El Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire se ha convertido en uno de los símbolos más incómodos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus vuelos han alimentado desde 2018 un goteo de polémicas por el uso de aeronaves oficiales en desplazamientos que mezclan agenda institucional y actividad de partido. Solo entre 2023 y 2024 se contabilizan 122 vuelos del presidente, y Moncloa nunca ha detallado quién sube a ellos ni cuánto cuestan. El PP ha registrado preguntas en el Congreso y el Senado por estos usos.
El criterio de la lista combina dos elementos: que el motivo oficial del vuelo resulte difícil de sostener y que el Ejecutivo haya preferido blindar la información —en vía administrativa o ante los tribunales— antes que desvelarla. Abre el viaje al FIB de Benicàssim en julio de 2018 para ver a The Killers, el episodio fundacional, y cierra la relación de pasajeros que Presidencia nunca entrega. No están todos los desplazamientos discutidos, solo los cinco que mejor ilustran ese patrón.
4Los ministros que también usan avión oficial para actos de partido
El Falcon no es solo cosa del presidente. El PP ha registrado preguntas en el Congreso y el Senado sobre los vuelos en aeronaves oficiales de la ministra portavoz y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, a la que atribuye al menos cinco desplazamientos en Falcon desde julio de 2021: varios a París, otros a Faro (Portugal) y uno el 1 de julio en un Airbus A310 entre Zaragoza y Madrid. Los populares reprochan que se optara por avión militar en trayectos con oferta comercial de sobra y que no se haya aclarado el coste para el contribuyente. Alegría se defiende asegurando que «no tiene Falcon» y que cuando lo ha usado fue siempre acompañando al Rey, a la Reina o al presidente del Gobierno, y ha replicado exhibiendo billetes de vuelos regulares para los trayectos que atribuye a su propia agenda.
El fondo del asunto es cómo se justifica el vuelo. La Secretaría General de la Presidencia ha sostenido ante el Consejo de Transparencia que la condición de presidente se ejerce «de forma continua y completa» entre el nombramiento y el cese, sin tramos en los que no ostente el cargo, lo que convierte en actos presidenciales desplazamientos que la oposición vincula a mítines o a la esfera privada y que se extienden a los ministros que comparten aeronave. En mayo de 2024 el PP llevó al Senado una moción para exigir el reintegro de los gastos de Falcon y Super Puma —el helicóptero que enlaza Moncloa con la base de Torrejón ronda los 5.000 euros por hora de vuelo— empleados en actos de partido, y para que sea la formación política quien pague cuando coincidan agenda institucional y mitin. El Gobierno ha esquivado las respuestas parlamentarias y de Transparencia invocando seguridad y la ley de secretos de 1968, y en julio de 2025 aprobó una nueva Ley de Información Clasificada que permitiría blindar destinos y acompañantes.
