El Parlamento Vasco avaló este jueves el impulso a los centros de datos en Euskadi con los votos de PNV y PSE-EE. La Cámara rechazó, en la misma sesión, la moción de EH Bildu que pedía limitar su despliegue en función de la energía disponible y de la capacidad de red.
Qué recoge la moción aprobada y qué pedía la oposición
El texto respaldado, registrado por los dos grupos que sostienen al Gobierno Vasco, insta al Ejecutivo de Imanol Pradales a ‘continuar con la estrategia actual de impulso a los centros de datos que se establezcan en Euskadi, trabajando porque sean modelos sostenibles’. La iniciativa añade dos mandatos: que el Ejecutivo ‘persista en su acción’ para que los costes de las nuevas infraestructuras eléctricas no recaigan en hogares e industria, y que se evalúe el aprovechamiento del calor residual de los CPD cuando su recuperación sea viable.
La propuesta de EH Bildu, defendida por el parlamentario Ander Goikoetxea, planteaba ‘avanzar en la limitación del despliegue’ de estos centros ‘en función de la disponibilidad energética y de capacidad de red’, priorizando la electrificación y la descarbonización de la industria vasca. El grupo soberanista vinculaba su texto a las alegaciones que el Gobierno Vasco ha presentado al proyecto de real decreto del Ejecutivo central sobre estas infraestructuras y reclamaba dar ‘un paso atrás’ en las mismas.
Las posiciones de los grupos parlamentarios
La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio defendió que los centros de datos ‘contribuyen a sostener los servicios diariamente utilizados’ por administraciones, empresas y ciudadanía, y situó su relevancia en el terreno de la ‘soberanía tecnológica’ y la reducción de dependencias de terceros países. La representante del PNV, Ainara Zelaia, sostuvo que ‘no hay progreso sin la economía del futuro’ y equiparó estas infraestructuras con las redes eléctricas de la industrialización: ‘no constituyen un complemento opcional de la economía digital’, dijo.
Desde la oposición, el diputado de Sumar Jon Hernández respaldó la enmienda de EH Bildu y afirmó que el debate ‘va bastante más allá de una cuestión de disponibilidad eléctrica o de política industrial’. A su juicio, la discusión afecta a ‘quién decide cómo se utilizan nuestros recursos’. El representante del PP, Álvaro Gotxi, enmarcó la cuestión en la ‘competitividad industrial’ y la ‘soberanía tecnológica europea’, y avisó de que para participar en esa revolución ‘hace falta energía’.
El Parlamento respaldó mantener la estrategia de atracción de centros de datos y descartó condicionar su desarrollo al margen energético que quede disponible para la industria.
La coalición soberanista cifra el fenómeno en una ‘carrera por atraer la inversión‘ en el conjunto del Estado, con solicitudes de conexión de hasta 6.000 MW. En Euskadi, señala que el centro de datos Bilbao-Arasur, promovido por Merlin Properties, tiene un consumo de potencia de hasta 300 MW, y calcula que el consumo eléctrico de Álava podría crecer hasta un 50%.
EH Bildu sostiene que ese modelo ‘entra en conflicto con las necesidades de conexión de la industria vasca’ y que la energía renovable adicional procedente de la repotenciación de los parques eólicos debería orientarse de forma prioritaria al tejido industrial. La plataforma Araba Bizirik ha planteado una preocupación similar respecto al proyecto fotovoltaico de Solaria en el sur de Álava, del que teme que acabe alimentando un macrocentro de datos.
El encaje con el real decreto estatal y el reparto competencial
El debate se produce mientras el Gobierno central tramita el real decreto sobre centros de datos al que el Ejecutivo vasco ha presentado alegaciones. EH Bildu reclama que esos informes no flexibilicen las condiciones vinculadas a las energías renovables para el despliegue de estas instalaciones. La planificación eléctrica y el régimen de las renovables corresponden al Estado, mientras que la política industrial y el suelo donde se asientan las infraestructuras dependen del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales, un reparto que condiciona el margen real de cada administración.
El mandato parlamentario no tiene rango normativo, pero fija la posición del Ejecutivo de Pradales ante la tramitación estatal, que seguirá su curso en los próximos meses una vez cerrada la fase de alegaciones. En paralelo, el pleno votó por separado, los tres puntos de la moción: el relativo al aprovechamiento del calor residual recibió también el respaldo de EH Bildu, que defendió que solo será efectivo si existe una planificación previa.
