Tubos Reunidos afronta la fase decisiva para evitar la disolución con cinco ofertas y 300 millones de deuda

La administración concursal comunicará el viernes 16 de octubre las cinco propuestas admitidas, que deberán ser vinculantes en precio e incluir un depósito del 5%. El perímetro de la operación decidirá el futuro de las plantas de Trapagaran y Amurrio, con en torno a 1.200 empleos

Tubos Reunidos afronta la fase decisiva para evitar su disolución con más de cinco ofertas firmes sobre la mesa y 300 millones de euros de deuda. La administración concursal comunicará este viernes, 16 de octubre, las cinco propuestas que pasan a la recta final, según el calendario trasladado a la plantilla.

El plazo para presentar ofertas vinculantes por la siderúrgica alavesa concluyó el 7 de octubre. Un total de 14 inversores habían mostrado interés inicial por el proceso, aunque no ha trascendido el número exacto de propuestas formales registradas. La administración concursal confirmó que serán cinco las que continúen en liza.

Qué se decide a partir del viernes

Las propuestas admitidas deberán ser vinculantes en cuanto al precio e ir acompañadas de un depósito equivalente al 5% de la cantidad ofrecida. A partir de ahí, los candidatos seleccionados participarán en una ronda de preguntas y respuestas sobre los aspectos financieros y legales de la compañía, el conocido como Q&A.

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Después llegarán las ofertas finales vinculantes dentro del concurso de acreedores. La administración concursal asumirá la calificación, valoración y jerarquización de cada propuesta, con la continuidad de la actividad de las plantas como criterio prioritario, según la comunicación remitida a los representantes de los trabajadores.

Empleo, plantas y una deuda de 300 millones

El perímetro de la operación concentra la incógnita. La planta de Trapagaran, en Bizkaia, ronda los 300 empleos y fabrica un producto con salida más sencilla en el mercado actual. La de Amurrio, en Araba/Álava, se acerca a los 900 empleos, alberga el horno de la acería y su producción está muy afectada por los aranceles de Estados Unidos.

Con las ofertas ya fijadas se abrirá una fase específica sobre las condiciones laborales. La compañía, la administración concursal, la representación de los trabajadores de cada centro afectado y, en su caso, el comprador negociarán los acuerdos que concreten el perímetro laboral y las condiciones de trabajo.

El importe de la deuda, en torno a 300 millones, y la ausencia de quita por parte de la SEPI marcan el margen de negociación de las ofertas.

El mayor escollo es la forma de solventar los 300 millones de euros de pasivo. Unos 150 millones corresponden a la SEPI, que ha descartado una quita y admite, como máximo, aplazamientos en los pagos. El organismo sostiene que el trato a Tubos Reunidos no puede diferir del recibido por otras empresas beneficiarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), dotado tras la pandemia de la COVID-19 y cuyos préstamos se están devolviendo o ya se han saldado.

Quién puja por la compañía y cuánto pesa la causa judicial

Entre los interesados figuran el empresario José Antonio Jainaga, a través de Sidenor, que ya había defendido sin éxito una fusión de los fabricantes vascos de tubos. También mostró interés Tubacex, con plantas en Araba/Álava, y grupos internacionales del sector procedentes de Asia, que en principio pueden presentar una oferta económica superior pero generan más dudas sobre el empleo y el arraigo industrial.

En paralelo, la causa judicial sigue en pausa. Fuentes judiciales citadas por elDiario.es sitúan la instrucción en situación de stand by: el procedimiento está compartido con la investigación sobre las denominadas cloacas del PSOE y la rama relativa a la siderúrgica no ha registrado avances. La Guardia Civil mantiene pendientes los informes sobre los registros practicados antes del verano.

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La causa, que tramita la Audiencia Nacional a través del Tribunal Central de Instancia, examina el presunto pago de comisiones ilegales de hasta 250.000 euros para facilitar el rescate público de Tubos Reunidos, que recibió 113 millones de euros de la SEPI. El consejero delegado, Carlos López de las Heras, y su predecesor, Francisco Irazusta, figuran entre los investigados, junto a otro directivo. Todos ellos mantienen la presunción de inocencia. La investigación condiciona las negociaciones sobre la deuda.

Con cerca de 900 empleos, la factoría de Amurrio convierte a la compañía en uno de los principales empleadores industriales del norte de Araba/Álava. En el ámbito estatal, el criterio de la SEPI con Tubos Reunidos se compara con el aplicado a otras empresas beneficiarias del FASEE, que ya han devuelto sus préstamos o están en proceso de hacerlo. La próxima cita es el viernes 16 de octubre, cuando se comuniquen las cinco ofertas admitidas; después se abrirá el periodo de consultas laborales previo a la oferta final vinculante.