Dos patronales de promotores inmobiliarios admiten ante las Corts que participaron «activamente» en la Ley del Suelo valenciana.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Dos patronales de promotores reconocen en la comisión de Territorio de las Corts que presentaron alegaciones y «transmitieron su experiencia» durante la redacción de la Ley del Suelo valenciana.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox), que tramita la norma por urgencia, y una oposición que exige transparencia sobre quién la redactó.
- ¿Qué impacto tiene? El proyecto sustituye al TRLOTUP, fija la reserva de vivienda protegida en el 30/15 y abre el suelo rústico no urbanizable a nuevas explotaciones.
Lo reconocieron en la comisión de Territorio de las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, en plena fase de participación previa a las enmiendas. Jesualdo Ros, representante de los promotores de la provincia de Alicante y de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana, dijo que estuvieron «participando activamente en todo este proceso presentando alegaciones y transmitiendo nuestra experiencia».
La frase llegó a preguntas del diputado de Compromís Juan Bordera, que quiso saber por qué comparecía. «A petición propia», respondió. Y soltó el dato que la oposición repetiría después: «Presentamos 102 alegaciones y no son ni la mitad las que nos han coincidido». El sector, añadió, interviene «en todas las leyes», también en el Patricova, el plan de prevención del riesgo de inundación.
Una ley que sustituye al TRLOTUP, 53 reparos del Jurídic Consultiu y un trámite exprés
El texto que tramitan las Corts no es un ajuste menor. Sustituirá íntegramente a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botànic, un marco que acumuló 53 observaciones esenciales del Consell Jurídic Consultiu (el órgano que vela por la legalidad de las normas autonómicas), disposiciones contrarias a derecho luego solventadas según un informe de la dirección general de Urbanismo. Ahora, eso sí, el proyecto llega por la vía de urgencia, lo que recorta de forma significativa la participación ciudadana.
Ros no vino a defender el texto, sino a pedir más. Reclamó reducir de tres a dos meses el plazo para resolver licencias, y extender la declaración responsable salvo en obra nueva o edificios catalogados. También instó a la Conselleria (el equivalente autonómico a un ministerio) a publicar criterios generales y vinculantes sobre las «cuestiones conflictivas», para que ayuntamientos y técnicos «sepan a qué atenerse». Todo, subrayó, porque hay «una necesidad imperiosa de vivienda».
El proyecto amplía las opciones de explotación del suelo rústico no urbanizable, lo que en la práctica revaloriza terrenos hasta ahora fuera del mercado. Ahí empieza el problema.
La pregunta no es si el sector participó en la ley, sino cuántas de sus 102 alegaciones acabaron dentro del texto.
Menos evaluación, menos transparencia y una reserva de vivienda protegida por debajo del marco estatal
José Vicente Sánchez, profesor de Urbanismo de la Universitat de València, describió la norma como «un paso contundente de flexibilización y de uso del suelo», pero avisó de que «puede generar distintas controversias» por incluir «menos participación y evaluación». Lo resumió así: «Es un yo me lo guiso, yo me lo como». Y dejó el aviso que más pesa aquí: «El suelo no urbanizable no es una hoja en blanco, hay condicionantes». Su cierre tuvo dedicatoria: «No podemos repetir errores en relación a las lecciones que nos dio la Dana».
Desde el PSPV, la diputada María José Salvador anunció enmienda a la totalidad. Es, dijo, «una ley que fomenta la especulación» que devuelve a la Comunitat «al peor modelo de la peor etapa del Partido Popular en materia de urbanismo». Y puso el dato que más incomoda: el proyecto fija la reserva de vivienda protegida en el 30/15, por debajo del 40/20 de la ley estatal de vivienda. A eso sumó los planes sectoriales, «basados en la recalificación de suelo sin ningún tipo de informe sectorial».
La portavoz adjunta de Compromís, Paula Espinosa, y el diputado Juan Bordera apuntaron al procedimiento. «Hemos escuchado a promotores reconocer en sede parlamentaria que han influido en la elaboración de normas urbanísticas antes de su tramitación parlamentaria. Esto es muy grave», señalaron. Piden saber quién redactó la ley y qué propuestas se incorporaron. «. El pacto entre PP y Vox tiene mayoría suficiente en las Corts para sacar la norma sin depender de nadie más, y el urbanismo se ha convertido en bandera de gestión: menos trámite, más suelo, más vivienda. La oposición no discute solo el fondo. Discute el método.
La dimensión nacional no es menor. La reserva del 30/15 choca con el 40/20 que fija la ley estatal de vivienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado y de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. El PP ha convertido la agilidad urbanística en argumento recurrente frente al Gobierno de Pedro Sánchez, y cada territorio donde gobierna se ha vuelto escaparate de esa disputa. La Comunitat Valenciana, con más de cinco millones de habitantes y una de las presiones de vivienda más altas de España, es el escaparate más grande.
Lo que viene es una carrera de plazos. Cerrada la participación, toca el turno de las enmiendas y del dictamen en comisión antes de que el proyecto llegue al pleno; la urgencia comprime el calendario y deja menos margen a ayuntamientos y entidades vecinales, que verán la norma publicada, si sale adelante, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Y pesa la Dana. Después de las 229 víctimas mortales de octubre de 2024, decidir dónde se construye dejó de ser un asunto técnico para instalarse en el centro del debate político español.
Ficha del Caso
- El caso: Dos patronales de promotores admiten en la comisión de Territorio de las Corts que presentaron alegaciones y «transmitieron su experiencia» mientras se redactaba la nueva Ley del Suelo valenciana, tramitada por urgencia.
- Datos importantes: 102 alegaciones presentadas por el sector; la norma sustituye al TRLOTUP de junio de 2021, que acumuló 53 observaciones esenciales del Consell Jurídic Consultiu; reserva de vivienda protegida del 30/15 frente al 40/20 estatal.
- Resumen: PSPV y Compromís exigen transparencia sobre quién redactó la ley, mientras el Consell defiende agilidad urbanística y el profesorado alerta de menos garantías en suelo no urbanizable.
