La jueza que instruye la causa de la dana aprecia indicios claros de que las muertes de La Torre podrían haberse evitado, según el auto dictado este martes por el Juzgado de Catarroja (Valencia). El escrito ordena nuevas diligencias para reconstruir la cadena de avisos en esta pedanía, una de las más castigadas por la barrancada.
Qué sostiene el auto sobre las muertes de La Torre
En la resolución —un auto judicial (la resolución que adopta una decisión sobre el proceso sin ponerle fin)— la instructora califica los fallecimientos de La Torre como una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y el retraso de los avisos. El escrito responde a una petición de una de las acusaciones personadas, la que ejerce Acció Cultural.
La instructora se refiere a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, ambos investigados (las personas sobre las que recaen indicios, antes denominados imputados). El auto sostiene que las muertes “pudieran haber sido íntegramente evitadas por los investigados si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones”.
El auto recuerda que en la pedanía se registró una altísima mortalidad centrada en un garaje, aunque no solo en él. Entre las víctimas mortales menciona a una pareja, un matrimonio con su hija, un residente y una viandante fallecidos en el aparcamiento. Fuera del garaje murieron dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví.
La jueza subraya que la población de La Torre no podía ser consciente del peligro porque en la pedanía no llovía. El mensaje emitido a las 20:11 horas fue, a su juicio, demasiado genérico, y la propia exconsellera llegó a calificarlo como un “mensaje de precaución”, según recoge la resolución.
La instructora sostiene que en La Torre se conocía el avance del desbordamiento del barranco mientras en el Cecopi se llegó a afirmar lo contrario.
El auto añade que el texto recomendado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez —subir a plantas altas— “podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas”. La jueza precisa que esa propuesta, planteada para municipios aguas abajo de Forata, habría sido útil también en otras cuencas afectadas.
La resolución se detiene en la información disponible aquel día. Recuerda que el avance del desbordamiento del barranco del Poyo “ya era constatado por los medios mucho antes de que llegara la lengua de agua a La Torre” y señala que en el domicilio de uno de los fallecidos se seguía el desbordamiento aguas arriba.
La jueza insiste en que conocer las propias competencias resulta decisivo para decidir con rapidez, y advierte de que desconocer la normativa de protección civil conduce a una paralización o a una ralentización en la toma de decisiones.
Las diligencias que ordena la instructora
El auto acuerda varias actuaciones para aclarar cómo se gestionó la emergencia en la pedanía:
- Identificar al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre y obtener la información que recibió del Centro de Coordinación de Emergencias.
- Citar como testigo al alcalde pedáneo de Forn d’Alcedo a fecha de la dana.
- Comunicar a ese testigo la posibilidad de aportar voluntariamente los mensajes del chat de alcaldes pedáneos relacionados con la emergencia.
La jueza rechaza, en cambio, volver a reclamar a la alcaldesa de València la aportación voluntaria de comunicaciones. El auto recuerda que el alcalde pedáneo declaró, que no había recibido avisos directos desde el Centro de Coordinación de Emergencias y que fue la propia alcaldesa quien remitió por un chat de mensajería el aviso rojo de Aemet.
En qué fase está la instrucción
La instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) continúa abierta y no se ha fijado fecha para el juicio oral. Los dos investigados mantienen su condición procesal y no existe condena alguna contra ellos.
El Juzgado de Catarroja seguirá recabando prueba documental y testifical sobre lo ocurrido. Las nuevas diligencias deberán aclarar quién recibió cada aviso y en qué momento, extremos sobre los que el auto aprecia indicios claros de que las muertes podrían haberse evitado.
