José Ramón Chirivella, expresident de Juristes Valencians, quiere un escaño en el Congreso para negociar lo que, dice, los partidos no negocian.
El jurista registró Agenda Valenciana el pasado jueves 15 de octubre y abrió la recogida de firmas para configurar una candidatura al Congreso por la provincia de Valencia. Lo hizo después de dimitir como presidente de la Associació de Juristes Valencians, la entidad desde la que peleó más de una década por el Derecho Civil Valenciano. «No damos este paso para administrar el malestar, sino para ofrecer esperanza», sostiene.
De la reivindicación cívica al escaño: qué busca Agenda Valenciana
No es una plataforma testimonial, insisten en su equipo. La meta es ser la quinta opción política valenciana y completar los avales con personas de prestigio social y experiencia contrastada. En paralelo, contrastan el programa con afectados por la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que inundó decenas de municipios en octubre y noviembre de 2024), sindicatos, empresas, autónomos, y entidades culturales.
El diagnóstico cabe en una frase: el problema es Madrid. Traducido: los territorios que logran objetivos son los que presionan con instrumentos políticos propios y no se dejan tutelar por Génova o Ferraz. Chirivella pide resultados concretos a Diana Morant y a Esteban González Pons y recuerda que en marzo de 2025 PP y Vox votaron contra la comisión de investigación de la DANA. «A Madrid hay que llegar antes de que las decisiones estén tomadas», resume.
De ahí sus tres banderas irrenunciables. Financiación justa y compensación del perjuicio acumulado; reconstrucción efectiva tras la DANA, con verdad, reparación y prevención; y autogobierno real, con Derecho Civil Valenciano, lengua e instituciones respetadas. A eso suma una policía autonómica propia con medios operativos, prevista en el Estatuto y pendiente de desarrollo por el Consell (el gobierno autonómico) y las Corts Valencianes.
El valencianismo que propone Chirivella no se mide en discursos solemnes sino en avales, enmiendas y votos contados en el Congreso.
Las tres facturas que Chirivella pone sobre la mesa
La primera es la deuda. En un escenario sin condonación, las previsiones para 2026 sitúan la deuda valenciana en 66.095 millones de euros y el gasto en intereses en 1.318 millones. El FLA es «un préstamo con intereses a más del tres por ciento», no la financiación suficiente que reclama. Y abre otro frente: los 40 millones aprobados para el transporte metropolitano de Valencia frente a 126,89 de Madrid y 149,30 de Barcelona.
La segunda factura es ferroviaria. El tercer carril de la segunda vía València–Castelló acumulaba aplazamientos desde 2023, tampoco cerró en 2025 y la previsión publicada este octubre sitúa el final de obra a principios de 2027. El AVE regional entre las tres capitales, anunciado para 2027, figura ahora para comienzos de 2028. El cambio de ancho entre Castelló y Tarragona, también en 2028. El túnel pasante de Valencia sigue sin fecha. «No queremos otra presentación del Corredor Mediterráneo: queremos utilizarlo», zanja.
La tercera es el autogobierno. En enero de 2024, PP y PSOE impidieron tramitar su enmienda sobre Derecho Civil en la reforma del artículo 49. Desde marzo de 2026, el PP bloquea en las Corts Valencianes la votación de la delegación valenciana para legislar en familia, régimen económico matrimonial y sucesiones, y lo vincula a la renovación de órganos estatutarios. Chirivella reconoce el empuje de Joan Baldoví y recuerda que en el 750 aniversario de la muerte de Jaume I no basta con homenajes.
Sobre la transversalidad no esquiva: ninguna ideología tiene el monopolio de defender a los valencianos, pero pone límites en democracia, igualdad y honestidad. Marca distancia con Vox por la lengua y por su rechazo al Derecho Civil, y le pregunta por qué apoyó la reforma del Código Foral de Aragón en junio de 2024. Tampoco acepta presentar como favor lo que es obligación: las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros son prestaciones aseguradoras, no subvenciones. Y en cultura ya tiene otra petición: un convenio plurianual para el Palau de les Arts, cuyos 2,5 millones estatales de 2025 considera un avance, no un techo.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, esta candidatura presiona por el flanco donde el Consell de Juanfran Pérez Llorca y la oposición libran su batalla: financiación y reconstrucción. PP y Vox sostienen que el problema está en el Gobierno central; PSPV y Compromís replican que la Generalitat ejecuta poco y tarde. Chirivella dispara a los dos lados y añade una crítica incómoda para el valencianismo de izquierdas: Compromís pactó en 2020 una propuesta de financiación en ocho meses y respaldó los presupuestos de 2021, 2022 y 2023 sin lograr la reforma.
La dimensión nacional es decisiva. Las próximas elecciones generales deben celebrarse antes del 22 de agosto de 2027, y el calendario de avales de Agenda Valenciana se ordena en función de esa cita. En un Congreso fragmentado, un puñado de escaños ha bastado para condicionar investiduras y presupuestos. El espejo que Chirivella elige es Coalición Canaria, formación que convirtió su minoría en capacidad de decisión sin comprometer el voto de antemano.
La próxima prueba no está en Madrid, sino en las Corts. La votación de la delegación valenciana para recuperar competencias en Derecho Civil sigue bloqueada desde marzo, y cualquier proyecto que aspire a negociar en Madrid tendrá que explicar antes qué hace con ese bloqueo en casa. Los avales dirán, en los próximos meses, si Agenda Valenciana es una candidatura valencianista con recorrido en el Congreso o un aldabonazo en la puerta.
Ficha del Caso
- El caso: José Ramón Chirivella, expresident de Juristes Valencians, impulsa Agenda Valenciana para concurrir al Congreso por Valencia con un discurso de negociación frente a la subordinación a las direcciones nacionales de los partidos.
- Datos importantes: registro del proyecto el 15 de octubre de 2026 y recogida de avales; deuda valenciana prevista de 66.095 millones para 2026 e intereses de 1.318 millones; 40 millones de transporte metropolitano frente a 126,89 para Madrid y 149,30 para Barcelona.
- Resumen: la candidatura trata de convertir el valencianismo en fuerza capaz de condicionar decisiones estatales en financiación, reconstrucción tras la DANA y Derecho Civil Valenciano.
