El Ministerio de Defensa admite por escrito fallos de abastecimiento iniciales en las raciones y confirma que alojó a más de 200 militares en la Batería K-8 sin inspección previa ni desinfección. La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha logrado que el ministerio de Defensa responda por escrito a tres preguntas concretas sobre el despliegue en Ceuta ya ha logrado la normalización del menú con comida caliente, la clausura de la batería K-8 como dormitorio, la entrega masiva de EPIs y el suplemento de crédito en el RDL 22/2026, pero condena el veto sistémico del Ministerio a aclarar la cobertura legal de las patrullas en calles y centros comerciales.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha actualizado su Portal de Transparencia haciendo público el expediente completo de respuestas oficiales remitidas por el Ministerio de Defensa (DIGENPER y MAPER ET) a las Preguntas n.º 18/2026, n.º 23/2026 y n.º 24/2026, elevadas ante el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) durante el despliegue en la crisis migratoria de Ceuta y Melilla.
Las respuestas del Ministerio confirman de forma contundente la veracidad de todas las denuncias realizadas por la UMT, «desmontando los intentos de la administración e informaciones interesadas por restar importancia a la precariedad sufrida por el personal militar», explica la asociación profesional de militares.
La verdad sobre la manutención y la Batería K-8 de Ceuta
Entre las respuestas está una sobre la «Manutención inicial precaria reconocida (Pregunta 18/2026)»: Ante la denuncia de la UMT sobre el reparto de simples bolsas frías con bocadillos de embutido para jornadas de 14 a 16 horas, Defensa ha admitido oficialmente que existió un desabastecimiento por falta de víveres en stock en la contrata de alimentación al pasar de 300 a 900 raciones diarias. La alerta de la UMT forzó la corrección del servicio mediante termos de comida caliente y refuerzos a media mañana y tarde.
La «realidad alojativa en la Batería K-8 (Preguntas 23 y 24/2026)»: «Quienes intentaron manipular la opinión pública asegurando que K-8 era un simple campo de adiestramiento de combate urbano o instrucción canina han sido desmentidos por la propia respuesta de Defensa. El Ministerio admite por escrito que en K-8 se alojó a más de 200 militares en rotaciones continuadas de sección y reconoce que no se realizó ninguna inspección sanitaria ni desinfección preventiva previa a la ocupación, confirmando 39 casos de escabiosis (sarna) en 4 unidades distintas», según el comunicado de la UMT.
«En la UMT no estamos para participar en una carrera mediática por ver quién denuncia antes o desmiente, al contrario. Actuamos con rigurosidad, transparencia y sin subterfugios por un único objetivo: velar por la salud, la dignidad y la máxima seguridad de nuestros compañeros en el desempeño de su trabajo», afirman desde la Junta Directiva de la UMT.
Las quejas de la UMT consiguieron que los militares desplegados tuviesen la comida caliente garantizada tras admitirse el fallo inicial de abastecimiento. También consiguieron clausurar la Batería K-8 para pernoctar, evitando que nuevos contingentes utilizaran dichas instalaciones. El Ejército también entregó con urgencia 5.500 mascarillas, miles de guantes y desinfección con biocidas de las dependencias afectadas. Los militares también consiguieron gracias a la aprobación del Real Decreto-Ley 22/2026, de 1 de septiembre, un suplemento de crédito para abonar la gratificación económica por el exceso de jornada acumulado.
El veto sistémico a la Seguridad Jurídica del Militar
El gran punto negro de las respuestas de Defensa es la opacidad e insensibilidad jurídica. Tanto en el transporte de personas migrantes en cajas de camiones como en las patrullas de vigilancia en recintos comerciales y espacios públicos civiles sin estatus de agentes de la autoridad, el Ministerio de Defensa se ha negado rotundamente a contestar a las preguntas de la UMT.
Escudándose en el artículo 2.3 del Reglamento del COPERFAS, Defensa declara toda la cobertura legal como «planeamiento y desarrollo de operaciones militares» para silenciar el debate. Desde la UMT «consideramos inadmisible que se envíe a la tropa a primera línea sin aclarar su amparo legal, su protección disciplinaria ni la asistencia letrada gratuita en caso de incidente», concluyen.
