La jueza María Tardón ha ampliado las diligencias por la entrada masiva en Ceuta con la citación de ocho testigos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La instructora amplía la causa por la entrada masiva desde Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
- ¿Dónde y cuándo? Ceuta. Auto del 16 de octubre y providencia del 19 de octubre.
- ¿Qué resultado? Ocho testigos entre el 26 y el 28 de octubre, entre ellos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Del Estado Mayor de la Defensa a la Comandancia de Ceuta
La titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia dirige una batería de diligencias para reconstruir qué información manejaban las autoridades antes de la llegada de miles de personas y qué decisiones adoptaron para responder. Las resoluciones no atribuyen responsabilidades penales a los citados, que comparecen en calidad de testigos. El procedimiento figura registrado por un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado.
Tardón reclama al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto, además del informe original del REW 32 citado en la documentación desclasificada por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre. La resolución alcanza al CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), a los informes de su grupo de seguimiento de Marruecos y a la interceptación sobre la frontera del programa Santiago.
El requerimiento de imágenes por satélite amplía su intervalo: lo que antes arrancaba el 20 de julio se adelanta ahora al día 15, con el 7 de agosto como fecha final. La magistrada pide además grabaciones de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo. La petición alcanza a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y los órganos militares señalados en el auto.
El tercer eje son las reuniones del 27, 28 y 30 de julio. Tardón requiere a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios de esos encuentros. Varios testigos coincidieron en que en esas citas se abordó la gravedad de la situación y se trasladó la necesidad de actuar con urgencia; la documentación deberá precisar el contenido exacto de aquellas advertencias y la posición de cada institución.
La Guardia Civil y la Policía Nacional sostienen el control de la frontera sur de Europa con medios propios y en coordinación permanente con la agencia FRONTEX.
Ocho testigos en tres días
La providencia del 19 de octubre añade dos comparecencias nuevas después de recibir un oficio policial y un fotograma que identifican a agentes presentes en los hechos. Lorenzo Juan Fages Cortés, exinspector jefe de la Policía Nacional, declarará el 26 de octubre a las 10:00 horas; el teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta lo hará a las 11:00 horas.
El auto previo fijó para el 27 de octubre a los consejeros del Gobierno ceutí Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas. El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, los identificó como responsables con presencia directa en las zonas afectadas. El 28 de octubre declararán un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional que estaban de servicio el 30 de julio.
La instructora ordena identificar a un residente en Benzú que, según el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, habría facilitado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos y concentraciones de personas en territorio marroquí. Ese testigo lo describió como un interlocutor constante y fiable de la Comandancia. Guardia Civil y Policía Nacional deberán localizar tanto al informante como a los agentes que mantuvieron contacto con él.
Las cifras oficiales que reclama la instructora
El auto subraya que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se han aportado cifras concretas sobre aspectos esenciales. Tardón reclama al Ministerio del Interior, a los responsables policiales de Ceuta, a la Ciudad Autónoma y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa los datos oficiales de entradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados. Pide también informes sobre servicios sociales, sanidad e infraestructuras y el documento de daños económicos que Vivas citó en su declaración del 30 de septiembre.
La magistrada rechaza que se trate de una investigación prospectiva: las actuaciones parten de datos aportados por testigos que ya han declarado y de extremos que presentan «zonas de incertidumbre». Las dos resoluciones pueden recurrirse en reforma ante el propio órgano judicial en el plazo de tres días.
El contexto institucional
Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre en África. El control del perímetro corresponde a la Guardia Civil y la competencia sobre extranjería y documentación, a la Policía Nacional, en un despliegue permanente que se coordina con la agencia europea FRONTEX. La presión migratoria irregular en la ruta del Estrecho es una amenaza estructural y no un episodio aislado: el Ministerio del Interior publica balances periódicos de esa presión, con series comparables entre ejercicios.
La causa se tramita bajo control judicial y con todas las garantías. Los agentes y cargos públicos citados comparecen como testigos, no como investigados, y la propia instructora descarta expresamente que se trate de una investigación prospectiva. Los requerimientos se dirigen a unidades y organismos que operan bajo el mando del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, en el marco ordinario de colaboración con la administración de justicia.
España es uno de los Estados que más recursos aporta a FRONTEX y mantiene destacamentos permanentes de la agencia en el Estrecho y en Canarias, según los informes anuales del organismo europeo. El calendario procesal sitúa las próximas comparecencias entre el 26 y el 28 de octubre; después quedará pendiente el grueso documental, con informes militares, imágenes por satélite y actas de las reuniones previas que pueden tardar semanas en incorporarse a la causa.
