Washington ha propuesto devolver a Moscú parte de los activos rusos congelados en la UE para relanzar la paz en Ucrania.
La idea la adelantó el Financial Times el miércoles, citando fuentes no identificadas, y ha caído en Bruselas como un jarro de agua fría. Kiev y sus valedores europeos la rechazaron de plano: mover el principal de esos fondos exige la unanimidad de los Veintisiete y devolvería a Moscú el control de un dinero que el Kremlin llama, sin matices, ‘robo’.
Hablamos de unos 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos inmovilizados desde 2022. El grueso duerme en Euroclear, el depositario de valores con sede en Bruselas, un eslabón privado bajo supervisión belga que se ha convertido en la pieza más frágil de la arquitectura sancionadora occidental.
La propuesta se puso sobre la mesa la semana pasada en unas negociaciones celebradas en Miami. Allí coincidieron Steve Witkoff, enviado de Donald Trump, su yerno Jared Kushner y funcionarios de Ucrania, Francia, Alemania, Reino Unido, la UE y la OTAN, según las cuatro personas conocedoras de las conversaciones que cita el diario británico.
Washington barajó varios mecanismos para soltar el dinero, entre ellos transferir una parte a un vehículo de propósito especial tutelado desde Estados Unidos. Ninguno quedó cerrado. En paralelo, la delegación estadounidense pidió a Kiev que presentara planes de reconstrucción y que trabajara con el Banco Mundial en rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Nadie en Bruselas discute ya si el dinero ruso volverá a Moscú. La cuestión es quién firma la devolución y quién asume la factura legal.
La reacción europea fue inmediata. El canciller alemán, Friedrich Merz, descartó cualquier componenda: los activos ‘deben permanecer congelados en Europa; esto es asunto nuestro y lo decidimos nosotros. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, fue más explícito: devolver el dinero a Rusia solo ocurriría, dijo, ‘sobre nuestros cadáveres’. El planteamiento sorprendió a las delegaciones europeas y a Kiev, hasta el punto de que algunas se preguntaron qué pretende realmente Washington.
Europa no discute el fondo del dinero ruso, discute quién manda sobre él. Esa diferencia, y no la cifra, es la que va a marcar la próxima década.
Por qué la Casa Blanca quiere devolver el dinero ruso ahora
La secuencia de los últimos días ayuda a leer la jugada. La semana pasada, Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para permitir exportaciones adicionales de diésel ruso, con el argumento de aliviar la presión sobre los precios del combustible. El miércoles, Reuters aseguraba que Washington estudia relajar las sanciones sobre buques de la llamada ‘flota en la sombra’, el entramado de petroleros que esquiva el tope al crudo ruso. Y en paralelo, el presidente estadounidense culpa a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de la escalada de los carburantes, ha reclamado a Kiev ‘un nuevo presidente’ y mantiene un pulso abierto con Volodímir Zelenski, que dice sentirse traicionado por el acuerdo del diésel y por las restricciones al acceso de Starlink.
En ese marco, los fondos inmovilizados dejan de ser un problema jurídico y pasan a ser una ficha más del tablero. Washington no propone devolverlos por convicción legal, sino para tener algo que ofrecer a Moscú en una negociación que, sobre el terreno, apenas ha movido la línea del frente. Lógica transaccional en estado puro: se entrega la moneda europea para comprar un avance diplomático estadounidense.
Ahí está la trampa para los Veintisiete. Si la Casa Blanca levanta sanciones por su cuenta mientras la UE mantiene el pulso, las empresas europeas quedarán atrapadas entre dos marcos jurídicos. Cosas que pasan en 2026.
El riesgo jurídico que Bruselas no quiere heredar
Bélgica es el obstáculo más sólido, y no por simpatía hacia Moscú. Euroclear custodia el grueso de los fondos y, si alguien toca el principal sin consentimiento ruso, responderán ante los tribunales los contribuyentes belgas y la reputación de la plaza. Bruselas repite desde 2023 el mismo argumento: se pueden usar los beneficios extraordinarios que generan los activos —con ellos se articuló parte del préstamo del G7 a Ucrania—, pero no el principal, porque hacerlo rompería la inmunidad soberana y redactaría un precedente que ningún depositario occidental quiere ver por escrito.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo no tener información sobre la iniciativa estadounidense, aunque advirtió de que Moscú agotará todas las vías —judiciales y penales, con procesamiento de responsables incluido— para recuperar lo que considera activos robados.
La regla de la unanimidad hace el resto. Un solo Estado miembro puede tumbar la operación: cada capital se convierte en árbitro. La mayoría de los Veintisiete mantiene la línea dura por ahora, pero Budapest nunca ha ocultado su incomodidad con un régimen de sanciones que considera un lastre económico. Paradoja de la construcción europea: el mecanismo que protege a los pequeños es también el que permite secuestrar el expediente.
Equilibrio de Poder
Lo que está encima de la mesa no es un debate contable, sino la pregunta de fondo del orden posterior a 2022: ¿sirve el derecho como arma económica o solo como escudo? Washington acaba de demostrar que entiende los activos como materia de negociación, no de justicia. Moscú lo lee igual, y por eso insiste en la vía judicial: cada demanda contra un depositario europeo es presión diplomática y desgaste reputacional a la vez.
Para España hay aristas concretas. La energética: cualquier relajación unilateral de las sanciones al diésel ruso mueve los mercados que abastecen a la Península, y el gasóleo profesional se traslada al IPC con rapidez. La financiera: si cuaja el precedente de que un depositario europeo responde por decisiones políticas, el euro deja de ser un refugio neutral para los bancos centrales que aún lo usan como reserva. Y la diplomática: Moncloa se ha movido con prudencia en todo lo que implique tocar el principal, consciente de que España no custodia activos rusos relevantes y sí tiene mucho que perder si la eurozona queda señalada como plaza insegura.
Hay precedentes incómodos. En el verano de 2023, Estados Unidos liberó 6.000 millones de dólares de ingresos petroleros iraníes bloqueados a cambio de la liberación de cinco prisioneros estadounidenses. El dinero se depositó en Catar y, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de ese año, Washington y Bruselas congelaron cualquier uso de esos fondos. La operación nunca llegó a ejecutarse del todo y se convirtió en munición política contra la Casa Blanca. Ahora se promete que no se cederá el control del dinero ruso sin garantías. La frase se parece demasiado a la de hace tres años.
La lectura a cinco años es incómoda. Si la UE cede al esquema estadounidense, legitima que los activos soberanos sean prenda de negociación y abre la puerta a que cualquier capital con reservas en euros revise su exposición. Si se niega en bloque, sostiene el principio y asume sola el coste de mantener a Ucrania en pie. No hay tercera vía cómoda.
El expediente tiene calendario. Las sanciones se renuevan cada seis meses con la unanimidad como peaje, y el Consejo de la Unión Europea volverá sobre el asunto antes de que acabe el año. Todo apunta a que los Veintisiete responderán a Washington con la misma frase de siempre: el dinero, por ahora, no se toca. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
