EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell rectifica el recorte de Puntos de Encuentro Familiar Judiciales con un nuevo mapa que entra en vigor el 1 de noviembre, pero mantiene sin servicio a siete municipios.
- ¿Quién está detrás? El Consell de PP y Vox que preside Juanfran Pérez Llorca, frente a la denuncia de la portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV en las Corts, Romina del Rey.
- ¿Qué impacto tiene? Más de 2.000 familias con orden judicial de encuentro tutelado tendrán que desplazarse a otra comarca para cumplirla.
El PSPV denuncia que siete municipios se quedan sin puntos de encuentro familiar tras la rectificación del Consell al recorte de julio.
Son Requena, Manises, y Alfafar, en Valencia; Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Villena, en Alicante; y Vila-real, en Castellón. En todos funcionaba un Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEFJ), el espacio neutral donde se celebran los regímenes de visita supervisados por orden judicial cuando el contacto entre progenitor y menor requiere vigilancia técnica.
Lo que la rectificación corrige y lo que deja intacto
La portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV en las Corts (el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños), Romina del Rey, califica la operación de «insuficiente, parcial y lamentable». El nuevo mapa autonómico, hecho público esta semana, empieza a funcionar el próximo 1 de noviembre y no devuelve el servicio a ninguno de los siete municipios.
El origen del conflicto está en el recorte de diez PEFJ que el Consell aprobó a finales de julio. En el mismo debate presupuestario, PP y Vox impusieron una rebaja de 19 millones de euros en la línea de subvención de concurrencia competitiva «Concierto social servicios infancia y adolescencia», de la que dependen entidades que atienden infancia tutelada, menores migrantes, víctimas de agresiones sexuales y puntos de encuentro familiar.
Detrás de cada expediente hay una familia. Más de 2.000, según los cálculos que maneja el grupo socialista, necesitan estos espacios por mandato judicial. La supresión obligará a muchas a desplazarse a otra comarca, alargará las listas de espera y complicará el cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia.
El mapa se ha corregido, pero los siete municipios siguen sin servicio: la rectificación cambia el dibujo, no la decisión.
«Una decisión que muestra a las claras la insensibilidad del PP y de Vox», ha advertido la diputada. Del Rey sostiene que el nuevo reparto «evidencia que poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección», y apunta directamente a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat.
La denuncia procede de un comunicado del grupo parlamentario socialista. No consta, por ahora, confirmación oficial de la Conselleria sobre el alcance del nuevo mapa ni sobre los criterios técnicos que han dejado fuera a esos siete municipios.
Las consecuencias que el nuevo mapa no corrige
El argumento socialista es de geometría simple. Cerrar un punto de encuentro no anula la orden judicial: desplaza el problema a la carretera. «Más desplazamientos y más largos para familias que ya están en un episodio de su vida y en una situación desfavorable. Y eso, para aquellas familias que se puedan desplazar», resume Del Rey, que deja en el aire la situación de quienes no tienen coche, tiempo o recursos para hacer cien kilómetros cada quince días.
Los PEFJ son un servicio de titularidad autonómica, pero la red se sostiene sobre obligaciones estatales de protección a la infancia recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Cada cierre de plaza no reduce el número de tutelas: traslada presión a los juzgados de familia, a los servicios sociales municipales y al tercer sector, que ya carga con el recorte de 19 millones.
El Escenario Valenciano
El pacto de PP y Vox en el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca suma una grieta nueva en el área social. Servicios Sociales es la Conselleria que dirige Elena Albalat, y los presupuestos de la Generalitat de 2026, aprobados con los votos de la mayoría, dejaron el recorte de 19 millones como el dato más repetido por PSPV y Compromís en cada sesión de control. La oposición ha convertido la infancia en su ariete parlamentario, y el Consell responde con el argumento de la reorganización de recursos.
La lectura nacional también cuenta. Los PEFJ se gestionan desde Valencia, pero un recorte de servicios sociales en una comunidad gobernada por el PP alimenta el debate sobre el suelo común de protección social y sobre la financiación autonómica. El precedente más citado sigue siendo el ajuste de 2012, cuando los recortes en dependencia dejaron listas de espera que tardaron una década en digerirse. El Parlamento valenciano tiene la próxima sesión de control como escenario del pulso, y la Conselleria aún no ha detallado el coste del nuevo mapa.
El calendario aprieta. El nuevo mapa entra en vigor el 1 de noviembre, con los siete municipios ya sin punto de encuentro y sin que se haya anunciado alternativa itinerante. PSPV y Compromís cuentan con la comisión de Servicios Sociales y con los ayuntamientos afectados para mantener el asunto en la agenda. La pregunta que sobrevuela las Corts es sencilla: qué pasa con las familias que no pueden desplazarse.
Ficha del Caso
- El caso: El Consell rectifica el recorte de diez Puntos de Encuentro Familiar Judiciales con un nuevo mapa que entra en vigor el 1 de noviembre, pero mantiene cerrados los de siete municipios valencianos.
- Datos importantes: Municipios afectados: Requena, Manises, Alfafar, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena y Vila-real. Recorte de 19 millones en el concierto social de infancia y adolescencia. Más de 2.000 familias afectadas, según el PSPV.
- Resumen: La oposición denuncia que la rectificación es «insuficiente, parcial y lamentable» y advierte de más desplazamientos y listas de espera; el Consell no ha confirmado oficialmente el alcance del nuevo mapa.
