La convocatoria de elecciones generales ha frustrado la tramitación de la iniciativa impulsada por Sumar, que había recibido el respaldo del Congreso en septiembre y aspiraba a facilitar el acceso a la nacionalidad española a los saharauis vinculados al pasado colonial de España. El bloqueo vuelve a poner de manifiesto, según los representantes saharauis, la falta de empatía y el incumplimiento de los compromisos históricos de España con la población del Sáhara Occidental, especialmente con quienes viven desde hace 51 años en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Muchos de ellos se encuentran en una situación de apátridas que complica su situación jurídica y limita su libertad de movimiento.
Un incumplimiento que no ha pillado por sorpresa al Frente Polisario que en cierto modo quita relevancia al bloqueo de la Ley de nacionalidad y ha remarcado a este medio que sus esfuerzos estarán dedicados a luchar par la autodeterminación del Sáhara Occidental, mostrando desidia y desconfianza hacia cualquier propuesta que provenga a día de hoy de España.
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha dejado en suspenso la ley que pretendía facilitar la concesión de la nacionalidad española a miles de saharauis. La proposición, impulsada por Sumar y aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado septiembre, no ha conseguido completar su recorrido parlamentario y ha decaído con la disolución de las Cortes. La iniciativa tendrá que esperar ahora a una eventual recuperación por parte del futuro Parlamento o a que el Gobierno explore otras vías legales.
El bloqueo supone un revés para quienes confiaban en que la norma permitiera resolver una situación que se prolonga desde la salida de España del Sáhara Occidental. La propuesta pretendía establecer un procedimiento específico para que determinados saharauis pudieran acceder a la nacionalidad española, atendiendo a sus vínculos históricos con España y a las circunstancias jurídicas derivadas del final de la presencia española en el territorio.
La aprobación en el Congreso había supuesto un avance político, pero no bastaba para convertir la iniciativa en ley. El texto debía continuar su tramitación en el Senado, donde permanecían pendientes varias cuestiones que no llegaron a resolverse antes de la convocatoria electoral. Con la disolución de las Cámaras, la proposición ha quedado caducada y ya no puede culminar su recorrido en la legislatura que acaba de terminar.
Las enmiendas del PP en el Senado acabaron de bloquear la ley
El texto estaba dirigido a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, así como a sus descendientes en los términos previstos por la iniciativa. La fecha tenía relevancia por su relación con el periodo en el que España todavía mantenía vínculos administrativos con el territorio.
Las estimaciones difundidas durante la tramitación situaban en torno a 80.000 las personas que podrían verse potencialmente beneficiadas por la medida. Se trata de una cifra orientativa, ya que el número definitivo dependería de los requisitos que debieran acreditar los solicitantes y de la aplicación concreta de la norma.
El principal problema es que el respaldo parlamentario no se ha traducido en un derecho efectivo. Al no haberse completado el procedimiento legislativo, los potenciales beneficiarios no pueden invocar esta proposición como fundamento para obtener automáticamente la nacionalidad española. La iniciativa tampoco ha creado un procedimiento nuevo de solicitud ni ha modificado por sí misma las condiciones establecidas en la legislación vigente.
La tramitación quedó bloqueada en el Senado después de que el PP presentara varias enmiendas destinadas a modificar aspectos sustanciales de la propuesta inicial.
Entre las cuestiones más controvertidas figura el tratamiento de los saharauis que, antes de 1976, disponían de documentación española y que, tras la salida de España del territorio y la ocupación marroquí, perdieron o vieron cuestionada su nacionalidad. Los defensores de la iniciativa sostienen que las circunstancias históricas y las dificultades administrativas posteriores impidieron a parte de esta población conservar su vínculo jurídico con España.
Cabe recordar que, tras la retirada española del Sáhara Occidental, comenzó una guerra en la que el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui en el proceso de descolonización, se enfrentó a Marruecos y Mauritania, países que intervinieron en el territorio. El conflicto y el desplazamiento de miles de personas agravaron las dificultades para mantener o acreditar la documentación y la nacionalidad españolas.
La posición defendida por los populares pasa por facilitar el acceso de los saharauis a la nacionalidad mediante un régimen similar al previsto para los nacionales de países iberoamericanos, en lugar de reconocer directamente la recuperación de la nacionalidad en los términos planteados por los promotores de la proposición.
La diferencia no es menor: mientras que los defensores de la iniciativa aspiraban a reparar una situación histórica vinculada a la antigua presencia española, la alternativa del PP situaría a los potenciales beneficiarios en una vía de acceso a la nacionalidad que exigiría cumplir los requisitos correspondientes.
