El reglamento de deforestación de la UE empieza a exigir el 30 de diciembre a la soja y el café importados prueba de origen libre de tala: el primer examen real de la due diligence ESG.
Hasta ahora, el riesgo forestal se despachaba con informes voluntarios y códigos de conducta. Desde esa fecha, las medianas y grandes empresas que vendan en el mercado comunitario soja, café, cacao, aceite de palma, caucho, madera o productos del ganado deberán presentar una declaración de diligencia debida que acredite que la materia prima no sale de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Sin ese documento, no hay venta.
El calendario llega con dos aplazamientos a la espalda y una promesa: la Comisión Europea sostiene que no habrá un tercer retraso. La fecha lleva meses escrita en los planes de compra de las importadoras europeas.
Siete materias primas, ninguna prórroga más y 70 millones sobre la mesa
Responde el importador que introduce el producto, y el perímetro es amplio: siete materias primas y sus derivados, con una revisión que en mayo amplió la lista al café soluble y a varios derivados del aceite de palma. La clasificación de países por riesgo —bajo, estándar o alto— decide cuánta documentación se exige. El texto legal completo está en el reglamento (UE) 2023/1115.
Ahí está la primera factura. En septiembre de 2023, diecisiete países productores, entre ellos Brasil, Indonesia y Malasia, tacharon el sistema de discriminatorio y punitivo, y advirtieron de que los pequeños productores podían quedar fuera del mercado por no poder demostrar el cumplimiento sin haber talado un solo árbol. Bruselas comprometió entonces 70 millones de euros de apoyo. La cifra sigue siendo el punto más discutido del expediente.
Una norma que exige capacidad institucional a quien no la tiene no reparte el coste: lo traslada al eslabón más débil de la cadena.
La letra pequeña: el cuero salió y el langostino nunca entró
La norma también ha encogido por el camino. Desde el 18 de septiembre, el cuero ya no forma parte del reglamento. La Comisión lo justifica por su escaso valor —el sector lo cifra en torno al 1,5 % del valor de una res en el matadero— y por la incoherencia de exigir trazabilidad a la piel mientras zapatos y bolsos quedaban fuera. La inclusión no volverá a estudiarse hasta 2030.
La cadena que abarata la camisa es la misma que vacía el acuífero: regular solo un extremo deja el coste donde siempre.
El segundo hueco pesa más. El langostino de acuicultura no está en la lista y la revisión de mayo lo dejó fuera otra vez. En el sureste de Bangladesh, el manglar de Chakaria —8.510 hectáreas declaradas reserva forestal en 1903— se abrió al cultivo comercial de camarón en 1977 con préstamos garantizados por el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial. Para 1995 el bosque era una sucesión de estanques. El reglamento solo mira la deforestación posterior a 2020: ese daño queda fuera por definición.
Y la conversión sigue. Entre 2000 y 2016, el 62 % de la pérdida mundial de manglar se debió a cambios de uso del suelo, sobre todo acuicultura y agricultura, y hasta el 80 % de la pérdida de origen humano se concentró en seis países del sudeste asiático exportadores. Son bosques talados ahora, después de la fecha de corte.
📊 El reglamento en cifras
- Materias primas: siete, más derivados: soja, café, cacao, aceite de palma, caucho, madera y ganado.
- Fecha de corte: solo cuenta la deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020.
- Empresas obligadas: medianas y grandes; la declaración de diligencia debida condiciona la venta.
- Ayuda comprometida: 70 millones de euros para que los pequeños productores puedan demostrar cumplimiento.
El Ómnibus recorta la norma que sí miraba el agua
Ninguna de esas ausencias la corrige el instrumento pensado para lo demás. La directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial obligaba a identificar y prevenir daños ambientales en toda la cadena, incluido un acuífero agotado o un río contaminado. El paquete Ómnibus I, en vigor desde marzo, elevó el umbral de 1.000 a 5.000 empleados y de 450 a 1.500 millones de euros de facturación, y retrasó su aplicación hasta julio de 2029. Las grandes marcas siguen dentro; las importadoras medianas, no.
Los datos que quedan fuera son de agua. El acuífero bajo Dhaka y Gazipur desciende entre dos y tres metros al año por el bombeo urbano e industrial. Los ríos Buriganga, Turag y Shitalakshya reciben vertidos sin depurar. Y los investigadores que midieron el reciclaje real de agua en el textil lo situaron entre el 2 % y el 3 %, frente al 15 % que declaraban las fábricas: un estudio de 2025 en Sustainability lo llama intercambio desigual de agua.
El volumen del negocio explica por qué importa. La ropa supone alrededor del 80 % de las exportaciones de Bangladesh y en 2024 la Unión Europea compró el 50,34 % de ella. Bangladesh es el segundo proveedor de ropa de España, con cerca del 18 % de las importaciones de 2023. Europa importa la camisa; la deuda hídrica se queda en el país.
Quién paga la trazabilidad: el examen real de la due diligence
Hay un precedente que sirve de espejo. La norma europea sobre la madera dejó la verificación en manos del importador y convirtió la prueba documental en el cuello de botella de de toda la cadena. El mecanismo de deforestación repite ese diseño y añade una asimetría: quien debe demostrar el cumplimiento es el productor con menos capacidad administrativa, mientras el comprador europeo recibe un expediente limpio. La Comisión presume de haber recortado un 75 % los costes de cumplimiento frente a sus estimaciones de 2023.
La corrección pasa por regular al comprador. Incorporar el langostino de acuicultura vía la revisión que la propia norma prevé, devolver a la directiva de diligencia debida su alcance y su calendario, hacer explícitos el agua y la contaminación entre los daños a vigilar y obligar a los importadores a financiar la trazabilidad. Sin ese giro, cumplir será otra transferencia de recursos del productor al consumidor. El Pacto Verde Europeo se juega ahí su credibilidad como estándar global.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Siete materias primas quedan sujetas a prueba documental de origen y la soja o el café sin trazabilidad no podrán venderse en la UE.
- Modelo que cambia: El informe voluntario de sostenibilidad deja paso a una declaración de diligencia debida verificable, con el importador como responsable.
- Para las próximas generaciones: La fecha de corte de 2020 impide que la expansión agrícola posterior se consolide como paisaje permanente en los países productores.
