El Concello de Vigo (el ayuntamiento gallego) controla ya 1.420 equipos conectados desde su sala de control de tráfico, entre ellos 74 cámaras inteligentes que vigilan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y leen matrículas.
Los lectores de matrícula son solo una parte pequeña de la red. La ciudad cuenta con 229 cámaras de tráfico, de las que 86 identifican matrículas: 74 están instaladas en las ZBE y otras 12 operan en túneles. El resto capta imágenes para vigilar la circulación.
Las ZBE entraron en vigor el pasado mes de septiembre. Durante este primer año, sin embargo, no se impondrán sanciones, según los datos que maneja la sala de control del Concello.
Una red de 1.420 equipos que va mucho más allá de las cámaras
La infraestructura desborda el terreno de las cámaras. Desde la sala se gobiernan cientos de semáforos, dispositivos Bluetooth, paneles informativos, sistemas acústicos, medidores de aforo y estaciones que registran la calidad del aire de la ciudad.
La información recopilada permite al Concello conocer el estado de la circulación, detectar problemas y adoptar medidas para mejorar la fluidez. Los equipos también miden el volumen de vehículos que atraviesan cada vial o el propio carril bici, un dato que hasta hace poco solo se obtenía con conteos manuales.
La ZBE es la pieza más visible del nuevo modelo. No se trata, de una ocurrencia local: la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones.
Vigo ya no ordena su tráfico a ojo: lo hace con 1.420 equipos conectados y 74 cámaras que leen matrículas en las Zonas de Bajas Emisiones.
El despliegue de Vigo y el debate de las ZBE en toda España
La obligación afecta a todos los municipios gallegos de más de 50.000 habitantes, entre ellos A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol o Lugo, que deben delimitar sus propias zonas. Vigo, con este despliegue tecnológico, ha querido marcar el paso.
La implantación de las ZBE ha generado un debate intenso en toda España sobre su impacto en el pequeño comercio y en los profesionales que dependen del vehículo privado. En Vigo, el Concello ha optado por la vía prudente: primero conocer el tráfico con datos, después decidir.
El Laboratorio Gallego
Vigo ocupa un lugar singular en el mapa político gallego. Es la ciudad más poblada de Galicia y está gobernada desde hace años por el PSdeG, de modo que el despliegue de su ZBE no se lee solo como una cuestión de movilidad, sino como un ensayo de cómo se aplica en Galicia una norma de origen estatal.
En el Parlamento de Galicia, el PPdeG gobierna con mayoría absoluta y el BNG es la primera fuerza de la oposición, con el PSdeG en tercer lugar.
La política de movilidad urbana es competencia municipal, pero su marco normativo depende del Gobierno central y su financiación se negocia entre administraciones. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego), en manos del PPdeG, y el Ejecutivo central comparten competencias sobre transporte, una frontera que en Galicia genera fricción de forma recurrente.
La lectura nacional también es clara. Las ZBE son un requisito europeo y estatal, y lo que ocurra en Vigo se seguirá con atención en otras ciudades gobernadas por signos distintos. Si el modelo funciona sin castigar al comercio, se replicará; si genera rechazo, alimentará el debate sobre cómo debe aplicarse la transición de la movilidad en toda España. El calendario viene marcado por ese primer año sin sanciones, que se prolongará a lo largo de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: El Concello de Vigo controla 1.420 equipos conectados desde su sala de tráfico, incluidos 74 cámaras inteligentes que vigilan las Zonas de Bajas Emisiones y leen matrículas.
- Datos importantes: 229 cámaras de tráfico, de ellas 86 con lectura de matrícula; 74 en las ZBE y 12 en túneles. Las ZBE entraron en vigor el pasado mes de septiembre y este primer año no habrá sanciones. La ley estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes.
- Resumen: Vigo se sitúa entre las ciudades gallegas que ya aplican el control tecnológico de sus ZBE. El modelo se seguirá de cerca en España por su impacto en el comercio y la movilidad.
