El régimen fiscal de la Iglesia católica se apoya en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos que España firmó con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, apenas unos días después de la entrada en vigor de la Constitución. De ese texto derivan las exenciones del IBI, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, además del sistema que permite destinar el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF (casilla 105) al sostenimiento de la Iglesia. Ningún Gobierno ha desmantelado ese núcleo.
La lista reúne las cinco piezas fiscales más abultadas de ese régimen y las ordena por su relevancia recaudatoria y por su origen. Separa lo que figura literalmente en el tratado de 1979 —los tres supuestos del artículo IV.1— de lo que se ha ido sumando después por ley o por interpretación, como la exención de la plusvalía municipal, que no aparece en el acuerdo con el Vaticano. La izquierda reclama revisarlo desde hace años, pero los cambios han sido parciales y ninguna mayoría lo ha tocado entero.
4La exención de la plusvalía municipal en las transmisiones de bienes de la Iglesia
La plusvalía municipal no aparece en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos que España firmó con el Vaticano el 3 de enero de 1979. El tratado solo eximía a la Iglesia de la Contribución Territorial Urbana —hoy el IBI—, de Sucesiones y Donaciones, de Transmisiones Patrimoniales, de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, una modalidad decenal del impuesto que dejó de existir a partir del 1 de enero de 1990. La exención que hoy ampara las transmisiones de inmuebles eclesiásticos se apoya, por tanto, en normas muy posteriores: el artículo 105.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que la reconoce a las instituciones benéfico-docentes y a quienes la tienen pactada en tratados internacionales, y sobre todo el artículo 15.3 de la Ley 49/2002 de Mecenazgo, que la extiende a las entidades sin ánimo de lucro. Es una exención de carácter mixto: en teoría solo cubre bienes afectos al culto o a fines sociales, no a explotaciones económicas.
En la práctica, la izquierda sostiene que esa condición se ha desbordado y que el beneficio acaba cubriendo operaciones inmobiliarias de mercado. El grupo Elkarrekin en Vitoria (Podemos, IU y Equo) cifró en 455.061,62 euros el ahorro de la Iglesia por plusvalía en una sola legislatura municipal, dentro de un total de 2,17 millones entre IBI, ICIO y este tributo. Izquierda Unida llevó el asunto al Congreso en junio de 2025 con una batería de preguntas al Ejecutivo para saber si piensa renegociar el acuerdo con la Santa Sede y avanzar en la retirada de los privilegios fiscales. El Gobierno no ha abierto esa revisión, y aquí el coste recae directamente sobre los ayuntamientos, obligados a aplicar exenciones que no pueden modificar por su cuenta.
