EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? UGT y CC OO han convocado una huelga general en Canarias para el 11 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda.
- ¿Quién está detrás? Las patronales CEOE Tenerife y la CCE cuestionan el «cariz político» del paro y su encaje legal; los sindicatos, los salarios bajos y la falta de vivienda asequible.
- ¿Qué impacto tiene? Sin servicios mínimos, horarios ni duración cerrada, el seguimiento del paro es todavía una incógnita.
La huelga general convocada en Canarias para el 11 de noviembre divide a patronales y sindicatos a un mes de su celebración.
Un 11 de noviembre sin servicios mínimos ni horarios
El calendario está marcado en rojo desde hace semanas; la letra pequeña, en blanco. UGT y CC OO, junto a las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, han fijado el 11 de noviembre una huelga general (el paro que, a diferencia de los sectoriales, busca detener toda la actividad laboral de un territorio). Ni servicios mínimos, ni horarios, ni duración cerrada.
En las patronales el anuncio cayó como un jarro de agua fría. Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife —la patronal provincial de Santa Cruz de Tenerife—, sostiene que su organización debe evaluar aún la legalidad del paro «en función de lo que establece el derecho de huelga». La movilización tiene, a su juicio, un «marcado cariz político»: «Algunas personas la han catalogado como una huelga contra la oposición», un terreno, recuerda, ajeno a los paros que admite la ley española.
La CCE (la Confederación Canaria de Empresarios, la patronal de ámbito autonómico) recibió la convocatoria con sorpresa. «Nadie preveía esto», admite su vicepresidente, José Cristóbal García, que coincide en el diagnóstico: «Las huelgas se hacen a las empresas». Ninguna de las dos organizaciones se atreve a estimar el seguimiento.
Del otro lado, José Barroso, secretario de Política Institucional de CC OO en Canarias, no esconde sus expectativas: «Mi ilusión es que todo el mundo se sume».
Manuel Navarro, secretario general de UGT en las islas, comparte el objetivo y admite una dificultad incómoda: «Hay gente que, por su salario, se ve casi forzado a no acudir a la huelga», porque la jornada perdida se descuenta de la nómina.
El paro del 11 de noviembre no se mide en siglas: se mide en el alquiler que una familia canaria no puede pagar.
Salarios bajos, techo caro y una huelga «que no es al uso»
Navarro insiste en que esta «no es una huelga general al uso»: no va contra una política concreta del Gobierno central, sino contra todas las administraciones con competencias en vivienda. «En Canarias, desde el año 2022 no se entregan las llaves de una vivienda pública», afirma. Y señala un rasgo propio del archipiélago: unos salarios excesivamente bajos en una economía que crece.
El dirigente de UGT cifra en 211.000 las casas que recoge el censo en las islas y sostiene que muchas podrían reacondicionarse para el alquiler asequible. Su receta no pasa por levantar más bloques: «No queremos más cemento, queremos que lo que está en desuso se reconstruya». En cualquier portal inmobiliario, añade, los precios van de los 250.000 a los 500.000 euros.
Para Barroso, la precariedad salarial se cuela hasta en la cesta de la compra y desemboca en la imposibilidad de los jóvenes de construir un proyecto de vida. Los sindicatos citan también el bloqueo de la negociación colectiva (el marco donde patronal y sindicatos pactan salarios) y sitúan la chispa en el desahucio de una mujer de 87 años a finales de septiembre y en su fallecimiento días después.
El Pulso Territorial
El mapa político canario añade una capa de complejidad. El Gobierno de Canarias es una coalición entre Coalición Canaria y el PP, presidida por Fernando Clavijo, y tiene en la vivienda uno de de sus frentes más delicados ante un Parlamento autonómico de 70 escaños. Ninguna administración implicada queda fuera del reproche.
La comparación con Baleares es inevitable y las dos comunidades insulares comparten el mismo cóctel: dependencia del turismo, salarios por debajo de la media y un parque de vivienda tensionado por la compra extranjera y el alquiler vacacional. Los datos del INE mantienen a Canarias entre las regiones con mayor riesgo de pobreza del país.
Antes del 11 de noviembre, la autoridad laboral debe fijar los servicios mínimos, el paso que más condicionará el seguimiento. No hay fecha para esa resolución. Las patronales ya han advertido de que acatarán «lo que diga la ley, si finalmente la autorizan». El adelanto electoral convierte el paro en un termómetro del malestar del archipiélago. Nadie se atreve a apostar por una cifra.
Ficha Autonómica
- El caso: UGT y CC OO han convocado una huelga general en Canarias para el 11 de noviembre centrada en la vivienda y los salarios. Las patronales cuestionan su encaje legal.
- Datos importantes: 211.000 viviendas censadas en las islas; precios de venta de 250.000 a 500.000 euros; sin servicios mínimos ni horarios fijados; sin entrega de llaves de vivienda pública desde 2022.
- Resumen: La convocatoria sigue abierta. Falta la decisión sobre los servicios mínimos y ninguna de las partes se atreve a pronosticar el seguimiento del paro.
