EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los vecinos del Bloc Papallona, en el número 20 de la calle Llança, en la Nova Esquerra de l’Eixample, frente al centro comercial Las Arenas.
- ¿Cuándo ocurre? El anuncio se produjo este jueves, 15 de octubre. La huelga de pagos arranca de inmediato y no tiene fecha de fin.
- ¿Qué cambia hoy? Cuatro de los seis pisos habitados dejan de abonar la renta y piden al Ayuntamiento que expropie la finca al fondo New Amsterdam Developers.
La huelga de alquileres en Barcelona ya tiene nombre propio: el Bloc Papallona, en el número 20 de la calle Llança. Cuatro de los seis pisos que todavía tienen vecinos han decidido dejar de pagar la renta. La consigna que han hecho suya es una frase sin adornos: ‘Empezaremos una huelga de alquileres, ya no podemos seguir financiando a los que nos expulsan de nuestras casas’.
El movimiento lo impulsa y lo acompaña el Sindicat d’Habitatge Socialista, que ha convertido el inmueble en la punta de lanza de una reivindicación más amplia. El propietario, el fondo New Amsterdam Developers (NAD), proyecta convertir la finca en un contenedor de colivings. El edificio, además, es una finca modernista firmada por el arquitecto Josep Graner. Un detalle que no frena la operación, pero que añade capa patrimonial al conflicto.
Los arrendatarios sostienen que llevan meses bajo presión para dejar sus casas. Han presentado una denuncia por acoso inmobiliario y, según su relato, han logrado salvar alguna orden de desahucio gracias, en parte, a la mediación del Síndic de Greuges de Barcelona. En junio pasado reunieron 1.500 firmas de apoyo, entre ellas las de la cineasta Isabel Coixet y el actor David Verdaguer.
Un fondo que no negocia y tres expedientes municipales
El Ayuntamiento no niega el conflicto. Un portavoz municipal sostiene que a la propiedad se le ha ofrecido la renovación de los contratos de alquiler a través de la bolsa de vivienda de alquiler de Barcelona, con el paquete de ventajas que incluye ese plan público. Añade que mantiene un diálogo abierto con todos los arrendatarios y que está monitorizando su situación. De ahí han salido tres expedientes de disciplina urbanística, por obras sin permiso, o no ajustadas a la licencia, o por los daños causados en distintas fases de tramitación.
La conclusión del consistorio cabe en una línea: ‘De momento, New Amsterdam Development se ha negado a negociar sobre el Bloc Papallona’. Sin acuerdo no hay operación. Y sin operación, el edificio sigue donde estaba. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
Casa Orsola, el precedente que el Ayuntamiento ya pagó una vez
El Bloc Papallona no inventa nada. Su hoja de ruta copia el guion que funcionó a pocos metros de allí. La Casa Orsola encarnó durante tres años la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona, hasta que el Ayuntamiento anunció el 7 de febrero de 2025 la compra del edificio por nueve millones de euros, en una operación conjunta con la entidad Hàbitat3. Aquel movimiento convirtió una finca en disputa en la gran bandera social del mandato de Jaume Collboni.
Una huelga de alquileres no se gana en los juzgados, sino cuando el impago deja de ser un caso aislado y se convierte en un problema político.
Ya entonces, cuando se cerró la compra, el Bloc Papallona asomó la patita buscando una solución idéntica. No llegó. Más de año y medio después, el inmueble sigue en manos de NAD y sus inquilinos han pasado de la pancarta al impago. El relato ya está escrito.
Los límites reales de una expropiación
La petición de los vecinos es sencilla de formular y complicada de ejecutar. Exigir que el Ayuntamiento expropie el edificio sin que el fondo ‘vea ni un duro’ choca con la letra de la legislación. La expropiación forzosa exige una declaración previa de utilidad pública o interés social, un justiprecio y, en la práctica, un recorrido judicial que se cuenta en años. La vía que el consistorio sí ha acreditado es otra: la compra voluntaria.
El problema es que esa fórmula necesita un propietario dispuesto a vender, y NAD no lo está. Aquí el caso deja de ser una anécdota del Eixample y se convierte en un test para la política de vivienda de Collboni, que ha hecho de la adquisición de fincas su principal bandera en la materia. Comprar cuesta dinero público y tiempo. Expropiar cuesta votos y juzgados. Entre las dos opciones, el Ayuntamiento ha elegido siempre la primera.
Hay un segundo flanco, menos cómodo. Dejar de pagar la renta expone a los inquilinos a procedimientos de desahucio por impago. La mediación del Síndic de Greuges de Barcelona y la presión pública han servido para frenar alguna orden, pero no eliminan el riesgo jurídico. Y ahí está la paradoja: la herramienta que da fuerza política a los vecinos es, a la vez, su punto más débil ante un juez.
El tercer elemento es de escala. El Sindicat d’Habitatge Socialista no trabaja un solo edificio. Si el Bloc Papallona aguanta el pulso, el efecto contagio está garantizado y el Ayuntamiento tendrá que decidir si atiende un caso o afronta un patrón. En la Comunidad de Madrid, que no ha activado la declaración de zonas tensionadas, conflictos como este acaban casi siempre en los tribunales. En Barcelona, la presión vecinal ha logrado lo que los despachos no: poner la finca en el mapa.
Quien tiene el calendario ahora es el fondo. El hito inmediato es interno: la tramitación de los tres expedientes de disciplina urbanística abiertos a NAD y su respuesta a una negociación que, por el momento, ha rechazado. Los vecinos, mientras tanto, han dejado de pagar. A partir de aquí, cada mes es un pulso con la propiedad y un problema político para el gobierno municipal.
