El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha abierto su nuevo mandato con la pregunta que llevaba años esquivando: quién paga la factura del clima. El caso Suncor Energy contra el condado de Boulder decidirá si una decena de jurados locales puede fijar la política climática que el Congreso no ha aprobado.
El caso y la pregunta que Colorado no puede resolver
Boulder County y la ciudad de Boulder sostienen que ExxonMobil y Suncor deben pagar, bajo la ley de responsabilidad civil de Colorado, los costes locales que atribuyen al calentamiento global. La demanda añade un segundo carril: publicidad engañosa durante décadas sobre el impacto real de los combustibles fósiles. El Tribunal Supremo de Colorado dejó seguir adelante las reclamaciones, y ahora los nueve jueces deben resolver dos cosas distintas: si la ley federal desplaza esas demandas estatales —la llamada preemption— y si tienen jurisdicción para decidirlo en esta fase del procedimiento.
La administración Trump se ha alineado con las petroleras. No es un detalle menor. El Departamento de Justicia sostiene que un mosaico de veredictos estatales equivale a una regulación climática por la vía judicial, sin pasar por el Congreso ni por la Agencia de Protección Medioambiental.
Un mosaico de demandas que ya suma sesenta frentes
Casi 60 gobiernos estatales y locales han presentado casos similares contra las grandes energéticas. California puede tener una teoría del daño; Nueva York, otra; Hawái, una tercera. El problema, señalan los abogados de la industria, es que todas esas reclamaciones rastrean el mismo origen: gases de efecto invernadero acumulados en una única atmósfera durante generaciones, procedentes de la energía consumida en todos los estados y en casi todos los países.
Nueva York ofrece el aviso más claro. Su Climate Change Superfund Act pretendía recaudar 75.000 millones de dólares de las petroleras por emisiones históricas. Un juez federal la tumbó el 31 de agosto; otro hizo lo mismo el 23 de septiembre. Ambos se apoyaron en la Ley de Aire Limpio y en la autoridad federal sobre asuntos exteriores.
La asimetría internacional complica todavía más el cuadro. Según el Global Carbon Project, China concentra alrededor del 32% de las emisiones mundiales de CO₂ de origen fósil, frente a cerca del 13% de Estados Unidos. Ningún tribunal de Colorado puede imponer una responsabilidad comparable a las petroleras estatales chinas por emisiones producidas en China. Eso lo cambia todo.
La pregunta del Supremo no es si el clima cambia, sino si un jurado de Colorado puede legislar por encima del Congreso de Estados Unidos.
La Lógica de Washington
Hay una lógica interna detrás del respaldo de la administración Trump a ExxonMobil y Suncor, y no es simple simpatía hacia el petróleo. El problema que Washington intenta resolver es de arquitectura constitucional: si cada estado puede imponer su propia teoría del daño climático a las mismas empresas por el mismo volumen global de emisiones, el resultado deja de parecerse a una compensación local y empieza a parecerse a un precio al carbono fijado por litigio. Sin ley, sin votación y sin debate público.
El precedente que explica esta posición viene de lejos. En 2011, en American Electric Power contra Connecticut, el propio Tribunal Supremo resolvió que la Ley de Aire Limpio desplaza las demandas por daños climáticos en el ámbito federal. La pregunta ahora es si ese razonamiento alcanza también a las reclamaciones presentadas bajo leyes estatales, el terreno donde Boulder ha construido su caso. La industria compara la estrategia con la que doblegó a las tabacaleras en los años noventa: demandas locales, una a una, hasta que el conjunto resulta inasumible.
Para el electorado republicano, el argumento es directo: si el coste se traslada, lo paga el consumidor. La demanda energética es rígida en el corto plazo. Cuando un fallo encarece a los proveedores estadounidenses, parte del coste acaba en en el surtidor, en la factura de la calefacción, y en el precio de los bienes. Los hogares con menos renta destinan una porción mayor de su presupuesto a la energía, así que son los que más lo notan.
La lectura para España está menos lejos de lo que parece. Repsol e Iberdrola operan con activos relevantes en Estados Unidos, y un giro jurisprudencial en Boulder podría abrir la puerta a reclamaciones contra cualquier compañía energética con presencia en el país, incluidas las europeas. La Unión Europea, que ya cobra el carbono a través de su mercado de emisiones y de su mecanismo de ajuste en frontera, sigue con atención un modelo donde el precio no lo pone un regulador, sino un tribunal.
La proyección depende de dos ventanas. La primera es el calendario del Supremo, que debe resolver este mandato si la ley federal desplaza las demandas estatales y si tiene jurisdicción para decidirlo ahora. Un fallo favorable a la preemption no cerraría los frentes abiertos, pero marcaría el tono durante décadas. La segunda es política: los casi 60 gobiernos locales que ya han litigado no parecen dispuestos a retirarse. Nadie dijo que fuera gratis.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo ha abierto su nuevo mandato con Suncor Energy contra Boulder, que busca responsabilizar a ExxonMobil y Suncor bajo la ley de Colorado por los costes locales del calentamiento global.
- Datos clave: Casi 60 gobiernos estatales y locales han presentado casos similares; China concentra el 32% de las emisiones globales de CO₂ fósil frente al 13% de Estados Unidos; la ley de superfondo climático de Nueva York buscaba 75.000 millones de dólares.
- Para España: Un giro jurisprudencial en Estados Unidos expondría a energéticas europeas con presencia en el país, como Repsol o Iberdrola, y anticipa un mundo donde el precio al carbono lo fija un jurado.
