Ocho países y la Unión Europea han firmado hace unos días ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, un nuevo tratado que refuerza la capacidad de las autoridades para confiscar activos, incluidos los criptoactivos, obtenidos mediante conductas delictivas. Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido han sido los primeros de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa en firmar el tratado, abierto a la firma con motivo de la conferencia Octopus 2026 sobre ciberdelincuencia.
El nuevo tratado, un Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (el «Convenio de Varsovia»), moderniza los marcos jurídicos e institucionales para la recuperación de activos, en respuesta a unas redes delictivas cada vez más sofisticadas, transnacionales y tecnológicamente avanzadas.
«El dinero ilícito sostiene al crimen organizado. También compra lo que nunca debería estar en venta: nuestras democracias. Quitar ese dinero es seguridad democrática», declaró el Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset. «Ningún Estado puede recuperar activos delictivos en el extranjero por sí solo. Con este protocolo, ninguno tendrá que hacerlo», añadió.
El protocolo refuerza el Convenio de Varsovia, un tratado internacional fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo adoptado en 2005. Introduce nuevas e importantes herramientas para seguir el rastro del dinero. Los tribunales podrán confiscar bienes vinculados a conductas delictivas más amplias, en algunos casos sin necesidad de una condena penal. También se podrán perseguir los activos en manos de terceros, protegiendo al mismo tiempo a los titulares de buena fe.
Las autoridades podrán congelar o embargar activos de forma urgente, cuando proceda y sin previo aviso, antes de que puedan ser trasladados u ocultados. El protocolo también exige a los Estados la creación de oficinas para la localización y gestión de activos delictivos. Asimismo, refuerza el papel de las unidades de inteligencia financiera y mejora el acceso de las autoridades a los datos financieros y de activos virtuales.
El uso eficaz de las herramientas y mecanismos previstos en el protocolo hará que la recuperación transfronteriza de activos sea más rápida y justa. El protocolo reforzará la cooperación internacional mediante un intercambio de información más amplio, investigaciones conjuntas y la cooperación directa entre las oficinas de recuperación y de gestión de activos, que estarán obligadas a responder a las solicitudes en plazos determinados, incluido un plazo de tres días en casos urgentes.
Los activos confiscados se devolverán con carácter prioritario a las víctimas o a sus legítimos propietarios, y las sumas confiscadas que superen los 10.000 euros se repartirán, por regla general, a partes iguales entre los países implicados. También se anima a los Estados a utilizar los bienes confiscados para fines sociales o de beneficio público, transformando los productos del delito en un beneficio para las comunidades.
Se requieren cinco ratificaciones para que el protocolo entre en vigor, tres de ellas por parte de Estados miembros del Consejo de Europa. Los Ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron el protocolo adicional durante su sesión anual del Comité de Ministros celebrada en Chisinau el 15 de mayo de 2026.
