En una maniobra de alta intensidad estratégica, la dirección nacional del Partido Popular ha decidido mover ficha de forma contundente y marcar las reglas del juego en la cobertura mediática de los próximos comicios generales, algo que desde los populares considera vital ante «la deriva de Moncloa«. Desde Génova han lanzado un órdago al PSOE y resto de fuerzas progresistas y a las principales cadenas de televisión, estableciendo las fechas y las condiciones bajo las cuales su candidato disputará el liderazgo del país.
La formación conservadora busca proyectar la imagen de un bloque sólido, dispuesto a confrontar proyectos frente a un ciclo electoral que califican como decisivo para la estabilidad institucional y la defensa de la Constitución de 1978.
El plan diseñado por la comunicación del partido establece un calendario parlamentario y televisivo marcado a fuego en el mes de noviembre. La propuesta pivota sobre tres grandes citas audiovisuales pensadas para abarcar todas las modalidades del debate público, desde el vis a vis entre los grandes aspirantes a la Moncloa hasta el choque entre las principales fuerzas con representación parlamentaria.
La iniciativa de la formación conservadora busca tomar la iniciativa en el relato público y forzar a sus rivales políticos a pronunciarse sobre un esquema de confrontación directa que acapare la atención mediática en el tramo final de la campaña.
Un cara a cara decisivo y el pulso por los debates de grandes bloques
El hito central de esta estrategia pasa por la aceptación sin reserva de un debate cara a cara entre los dos principales líderes con opciones reales de encabezar el Poder Ejecutivo. La dirección del partido ha dado el visto bueno a la invitación emitida por Mediaset para articular este formato de máximo impacto.
En Génova plantean replicar la estructura utilizada en convocatorias anteriores y sitúan la fecha de celebración en el primer lunes de la campaña, concretamente el dieciséis de noviembre. La intención de la cúpula popular es confrontar de manera directa dos modelos contrapuestos de gestión y gobernabilidad ante las grandes audiencias de la televisión privada.
Sin embargo, el despliegue no se detendrá en la contienda bidireccional. La estrategia comprende también la participación en un gran debate pluripartidista que incluya a las fuerzas políticas de ámbito nacional con presencia en el Congreso de los Diputados. Esta cita, que acogerá las intervenciones del Partido Popular, el Partido Socialista, Vox y la representación del espacio a la izquierda del PSOE, se ha programado para el veintitrés de noviembre en Atresmedia, muy cerca de la jornada de votaciones. A este esquema de confrontación de bloques se añadirá el habitual encuentro de portavoces parlamentarios planteado por RTVE para el veintitrés de noviembre, completando así una apretada agenda de contrastes ideológicos.
Las exigencias éticas sobre la televisión pública y el valor de lo propio
El capítulo más tenso y calculado de la hoja de ruta popular guarda relación directa con la participación de su candidato en los espacios de la corporación pública. Pese a las duras críticas vertidas desde las filas conservadoras hacia la falta de neutralidad que, a su juicio, caracteriza a la actual dirección de RTVE, la cúpula directiva no ha cerrado la puerta a las entrevistas institucionales reguladas por la Junta Electoral Central. No obstante, el Partido Popular ha supeditado la presencia de Alberto Núñez Feijóo en los estudios de Televisión Española y Radio Nacional a una exigencia irrenunciable que atañe a la propia producción de los contenidos.
El secretario general y director de campaña, Miguel Tellado, ha trasladado por escrito a los responsables de los grupos de comunicación las condiciones del principal partido de la oposición. Los populares exigen que cualquier entrevista al candidato a la presidencia sea realizada e impulsada íntegramente por profesionales y medios propios de la corporación estatal, excluyendo de forma explícita el concurso de productoras externas.
Desde el equipo del candidato argumentan que la casa pública cuenta con la capacitación profesional suficiente entre sus trabajadores de plantilla para asumir con rigor y solvencia informativa unos espacios periodísticos de máxima responsabilidad democrática.
La pelota queda ahora en el tejado de los comités electorales de las fuerzas rivales y de los directivos de los grupos de comunicación privados y públicos. Con estas exigencias puestas sobre la mesa, el Partido Popular intenta acorralar las dudas sobre su disposición a debatir y fija las coordenadas de una campaña que promete ser una de las más agresivas y fiscalizadas de la historia reciente.
La respuesta del resto de candidatos determinará si el electorado acude a las urnas tras presenciar este ambicioso despliegue de confrontación televisiva o si, por el contrario, las discrepancias sobre los formatos y la producción terminan por dinamitar los acuerdos previstos.
