El debanking de la banca en EE. UU. tiene informe oficial: los nueve mayores bancos cerraron cuentas a clientes legales por sus ideas. La OCC —la Oficina del Contralor de la Moneda, el supervisor bancario federal creado por la National Currency Act de 1863— ha remitido al Congreso las conclusiones de la investigación que abrió el año pasado por instrucción de la orden ejecutiva Guaranteeing Fair Banking for All Americans, firmada por Donald Trump. El hallazgo se repite en todos los expedientes: hubo discriminación.
La investigación examinó a las nueve mayores entidades del país. El informe no habla de sospechas: habla de cuentas cerradas, crédito negado, y procesadores de pago presionados.
Lo que la OCC encontró en los nueve mayores bancos del país
La subsidiaria de procesamiento de pagos de JPMorgan Chase cerró las cuentas de vendedores de merchandising de Trump y de una organización sin ánimo de lucro que sus propios empleados describieron como «de derechas» y «religiosa».
PNC negó crédito a una compañía de medios en expansión cuyos propietarios conservadores sostenían opiniones contrarias a los «valores» del banco. Y Wells Fargo apretó a un procesador de pagos hasta que este cerró la cuenta de un grupo religioso opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que el procesador había concluido que no se había incumplido ninguna norma.
En los tres casos, el acceso a los servicios financieros dejó de medirse por la capacidad de devolver un préstamo y empezó a medirse por la corrección política de la clientela. El filtro ya no era la solvencia: era la ideología. Nadie discute los hechos.
La OCC no se ha limitado a describir el problema. Junto a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, el fondo que garantiza los depósitos bancarios hasta 250.000 dólares) ha emitido nuevas regulaciones que eliminan el llamado «riesgo reputacional» como categoría de supervisión. Es el primer paso; el segundo depende del Capitolio. Lo que la OCC pide es una ley que prohíba a cualquier regulador federal volver a usar ese criterio. Sin ley, la próxima administración puede restaurar el estándar subjetivo con una firma y un comunicado.
Una licencia bancaria es una concesión pública, y quien la recibe no puede convertirla en un tribunal de opinión sobre sus clientes.
Cómo el «riesgo reputacional» se convirtió en un filtro político
El mecanismo tiene una genealogía precisa. Durante más de un siglo, el trabajo de la OCC fue contable: vigilar que los bancos prestaran con prudencia, mantuvieran liquidez para las retiradas y protegieran el ahorro de los depositantes. En 1979, los supervisores unificaron criterios para medir la fortaleza financiera antes de que el deterioro se convirtiera en crisis. El giro llegó en 1995, cuando la OCC amplió el marco e incorporó el riesgo reputacional: además del riesgo financiero concreto, se evaluaría si el negocio podía atraer opinión pública adversa. Ahí se abrió la puerta.
Tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un procesador de pagos añadió términos de cribado —«MAGA» y «America First»— y en febrero de ese año cerró la cuenta de un vendedor de merchandising de Trump. En otro expediente, un empleado bancario reconoció que no existían «criterios fijos» para determinar qué era odio, racismo o terrorismo. Varias entidades se apoyaron en las listas de «grupos de odio» del Southern Poverty Law Center para marcar organizaciones conservadoras. Y en 2024, empleados que revisaban negocios de armas advirtieron de que la administración de Joe Biden podía presionar a los bancos para cortar el crédito al sector.
La Lógica de Washington
Desde dentro del sistema, la conclusión de la OCC se entiende mejor como una disputa sobre los límites del poder delegado que como una pelea cultural. El supervisor no dictamina si las ideas de los clientes afectados son razonables. Dictamina que un banco con licencia federal —una autorización que el Estado concede y puede retirar— no puede usar un criterio elástico, sin base legal ni derecho de réplica, para decidir quién queda fuera del sistema de pagos. Quien controla la cuenta controla la palabra, y ese poder nunca se diseñó para el departamento de cumplimiento de una entidad financiera.
La coalición que sostiene esta lectura es una mayoría republicana cada vez más compacta en los comités financieros de ambas cámaras, alimentada por años de casos individuales: vendedores de merchandising, organizaciones religiosas, empresas de medios con dueños incómodos. El precedente que citan no es Reagan ni Nixon; es más antiguo y más prosaico. La supervisión bancaria nació en 1863 como una función técnica, no como un tribunal de valores, y el deslizamiento de 1995 fue una ampliación administrativa que nadie votó en las urnas. Eso explica por qué la OCC quiere ahora una ley: una regla administrativa se deshace con otra firma, y en Washington todos calculan cuánto durará la actual. Washington no improvisa.
Ahí está la incógnita. Las nuevas regulaciones de la OCC y la FDIC están vigentes, pero una administración futura podría revertirlas si el Congreso no legisla. La pelota está en los comités de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y de Banca del Senado, con el texto sobre la mesa y el calendario legislativo en contra. La ley, de momento, no existe.
Qué cambia para Santander, BBVA y el resto de la banca española
La resolución de la OCC no es un asunto doméstico. Santander opera en Estados Unidos a través de Santander Bank N.A., una entidad con licencia nacional que supervisa exactamente el mismo regulador que acaba de reescribir las reglas: no está entre los nueve grandes investigados, pero sí entre los sujetos obligados por la nueva doctrina. BBVA salió de la banca minorista estadounidense con la venta de BBVA USA a PNC, cerrada en 2021, y mantiene negocio corporativo y de inversión desde Nueva York, también bajo supervisión federal.
A eso se suma una fricción que las filiales españolas conocen bien. Mientras Washington retira el riesgo reputacional de los manuales de supervisión, la normativa europea de información en sostenibilidad (la directiva conocida como CSRD) empuja en la dirección contraria: más datos, más trazabilidad y más criterios extrafinancieros en la relación con clientes. La misma entidad puede quedar expuesta a sanción en Madrid por aplicar de menos y en Nueva York por aplicar de más. Las áreas de cumplimiento de Santander y BBVA revisan desde hace meses políticas que hasta ahora copiaban el estándar americano. El trasvase se ha cortado.
Queda el problema de fondo, y no es menor: ningún banco debería ser el árbitro de lo que sus clientes pueden decir.
Ficha del Caso
- El caso: la OCC concluye que los nueve mayores bancos de EE. UU. cerraron cuentas y negaron crédito a clientes legales por sus ideas, y reclama al Congreso una ley que blinde el acceso a los servicios financieros.
- Datos clave: el «riesgo reputacional» se incorporó a la supervisión en 1995; OCC y FDIC ya lo han eliminado por reglamento; hay nueve entidades investigadas y casos documentados en JPMorgan Chase, PNC y Wells Fargo, con cierres de cuentas desde febrero de 2021.
- Para España: Santander Bank N.A. opera con licencia nacional bajo supervisión de la OCC y BBVA mantiene negocio corporativo en EE. UU.; ambos afrontan un doble estándar entre Washington y la normativa europea de sostenibilidad.
