El programa de Vox ya se aplica en las comunidades donde pacta con el PP: recorte de gasto, desregulación y prioridad nacional.
Qué defiende Vox y con qué argumentos
La desregulación dejó de ser un eslogan de mitin para convertirse en consejería. Los acuerdos firmados con el PP, según la información publicada por elDiario.es, incorporan mecanismos concretos de simplificación administrativa —ventanilla única y un ‘buzón de desregulación’ para que el ciudadano señale las normas que considera innecesarias, redundantes o desproporcionadas— y una regla que el partido repite en cada foro: eliminar tres normas por cada una que se apruebe. El argumentario de Vox es que la maraña burocrática encarece la actividad económica, expulsa inversión y aleja al ciudadano de la Administración.
El segundo eje es el gasto. Los pactos contemplan una reducción de las subvenciones destinadas ‘a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública’. En la Región de Murcia el partido ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana ya ha avanzado en recortes a esas estructuras. La tesis que sostiene la medida es que el dinero público debe sostener servicios, no aparatos.
El tercer pilar es la llamada prioridad nacional. Los acuerdos introducen criterios de ‘arraigo real, duradero, estable y verificable’ para acceder a determinadas ayudas y prestaciones, además de requisitos de empadronamiento: tres años ininterrumpidos o diez alternos dentro de los últimos treinta para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión. Vox lo defiende como una forma de ordenar el acceso a unos recursos que se financian entre todos y de primar a quien acredita residencia efectiva y cotización.
El marco reordena también el catálogo de políticas. De los acuerdos han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas para personas LGTBIQ+ y a la Agenda 2030, y en su lugar aparecen el endurecimiento de la política migratoria, la promoción de la tauromaquia y la caza. En materia de menores extranjeros no acompañados, los textos recogen un ‘rechazo frontal’ a nuevas llegadas: ‘Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible’.
Ese programa tiene ya rostro y despacho. En Extremadura, el acuerdo dio a Vox una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia. En Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de Desregulación y Familia. En Andalucía, Manuel Gavira dirige la Vicepresidencia segunda y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Nueve consejerías para Vox en el conjunto de esos ejecutivos.
La desregulación no es una consigna de campaña: es la cartera desde la que Vox decide qué normas se revisan y con qué criterio se reparten las ayudas.
Los límites: qué pueden hacer las comunidades y qué no
La lectura académica introduce matices. Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que la desregulación de Vox aplica un criterio selectivo y ‘no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa’. El politólogo Guillermo Fernández añade que el partido no es solo desregulador y que en educación su discurso resulta, a su juicio, ‘muy hipócrita’.
Hay fricciones que ya están en los tribunales. El pacto de Aragón incluye pruebas forenses para verificar la edad de los menores y la retirada de una paga mensual de 17 euros; esas medidas han dado lugar a dos denuncias ante la Fiscalía, una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista. En Castilla y León, el proyecto de Presupuestos de 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación a la cooperación al desarrollo.
El avance, sin embargo, es medible. Las Corts Valencianes aprobaron con los votos del PP y de Vox la inclusión formal de la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública, después de que los populares aceptaran una enmienda del GPVOX: se primará a quienes acrediten un arraigo de diez años en la Comunitat. En Ponferrada, la Junta aplicará el mismo criterio a los 80 pisos sociales proyectados para jóvenes.
El techo competencial es real. Las comunidades revisan su propio ordenamiento y no tocan legislación básica estatal ni el régimen de la Seguridad Social. El salto a La Moncloa exige mayoría en el Congreso de los Diputados y, según la mayoría de las encuestas recogidas, el PP necesitará a Vox para investir a Alberto Núñez Feijóo tras el 29N.
La estrategia: banco de pruebas y pulso con el PP
Conviene recordar el precedente. En 2023 el PP pactó con Vox tras las elecciones municipales y autonómicas y, un año después, Santiago Abascal rompió de forma unilateral todos esos ejecutivos por el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias. El escenario es hoy distinto: Feijóo ha descartado el cordón sanitario —’No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox’, llegó a decir— y los gobiernos de coalición se han recompuesto.
Para Vox, cada consejería funciona como escaparate y como argumento. Lo que se aprueba en un decreto autonómico se convierte en prueba de que su programa es aplicable y en munición para exigir lo mismo en el ámbito estatal. El coste político lo asume el PP, que firma textos con la prioridad nacional y después debe explicarlos ante su electorado moderado.
El calendario manda. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2027 y las cuentas del resto de comunidades serán el último examen antes de la cita con las urnas de noviembre. Si Vox rentabiliza esas carteras, el programa que hoy se aplica en cuatro comunidades se convertirá en la base de cualquier negociación de investidura.
