La jueza de las VPO de Alicante mantiene abierta la causa de Les Naus y espera el informe «de especial trascendencia» de la UDEF.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante dicta dos autos el 14 de octubre y rechaza el sobreseimiento que pedían las defensas de varios investigados por la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus.
- ¿Quién está detrás? La magistrada María Amparo Rubio, la UDEF de la Policía Nacional y las defensas de los investigados. En el plano político, el Ayuntamiento de Alicante y el Consell de Juanfran Pérez Llorca.
- ¿Qué impacto tiene? La causa no se cierra, pero tampoco avanza hacia el banquillo: queda congelada hasta que llegue el documento policial que debe fijar si hay indicios de delito.
Dos autos. Es lo que firmó la magistrada María Amparo Rubio, titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante —el órgano de primera instancia que sustituyó a los juzgados de instrucción clásicos con la reforma judicial en vigor desde 2025— el pasado 14 de octubre. En ambos, la instructora rechaza el sobreseimiento que reclamaban las defensas de varios investigados.
El argumento central es que la investigación no está concluida. «Permanecen pendientes diligencias de investigación de indudable relevancia para la correcta formación del juicio instructor», recoge la resolución, que descarta «adoptar una decisión definitiva sobre el devenir del procedimiento sin haber agotado previamente dichas líneas de investigación».
Lo que falta tiene nombre y siglas: el informe de la UDEF, la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional. Para la jueza, ese documento resulta «objetivamente necesario» para comprobar extremos fácticos que pueden ser «determinantes» a la hora de valorar si concurren o no indicios de infracción penal.
De ahí la frase que sostiene todo el auto: sin el informe policial no hay «cuadro indiciario completo» que permita un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas. La jueza califica de «prematura» la petición de archivo, y avisa de que cerrar ahora comprometería el esclarecimiento de lo ocurrido. Los autos no son firmes.
El auto no absuelve ni condena: deja abierta la puerta a que el informe policial cambie el relato que hasta ahora sostenían las defensas.
El origen es la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, en Alicante. En una comparecencia anterior, un exedil del PP cuestionó ante la instructora la versión oficial que el Ayuntamiento de Alicante ha mantenido sobre el reparto de esos pisos. La causa sigue en fase de instrucción, con varios investigados y ninguno condenado.
¿Qué aporta la UDEF? Rastrea el recorrido del dinero: quién firmó, quién adjudicó, quién se benefició y con qué documentación. En procedimientos de esta complejidad, ese análisis suele ser el que convierte sospechas administrativas en indicios penales, o el que las desactiva. Por eso la instructora lo sitúa en la categoría de «especial trascendencia». No es un trámite: es la pieza que decide el tono de todo lo que venga después.
Qué se juegan las defensas y qué se juega el PP en Alicante
Las defensas querían cerrar y la jueza responde que todavía no toca. El auto no anticipa el desenlace: ni formula acusación ni exculpa a nadie. Lo único que fija es el orden de los factores, y ese orden pasa por el informe policial. Las resoluciones son recurribles, así que el pulso puede repetirse en otra sede.
El ruido político, mientras tanto, no espera a la UDEF. Alicante es plaza central para el PP valenciano: gobierna el Ayuntamiento y también la Generalitat, con Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell (el gobierno autonómico). PSPV y Compromís tienen en la vivienda pública uno de sus frentes de control al ejecutivo de PP y Vox.
La lectura nacional pesa igual. España es uno de los países de la Unión Europea con menos parque de vivienda social —en torno al 2% del total, frente al 9% de media europea— y cualquier caso que afecte a la adjudicación de pisos protegidos toca el nervio del debate sobre el acceso a la vivienda. Para el PP, con el caso de las VPO de Alicante abierto, el coste es doble: municipal y autonómico.
El Escenario Valenciano
En la Generalitat, el asunto llega en un momento de gestión tranquila para el pacto PP–Vox. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha colocado la vivienda entre sus prioridades declaradas y su socio de gobierno ha convertido el acceso a la vivienda y la ocupación en parte de su discurso habitual. Un caso de adjudicación irregular de pisos protegidos en la segunda ciudad de la Comunitat no incomoda solo al Ayuntamiento: tensiona el relato con el que la coalición se presenta ante los suyos.
En las Corts, PSPV y Compromís tienen una pregunta recurrente y una respuesta que siempre molesta: cuántas viviendas públicas se han construido, a qué precio se adjudican y con qué criterios. La oposición no necesita una sentencia para desgastar al Consell; le basta con el goteo de autos y con la lentitud de un informe que nadie ha fechado.
La dimensión nacional se mide en otro plano. El PP afronta el tramo final del mandato municipal con expedientes como este en una de sus plazas más simbólicas, mientras el PSOE utiliza la política de vivienda como marco de confrontación con las autonomías gobernadas por los populares. Cabe recordar un dato que se repite en cada comparecencia sobre el tema: España tiene en torno al 2% de su parque residencial dedicado a vivienda social, muy por debajo de la media europea. Ese déficit explica por qué cada plaza de VPO adjudicada de forma opaca se convierte en un asunto político de primer orden.
La proyección depende de un papel que aún no ha llegado. No hay fecha para el informe de la UDEF. Después, la causa puede cerrarse, puede reordenarse o puede entrar en otra fase con nuevas diligencias. En el calendario institucional, la siguiente cita son las elecciones municipales de mayo de 2027, y el PP llega con este expediente todavía abierto. Ocho meses de instrucción y contando.
Ficha del Caso
- El caso: La justicia investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, en Alicante, después de que un exedil del PP pusiera en duda la versión oficial del Ayuntamiento ante la instructora.
- Datos importantes: Dos autos del 14 de octubre de 2026 rechazan el sobreseimiento pedido por las defensas. La causa no está concluida y falta el informe de la UDEF, que la jueza considera necesario para valorar si existen indicios de delito. Las resoluciones no son firmes.
- Resumen: La instrucción sigue viva pero bloqueada hasta que llegue el documento policial. El impacto es judicial y también político: el PP gobierna el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, y la oposición valenciana ya ha convertido la vivienda pública en terreno de confrontación.
