Cuatro personas han ingresado en prisión provisional por organizar peleas clandestinas entre toxicómanos en la Zona Norte de Granada, una de las cuales terminó con la muerte de un hombre.
La investigación, bautizada como operación GANT, la dirige el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. La jueza de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión; la instruccion del caso recaerá finalmente en la plaza 2. Los hechos se remontan al 12 de septiembre: un varón de 43 años, de nacionalidad argelina y en situación de indigencia, quedó inconsciente en plena vía pública tras recibir un puñetazo en la cabeza. Murió dos días después en el hospital.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Cuatro detenidos por organizar combates entre personas toxicómanas han entrado en prisión provisional; uno de los participantes murió tras recibir un puñetazo.
- ¿Dónde y quién? En la Zona Norte de Granada. Investiga el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la causa está en el Tribunal de Instancia.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? El Plan de Choque mantiene en el barrio cuatro unidades policiales y medios aéreos para impedir nuevas peleas.
De una pelea en la calle a la operación GANT
Una pelea en plena vía pública, en el distrito Norte de Granada, dejó a un hombre inconsciente en el suelo. Los agentes no pudieron identificarlo en un primer momento, así que la Brigada Provincial de Policía Científica se desplazó al Hospital Virgen de las Nieves para determinar su filiación. Era un varón argelino de 43 años que vivía en la calle tras abandonar de forma prematura un programa de deshabituación en un centro especializado.
El parte médico fue determinante: un traumatismo craneoencefálico severo y un derrame cerebral grave con daño neuronal. A partir de ahí, el Grupo de Homicidios asumió el caso. La colaboración ciudadana, la localización de testigos y la recopilación de numeroso material videográfico permitieron identificar al autor del puñetazo: un joven de unos 24 años, nacionalizado, sin hogar y consumidor habitual de estupefacientes. También él acabó en prisión provisional.
Pero aquello no fue un episodio aislado. Los investigadores comprobaron que víctima y agresor ya se habían enfrentado antes y que había alguien detrás moviendo los hilos. La segunda fase de la operación GANT, asumida por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), se centró en localizar a quienes organizaban, arbitraban y controlaban los combates. Según las pesquisas, ofrecían pequeñas cantidades de dinero y/o droga a personas en extrema vulnerabilidad a cambio de pelearse, y después difundían los vídeos.
Una red que pagaba con droga y unas monedas a personas sin hogar para que se golpearan: el horror no era la pelea, era el negocio montado alrededor.
A los cuatro arrestados —además del autor material— se les atribuyen inicialmente homicidio por comisión de omisión, organización criminal, delito contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. La investigación trabaja además con la posible aporofobia como agravante de delito de odio: el rechazo y el desprecio hacia las personas en situación de pobreza, una circunstancia del Código Penal que, de confirmarse, endurecería las penas.
Camarógrafo, árbitro y dos entrenadores
El organigrama que dibuja el atestado es estremecedor por su lógica de mercado. Según fuentes judiciales, entre los cuatro enviados a prisión figuran el camarógrafo, el árbitro y dos entrenadores de los combates. Es decir, había quien preparaba a los contendientes, quien dirigía el enfrentamiento y quien lo grababa para difundirlo después en vídeo. Todo ello, presuntamente, a costa de personas sin techo y con adicciones severas.
El caso tuvo además una derivada inmediata en la calle. Los combates desencadenaron el conocido como Plan de Choque, activado el 22 de septiembre, con el despliegue en el distrito Norte de Granada de la Unidad de Caballería, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y medios aéreos. El objetivo: que las peleas no volvieran a repetirse en plena vía pública.
La inspectora jefa del Grupo de Homicidios reconoció este viernes que la mayor dificultad ha estado «en la casi nula colaboración recibida por parte de víctimas y testigos». «El polígono Norte no ofrece facilidades a la hora de recabar información. Se trata de unos hechos inhumanos; se aprovechaban de la necesidad absoluta de gente sin ningún tipo de protección», señaló. La investigación ha movilizado todos los medios disponibles de la Policía Nacional.
La Lectura Andaluza
Hay un dato que mide la dimensión del caso: cuatro detenidos y un mes de pesquisas para reconstruir lo que ocurría a pocos minutos del centro de Granada. El distrito Norte concentra desde hace años los indicadores más duros de exclusión de la capital, y es también donde los dispositivos de atención a las drogodependencias trabajan con la población más frágil. La Junta de Andalucía tiene transferidas esas competencias a través de la Consejería de Salud y Consumo y de su red de centros provinciales de drogodependencias. La coordinación entre esa red, los servicios sociales municipales y la Policía Nacional es la que permite que casos así salgan a la luz.
Para el vecindario, la lectura es práctica. La presencia de Caballería, UIP y UPR en las calles del distrito no es un despliegue anecdótico: son cuatro unidades distintas, más medios aéreos, las que se han sumado al control de la zona, y su continuidad dependerá de cómo evolucione la instrucción. Quien vive en la Zona Norte de Granada sabe que la seguridad no se arregla solo con más policía, pero también que sin ella no hay convivencia posible.
Lo que viene ahora se dirime en los juzgados. La causa queda en manos de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Granada, que deberá decidir si la aporofobia se consolida como agravante de delito de odio, una calificación poco frecuente en los tribunales andaluces. La operación GANT ha cerrado una red, pero no el debate: hasta dónde llega la responsabilidad de quien graba, arbitra o entrena una pelea entre personas vulnerables lo dirá una sentencia. Y en Granada, mientras tanto, el barrio sigue mirando a la calle.
