José María Figaredo sitúa el recorte del gasto y la revisión de las pensiones en el eje del programa económico de Vox.
Qué propone Figaredo para las pensiones y el gasto público
El número dos del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) sostiene que el sistema público de reparto, tal como está diseñado, no es sostenible a medio plazo. Su diagnóstico parte de dos presiones simultáneas: el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom, que tensarán unas cuentas ya exigidas. Sobre esa base, defiende introducir un componente de capitalización individual que complemente el actual modelo de reparto, sin renunciar a la solidaridad intergeneracional que lo sostiene.
La propuesta responde a una tesis de fondo: que las pensiones públicas afrontan un problema estructural de financiación. Figaredo califica el sistema de ‘zombi’ y lo da por quebrado, un diagnóstico que la formación defiende en cada comparecencia. Para Vox, garantizar las prestaciones futuras obliga a revisar el diseño, no solo a elevar las cotizaciones.
En el plano fiscal, Vox plantea sustituir la estructura actual del IRPF por un esquema con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 euros de renta y otro del 25% para las superiores, eliminando buena parte de las deducciones y bonificaciones vigentes. A esa rebaja se suman, según el partido, la reducción del IVA general y del reducido y la supresión de gravámenes sobre la energía.
El propio Figaredo reconoce una merma de recaudación de 46.000 millones de euros al año por la reforma del IRPF. Vox sostiene que el ajuste se compensaría con la eliminación de las subvenciones superiores a 100.000 euros anuales, aunque no ha detallado qué programas concretos desaparecerían ni el ahorro exacto de cada partida.
La propuesta fiscal y la revisión del sistema de pensiones forman, en la lectura de la formación, un mismo paquete: reducir la presión sobre las rentas del trabajo y reordenar el peso del Estado en la economía. Es el eje que Vox quiere llevar a la próxima cita con las urnas.
Vox no presenta la revisión de las pensiones como un ajuste, sino como una condición para sostener el sistema cuando llegue el pico de jubilaciones.
Qué recorrido tiene la propuesta y cómo responde el Gobierno
El impacto de la iniciativa depende de dos variables que el propio debate deja al descubierto. La primera es la demográfica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto público en pensiones aumentará alrededor de 3,4 puntos del PIB entre 2022 y 2050, cuando se alcance el pico de presión por la jubilación de los baby boomers. La segunda es la política: la propuesta se ha conocido antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Las críticas han llegado de inmediato desde la izquierda. Una tribuna publicada en El Salto acusa a Figaredo de ‘desempolvar la motosierra’ y advierte de que la reforma rompería el acuerdo intergeneracional que sostiene el sistema de reparto. El Gobierno de coalición defiende que las pensiones no están quebradas y que la revalorización conforme al IPC es una obligación legal desde la derogación, en 2021, de la reforma de 2013 aprobada bajo el mandato de Mariano Rajoy.
La tribuna crítica sostiene que el esfuerzo es asumible para una economía como la española y que el verdadero problema es de ingresos, no de gasto. Vox llega al debate con la tesis contraria. El choque de marcos define el pulso.
La estrategia de Vox y su pulso con el PP
El movimiento de Figaredo encaja en la estrategia de Vox de marcar perfil propio frente al Partido Popular en el terreno económico y fiscal. La formación lleva meses reclamando una rebaja fiscal que el PP no ha respaldado con la misma intensidad, y la cita del 29 de noviembre convierte cada propuesta en una carta de presentacion ante el electorado.
Queda por ver qué parte del programa llega intacta a una eventual negociación. La reducción del gasto y la revisión del sistema de pensiones son las medidas más sensibles, y su defensa pública obliga a Vox a sostener el argumentario frente a los ataques del Gobierno y de sus socios. La próxima campaña medirá si esa apuesta moviliza o resta.
