Carles Puigdemont ha reclamado por escrito al Tribunal de Cuentas que le aplique ya la amnistía y cierre el caso del 1-O. Su defensa, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, acusa al órgano fiscalizador de actuar en ‘rebeldía’ después de 89 días sin respuesta al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El escrito, adelantado por El Nacional, pide que se dicte ‘inmediatamente’ una sentencia que declare amnistiados los hechos investigados y extinga cualquier responsabilidad contable vinculada tanto a la preparación del 1-O como a la acción exterior de la Generalitat. La tesis de Boye es simple: no queda nada que juzgar porque la ley ya lo ha borrado.
El pulso que Puigdemont ha formalizado por escrito
La defensa sostiene que mantener el procedimiento paralizado supone un incumplimiento grave, manifiesto y abierto de la propia Ley de Amnistía. La norma obliga a resolver estas causas con ‘carácter preferente y urgente’ y fija un plazo máximo de dos meses. El Tribunal de Cuentas lo ha superado con holgura.
El eje del argumento es el dictamen del TJUE del pasado 16 de julio. Puigdemont lo invoca como base para exigir el cierre del procedimiento y recuerda que el alto tribunal europeo respondió a las cuestiones prejudiciales que el propio órgano fiscalizador había planteado. Ochenta y nueve días después, la sección de enjuiciamiento sigue sin mover ficha.
El escrito va más allá del caso personal. Boye reclama que se levanten las medidas cautelares que aún pesan sobre el president, que se devuelvan las fianzas depositadas y que se cancelen las garantías constituidas en la proporción que le corresponda.
No pide un favor: exige que el Tribunal de Cuentas aplique una ley ya en vigor, y lo hace por escrito para que nada quede en el aire.
Bienes bloqueados por 9,5 millones y el aval de la Generalitat
Según el documento, el procedimiento mantiene bloqueados bienes del conjunto de los demandados por un valor superior a los 9,5 millones de euros. Boye considera la situación injustificable mientras la causa permanece parada. Cada semana sin resolución, argumenta, agranda el perjuicio económico de quienes no han sido condenados por nada.
Dos datos refuerzan su posición. Ni la Fiscalía ni la Generalitat se oponen a aplicar la amnistía, y el Govern ha certificado que los gastos cuestionados se cubrieron con recursos propios. A eso se suma que Societat Civil Catalana declaró que no sostenía que las partidas reclamadas se hubieran financiado con fondos de la Unión.
Una estrategia que ya no espera a los tribunales
Lo que observamos es un cambio de guion. Durante años, la defensa de Puigdemont jugó en el terreno de la política europea y de los derechos fundamentales. Ahora aprieta donde más duele: el calendario procesal y la responsabilidad patrimonial. Cada día de retraso suma argumentos a un futuro recurso por dilaciones indebidas y a una reclamación contra el Estado.
El contexto no es nuevo. Desde que la amnistía entró en vigor, distintas instancias judiciales, han aplicado la norma a velocidades muy distintas. El Tribunal Constitucional marcó criterio y varias salas tardaron meses en traducir ese criterio en resoluciones concretas. El Tribunal de Cuentas se ha convertido, a ojos de la defensa, en el eslabón más lento de esa cadena. Y el bloqueo de 9,5 millones es un daño tangible que la ley dice que ya no debería existir.
En paralelo, el caso reabre una pregunta incómoda para Moncloa. El Ejecutivo central ha defendido que la amnistía es una ley plenamente constitucional y que su aplicación depende de los tribunales, no del Gobierno. Cuando un órgano como el Tribunal de Cuentas se atasca, esa frontera se vuelve más difícil de sostener ante Bruselas y ante los propios socios parlamentarios de Pedro Sánchez.
No es un detalle menor. La Comisión Europea sigue con lupa el encaje de la norma en el derecho comunitario, y cada retraso alimenta el relato de que en España las leyes se ejecutan a distinta velocidad según quién sea el acusado. Ese es, precisamente, el terreno en el que Puigdemont se siente más cómodo.
La defensa deja constancia expresa de las acciones que se reserva si no hay respuesta inmediata. En concreto, Boye avisa de que podrá activar una acción de responsabilidad del Estado por infracción del derecho de la Unión Europea, una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de justicia y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por dilaciones indebidas.
El calendario tampoco ayuda. Si el Tribunal de Cuentas no resuelve en las próximas semanas, la pelota pasará al Tribunal Constitucional por la vía del amparo, y el caso volverá al punto de partida con un actor más sobre la mesa.
El pulso, por tanto, ya no es solo jurídico. Es también político y económico. Y el reloj corre en contra del órgano que, según Puigdemont, se niega a aceptar que la partida ha terminado.
