EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias sacará a exposición pública este mes de octubre el expediente para declarar Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado, la figura que permite limitar los alquileres.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en manos de Coalición Canaria, un Ayuntamiento que lo pidió hace dos años y una oposición que lleva el asunto al pleno.
- ¿Qué impacto tiene? La declaración abriría la puerta a topar los precios del alquiler en la ciudad más poblada del archipiélago.
La vivienda en Canarias vuelve al Parlamento de Canarias este martes, en plena precampaña y con Coalición Canaria moviendo ficha.
El expediente de Las Palmas llega con dos años de retraso
El anuncio lo firma la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en manos de Coalición Canaria (CC), la formación nacionalista que gobierna el archipiélago desde 2023 junto al PP. El expediente saldrá a exposición pública a lo largo de octubre, dos años después de la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Antes de decidir, el Ejecutivo tendrá que cerrar la información pública —al menos veinte días—, analizar las alegaciones presentadas y reclamar un informe al Ayuntamiento. Solo entonces decidirá si la capital es, oficialmente, zona de mercado residencial tensionado.
En paralelo, Coalición Canaria ha declarado «de urgencia» la tramitación del expediente para ejecutar una segunda promoción de 26 viviendas protegidas y 26 plazas de garaje en Gáldar, también en Gran Canaria.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya avisó en junio de que, si el expediente reúne las condiciones, aceptará la petición municipal. Añadió, eso sí, que a su juicio «no va a servir de nada».
En Canarias, la vivienda dejó de ser un asunto técnico: es ya el eje sobre el que se ordena la precampaña.
Desde el PSOE, la diputada Patricia Hernández ha registrado una pregunta para el pleno de este martes: quiere saber si el Gobierno «sigue sin creer que no existe ninguna zona en Canarias que merezca ser declarada zona de mercado residencial tensionado». Su compañera Elena Máñez reclama que los presupuestos incluyan el complemento de vivienda de la renta canaria de ciudadanía, aprobado por el pacto de las flores y aún sin poner en marcha.
Cuatro partidos y una sola pregunta de fondo
Quien también fiscaliza es Nueva Canarias. La formación que lidera Luis Campos pregunta al Ejecutivo si piensa «adoptar medidas efectivas» ante el clamor social o si seguirá permitiendo que «el mercado especulativo y los fondos buitre» decidan el futuro de la vivienda protegida y asequible en las islas. Su proposición de ley canaria en esa materia ya está registrada en la Cámara.
Desde las filas de CC, el diputado David Toledo llevará al pleno la pregunta de cómo «hacer efectiva la limitación de la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes», una demanda que el partido de Clavijo quería incluir en las iniciativas estatales y que ahora traslada al terreno autonómico.
El PP, socio de gobierno, ha pedido la comparecencia del consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, para que haga balance de lo hecho esta legislatura «para incrementar la oferta de vivienda pública y protegida, movilizar suelo y agilizar la construcción».
Pero los populares han elegido otro eje para abrir la precampaña: la inmigración. El diputado Jacob Qadri defenderá en el próximo pleno una iniciativa para que el Gobierno de España despliegue las fuerzas armadas en el control migratorio, en la línea de la propuesta que Vox planteó para Ceuta y Melilla y que el Congreso rechazó el 15 de septiembre.
El Pulso Territorial
Canarias lleva 38 meses con un Gobierno de Coalición Canaria y PP, una coalición que funciona en el Ejecutivo pero compite por el mismo espacio electoral. Esa tensión explica el movimiento de la Consejería de Vivienda: mientras el PP coloca la inmigración en el centro de su discurso, CC necesita exhibir gestión en el asunto que, según el CIS, es hoy el principal problema para los ciudadanos.
La paradoja canaria tiene precedente. La renta canaria de ciudadanía, aprobada por el pacto de las flores, sigue sin desplegar su complemento de vivienda, y la declaración de zona tensionada para la capital acumula dos años de espera, más de veinte días de información pública y un informe municipal por llegar. Las acampadas y movilizaciones de Gran Canaria, Tenerife y, Lanzarote desembocarán en una huelga general convocada para el 11 de noviembre.
Lo que viene es un calendario. El pleno de este martes medirá fuerzas; después llegará el turno de las alegaciones y, más adelante, la decisión del Ejecutivo, que puede declarar la zona o dejar la solicitud en un cajón. El riesgo para CC es evidente: si la declaración no llega antes de la huelga general, la calle hablará más alto que el Parlamento.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias, con la Consejería de Vivienda en manos de Coalición Canaria, mueve ficha en precampaña para declarar Las Palmas zona de mercado residencial tensionado.
- Datos importantes: Exposición pública del expediente durante octubre; información pública de al menos 20 días; dos años desde la petición municipal; 26 viviendas protegidas y 26 plazas de garaje en Gáldar tramitadas de urgencia; 38 meses de Gobierno de CC y PP.
- Resumen: La oposición lleva la vivienda al pleno de este martes. La decisión final sobre la zona tensionada no llegará, en el mejor de los casos, hasta que se resuelvan las alegaciones.