La disolución de las Cortes obliga ahora a replantear la estrategia parlamentaria. Si los grupos que respaldaron la propuesta quieren recuperarla, deberán buscar una fórmula para volver a ponerla en marcha en la nueva legislatura, siempre que se mantenga el apoyo político necesario.
Tesh Sidi plantea una vía alternativa para los saharauis
Ante el bloqueo parlamentario, la diputada de origen saharaui Tesh Sidi, de Más Madrid e integrada en el espacio de Sumar, ha defendido la posibilidad de explorar alternativas para evitar que la cuestión quede paralizada durante toda la próxima legislatura. Entre las opciones planteadas figura la concesión de la nacionalidad mediante carta de naturaleza, un mecanismo excepcional previsto en el Código Civil.
Esta vía permitiría al Gobierno estudiar expedientes individuales por circunstancias excepcionales, pero no sustituye a la ley que había aprobado el Congreso. Tampoco supone una regularización colectiva ni garantiza que todas las personas afectadas puedan conseguir la nacionalidad. Cada caso estaría sujeto a los requisitos y a la decisión que correspondan conforme al procedimiento aplicable.
La alternativa tiene, por tanto, un alcance diferente al de la proposición legislativa. Mientras que la ley pretendía establecer un marco específico para un colectivo definido, la carta de naturaleza es una vía excepcional que no genera un derecho automático para todas las personas que compartan una determinada situación histórica o administrativa.
La posibilidad de recurrir a este mecanismo sitúa ahora la responsabilidad en el Ejecutivo, aunque su aplicación exigiría una valoración jurídica y política que no equivale a recuperar el texto aprobado en el Congreso.
Sin embargo, según fuentes cercanas al Frente Polisario, esta posibilidad parece, por el momento, remota y difícil de aplicar. El PP ha mantenido su posición en el Senado y el PSOE vuelve a quedar en el centro de las críticas de los representantes saharauis, que consideran que el Gobierno ha dejado pasar una oportunidad para avanzar en la resolución de una deuda histórica con esta población.
Desde el entorno saharaui también vinculan el bloqueo de la ley con las relaciones entre España y Marruecos. La cuestión se produce en un contexto de tensiones bilaterales que, según el planteamiento de estas fuentes, condiciona la política española hacia el Sáhara Occidental y la respuesta a las reivindicaciones del pueblo saharaui.
El Frente Polisario da por perdida la ley
En este mismo sentido se ha pronunciado Salamu Hamudi, responsable de Asuntos Políticos del Frente Polisario en España. En declaraciones a MONCLOA.COM, el dirigente saharaui reconoció, con un tono sereno pero marcado por el desencanto, que «ya no había tiempo real para poder resolver el proceso de tramitación de la ley de forma favorable para los saharauis».
«Una vez más, el Estado español deja sin cumplir con su deber histórico y con sus promesas hacia la población saharaui», afirmó Hamudi, que considera que la paralización de la iniciativa vuelve a aplazar una reivindicación que afecta tanto a los vínculos históricos con España como a las condiciones de vida de los refugiados.
El responsable del Frente Polisario destacó, además, que «la ley de nacionalidad española hubiese facilitado el movimiento de las personas residentes en los campamentos de Tinduf». No obstante, advirtió de que esta cuestión no debe desplazar el objetivo político central del movimiento saharaui: «Nuestro propósito más importante debe ser la celebración de un referéndum por la autodeterminación de nuestro pueblo, como mandan los diferentes mandatos de la ONU».
Hamudi también recordó que el Frente Polisario mantiene rotas las relaciones con el actual Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, después del cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental y de su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, una decisión que los representantes saharauis consideran contraria a sus aspiraciones de autodeterminación.
«Son más peligrosas las relaciones que el PSOE mantiene con la dictadura de Marruecos que los problemas derivados de no poder tramitar la ley a tiempo», remarcó Hamudi. El dirigente vinculó así la paralización de la iniciativa con el marco de las relaciones bilaterales y con las diferencias políticas sobre el futuro del territorio.
El portavoz saharaui también señaló que, a su juicio, la desinformación y la confusión generadas en torno a la llamada ley de nietos han perjudicado los intereses de los saharauis y el debate sobre su nacionalidad. En este contexto, expresó sus dudas sobre la posición que mantendrá el PP en el futuro y planteó la incógnita de si los populares conservarán sus históricas relaciones con Argelia o acabarán cediendo, según sus palabras, a las presiones de Marruecos.
Por ahora, la ley de nacionalidad saharaui ha quedado fuera de la legislatura y no está en vigor. Su recuperación dependerá de una nueva iniciativa parlamentaria o de que el Gobierno opte por estudiar otras fórmulas legales. Hasta que se concrete alguna de esas vías, los potenciales beneficiarios no podrán acogerse a los derechos que contemplaba la proposición aprobada en septiembre.
