La Junta Electoral Central ha rechazado las medidas extraordinarias que PP y Vox reclamaban para reforzar la custodia del voto por correo. El organismo considera que la materia ya está regulada por la ley y que no procede añadir controles adicionales de forma sobrevenida.
Lo ha hecho en dos resoluciones distintas, una para responder a los populares y otra a los de Santiago Abascal, con un mismo hilo argumental: la Administración electoral debe aplicar los procedimientos que fija la legislación en tanto el legislador no los modifique. Dicho de otro modo, la pelota vuelve al Congreso.
Qué pedía Vox y con qué argumentos
La petición de Vox se ceñía al voto de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el censo de quienes residen de forma permanente fuera de España. Son 2,7 millones de electores llamados a las urnas en la cita del 29 de noviembre.
En su escrito, según recoge la resolución, el partido invocaba ‘la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo’ entre quienes votan dentro del territorio nacional y quienes lo hacen desde el exterior. El argumento de fondo es la asimetría: un elector del CERA emite su papeleta por correo desde su país de residencia, con una cadena de custodia más larga y con más manos por medio antes de llegar a la urna.
El PP planteó por su parte un refuerzo general de la ‘custodia’ de estos sufragios, sin circunscribirlo al voto exterior. La Junta ha despachado las dos peticiones con la misma respuesta de fondo.
La Junta no discute la integridad del voto: dice a Vox que el lugar para reforzar las garantías del voto exterior es el Congreso.
La Junta razona en dos direcciones. De un lado, las juntas electorales solo pueden actuar si se les trasladan ‘denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad’, como ha ocurrido otras veces. De otro, cualquier refuerzo que exceda la norma vigente corresponde al legislador, no a la administración electoral.
La respuesta de la Junta y el precedente de Fuente de Cantos
El precedente que cita el organismo es el robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) durante las elecciones de Extremadura de diciembre de 2025. Los ladrones se llevaron la caja fuerte del establecimiento con 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo.
La Guardia Civil lo calificó de ‘delincuencia común’. La Junta Provincial de Badajoz activó entonces un operativo especial y 122 de los 124 electores afectados pudieron votar; los dos restantes no lo hicieron por hallarse fuera del territorio nacional.
A eso se suma que la Junta recuerda que Correos ‘adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales’. Sobre el voto CERA, la resolución invoca la sentencia del Tribunal Constitucional 153/2014, de 25 de septiembre, que ya descartó que la diferencia de régimen vulnere el derecho a la igualdad: no están en la misma situación quienes residen en España y quienes residen fuera.
El texto deja además un aviso con destinatario claro. Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central’, señala la resolución. La vía a la que se refiere es la ley.
Qué busca Vox y dónde queda el pulso con el PP
La Junta deja a Vox sin el refuerzo que pedía para la cita del 29N. Le señala, en cambio, una puerta que el propio organismo nombra: la reforma legal. Con 33 diputados en el Congreso, tercera fuerza de la Cámara, el GPVOX puede registrar una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y llevar el debate al Pleno, donde el coste político para el PP es de otra naturaleza.
El histórico del pulso ayuda a leer el movimiento. En julio de 2024 Vox rompió los gobiernos de coalición que mantenía con el PP en varias comunidades autónomas. Desde entonces, cada iniciativa se mide también por su impacto en esa relación. Aquí la lectura es otra: los dos partidos pidieron refuerzos, pero solo Vox acotó la petición al voto exterior, y eso le permite mantener perfil propio en un asunto de integridad institucional.
Queda el calendario. El pasado jueves la Junta anunció que dará orden a la Oficina del Censo Electoral de remitir la documentación a los 2,7 millones de inscritos en el CERA. La enviará también a los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos. El acuerdo incluye un aviso: hay electores que no podrán votar, en aplicación del mandato del Tribunal Supremo.
El siguiente hito ya no es administrativo, sino parlamentario. Lo que el GPVOX decida registrar en el Congreso antes de que arranque la campaña del 29N medirá hasta dónde está dispuesto a llegar el partido con un asunto que afecta al núcleo del sistema: la confianza en que cada papeleta cuenta y cuenta una sola vez.
