscal aprobada en 2017: duplicar el recibo de la recogida de residuos a las viviendas de uso turístico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo tumbó porque el Ayuntamiento no aportó pruebas de que un piso vacacional generase el doble de basura que un domicilio convencional. Aquel revés maniató los siguientes intentos y se convirtió en referencia para litigios parecidos en Málaga o Palma.
El marco cambió con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a implantar una tasa específica y ajustada a la generación real de residuos. Con ese paraguas normativo, Lloret trazó una frontera fiscal entre quien vive todo el año en el municipio y quien está de paso.
Cuánto paga ahora cada apartamento
Las familias residentes siguen abonando 90,52 euros anuales. Los apartamentos turísticos, considerados actividad económica lucrativa, pagan 45,26 euros por ocupante máximo autorizado y año, aunque el inmueble permanezca vacío la mayor parte de la temporada. La aritmética municipal es simple: un piso de cuatro plazas pasa a ingresar 181,04 euros al año; uno de seis, 271,56.
El Ayuntamiento de Lloret sostiene que una vivienda de uso turístico no se parece a un hogar convencional. Argumenta mayor volumen de envases de comida preparada, víveres que se tiran antes de volver al país de origen, y productos de limpieza que no se agotan como en una casa habitada los doce meses. Vaya por delante: nadie va a pesar bolsas en la puerta.
La sentencia no mide la basura que sale de cada portal, pero decide quién la paga: quien alquila, no quien vive.
La sentencia asume esos argumentos y reconoce que el fallo no obliga a medir kilo a kilo. También rechaza descontar los meses en que el piso permanece cerrado, con el argumento de que el servicio público de limpieza sigue operativo y a disposición de la finca durante todo el año.
La Associació Turística d’Apartaments (ATA) lleva desde 2017 en los tribunales contra estas tasas. La patronal niega que exista base empírica para sostener que un piso turístico contamina más por el simple hecho de destinarse al alquiler vacacional y denuncia que la cuota presume una ocupación total durante los 365 días del año. Se preguntan, además, por qué no se pesa de forma individualizada la basura de cada inmueble. Cosas del verano: la factura llega en enero, no en agosto.
Por qué la Costa Brava mira este fallo con lupa
Hay una lectura que va más allá de Lloret. El TSJC legitima una lógica —quien contamina paga— aplicada por aproximación y no por medición directa. Eso da seguridad jurídica al Ayuntamiento, pero traslada al propietario el riesgo de pagar por plazas que no ocupa. Un piso alquilado tres semanas al año abonará lo mismo que otro con la agenda llena.
En el litoral catalán el debate no es nuevo. Lo que observamos es que la presión sobre los servicios municipales crece cada temporada: Lloret dimensiona su policía, su limpieza y su recogida de residuos para 45.000 vecinos y luego atiende a 200.000 personas. El año pasado, a los 100 agentes de la Policía Local se sumaron 45 efectivos más entre Mossos d’Esquadra, vigilantes de playa, Protecció Civil y personal de ocio nocturno. Esa cuenta la paga el padrón.
El precedente de 2017 fue un muro para todos los ayuntamientos que intentaron fórmulas parecidas. Esta vez el muro se ha movido, y no precisamente a favor del sector. Cualquier consistorio con ocho meses tranquilos y cuatro de desbordamiento tiene ahora una sentencia a la que agarrarse.
Queda por ver si la patronal intenta el salto al Tribunal Supremo. Mientras tanto, el efecto práctico se notará en la próxima liquidación de la tasa, la primera que se aplica con el criterio de plazas autorizadas, y en el presupuesto municipal de Lloret para 2027, donde el consistorio decidirá si amplía el modelo a otros alojamientos o lo deja como está. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
