EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València reconoce por escrito que no aplica el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía, una figura que la ley estatal permite desde 2023.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal de PP y Vox que preside María José Catalá, con la colaboración pasiva de una Generalitat que mantiene sin actualizar su registro de pisos vacíos.
- ¿Qué impacto tiene? Los 3.231 propietarios con más de cinco viviendas en la capital siguen sin pagar el recargo, y los pisos cerrados no vuelven al mercado.
El Ayuntamiento de València lleva cuatro años sin aplicar el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía.
Una ley estatal que existe y un recargo que nadie gira
No es un vacío legal ni un olvido administrativo. El consistorio lo ha reconocido por escrito en una respuesta al Grupo Socialista: aplicar la ley estatal de Vivienda resulta ‘extremadamente complejo’ y el recargo ‘no resulta aplicable a ningún inmueble’. En la capital no se ha girado ni una sola liquidación.
Los datos del catastro dibujan el mapa de lo que queda fuera. 3.231 propietarios acumulan más de cinco viviendas en el término municipal y más de un cuarto de ellos son empresas. Una sola persona tiene más de 300 inmuebles en propiedad. Ninguno paga el recargo.
La ordenanza fiscal municipal contempla un recargo del 30% para las viviendas desocupadas cuyo titular posea más de diez en la ciudad. Sobre el papel afecta a miles de pisos. En la práctica, en 2022 se aplicó a una única persona, titular de 26 propiedades, que pagó casi 5.000 euros de IBI, y 1.483 euros de recargo.
El Ejecutivo local añade un segundo argumento: los pisos deben figurar en el Registro de Viviendas Deshabitadas de la Generalitat Valenciana. Esa lista depende de otra administración, el Consell (el gobierno autonómico, equivalente valenciano del Consejo de Ministros), que tampoco ha mostrado interés en engordarla. Y ahí aparece la grieta: la ley autonómica considera gran tenedor a quien tiene más de diez viviendas; la estatal baja el listón a cuatro.
La recaudación autonómica lo confirma: el gravamen llegó a ingresar 7 millones de euros anuales y en el último ejercicio la cifra ha caído a 2,5 millones. Menos control, menos ingresos y más pisos con la llave echada.
El recargo existe en la ley, existe en la ordenanza y existe en el registro. Lo único que no existe es la voluntad de girarlo.
Hay un antecedente que incomoda. En febrero de 2023, el entonces concejal de Hacienda Borja Sanjuan anunció que el recargo permitiría recaudar cinco millones de euros y que alcanzaría a 41 inmuebles. Meses después, el cambio de gobierno municipal dejó la previsión en papel mojado: nunca llegó a materializarse. Cuatro años y contando.
Del 50% al 150%: el recargo que la ley permite y València no cobra
La ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023 y aplicable en todo el país, habilita en su disposición final tercera el recargo del IBI para viviendas vacías más de dos años, con un mínimo de cuatro propiedades por titular. La norma permite elevar el gravamen desde el 50% de la cuota líquida hasta el 150% según el tiempo de desocupación.
El preámbulo es explícito: busca ‘un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial’ y reforzar la herramienta de los ayuntamientos para actuar ‘a través de la fiscalidad’. No es un instrumento recaudatorio; es una palanca para movilizar pisos.
Y ahí está el nudo. València tiene demanda de alquiler, precios al alza y miles de viviendas sin usar. La herramienta legal está disponible, es potestativa y el Ayuntamiento ha decidido no activarla. La oposición sostiene que la decisión responde a criterios políticos, no técnicos.
El Escenario Valenciano
La historia no se entiende solo en clave municipal. El Ayuntamiento de València está gobernado por PP y Vox desde 2023, con María José Catalá en la alcaldía, y el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca repite el mismo color político en la Generalitat. Cuando el registro de pisos vacíos depende de una administración y la recaudación del recargo de otra, la descoordinación deja de ser un accidente.
Enfrente, el PSPV ha convertido la pregunta parlamentaria en un pulso de transparencia, y Compromís reclama desde hace meses que la Generalitat active su propio registro. Ninguno de los dos discute la ley: discuten la falta de voluntad para cumplirla.
Y hay una dimensión nacional. La ley estatal de Vivienda, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, diseñó este recargo como pieza central frente a la vivienda vacía, pero dejó su aplicación en manos de los ayuntamientos. El resultado es un mapa desigual que la oposición lleva al Congreso.
El calendario tiene fecha. El próximo hito llega con las ordenanzas fiscales del ejercicio 2027, que los ayuntamientos aprueban este otoño, y por detrás asoman las elecciones municipales de mayo de 2027, donde la vivienda se perfila como eje de campaña. Si el recargo no se activa antes, València habrá cumplido un lustro con la ley en la mano y los bolsillos de los grandes tenedores intactos.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de València no aplica el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía, una figura prevista en la ley estatal y en su propia ordenanza.
- Datos importantes: 3.231 propietarios con más de cinco viviendas en la capital; recargo del 30% en la ordenanza municipal y horquilla estatal del 50% al 150%; en 2022 se giró a un solo titular, con 1.483 euros.
- Resumen: La herramienta existe, es potestativa y está sin usar: miles de pisos siguen cerrados y la vivienda entra en campaña electoral.
