5Presión sobre las normas: litigios contra los topes de alquiler, lobby en Bruselas y puertas giratorias con la administración
Los grandes fondos no solo pleitean contra inquilinos concretos: impugnan las normas que limitan sus rentas. El Tribunal Constitucional anuló en 2022 el grueso del sistema catalán de contención de rentas (Ley 11/2020) por invadir competencias estatales sobre las bases de los contratos, y el Supremo mantiene sentencias contradictorias sobre el derecho de retracto de los inquilinos de las 1.860 viviendas que Blackstone compró al Ayuntamiento de Madrid en 2013: en diciembre de 2024 cuatro familias lograron adquirir la suya por 68.000 euros, pero en abril de 2025 el Pleno avaló la venta en bloque a su filial Fidere, defendida por Garrigues. Nestar-Azora, con unas 4.600 viviendas en Madrid, se sienta en el banquillo por cláusulas abusivas: el sindicato calcula en 8 millones anuales el IBI, comunidad y seguros trasladados a los inquilinos.
La presión se ejerce también donde se legisla. El Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre de 2025, moviliza 150.000 millones anuales para 650.000 viviendas adicionales al año, pero esquivó los topes al alquiler que reclamaba España y creó una categoría de «vivienda asequible» exenta del control de ayudas de Estado; las plataformas europeas por la vivienda lo atribuyen a la influencia del lobby inmobiliario, y el Parlamento debate enmiendas para vetar a los fondos en el residencial. En España, ASVAL, la patronal creada por Blackstone, combate las prórrogas del escudo antidesahucios alegando que erosionan el derecho a la propiedad. Las puertas giratorias se suceden: el directivo de la Sareb que entregó 25.300 millones en activos a Blackstone y KKR fichó después por la filial española de Blackstone.
