EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Canarias aprueba la ley de autoridad docente con los votos de CC, PP, AG, AHI y Vox; PSOE y NC-bc se abstienen.
- ¿Quién está detrás? El cuatripartito que preside Fernando Clavijo y la Consejería de Educación, con el respaldo externo de Vox.
- ¿Qué impacto tiene? El profesorado gana blindaje jurídico y psicológico ante agresiones, pero la norma llega sin partida presupuestaria que la desarrolle.
El Parlamento de Canarias aprueba la ley de autoridad docente con el cuatripartito y Vox y la abstención de PSOE y NC-bc.
Una votación de bloque y una ley que llega sin dinero
La norma ha salido adelante este miércoles en el pleno de la Cámara autonómica con los votos de CC, PP, AG y AHI —los cuatro grupos que sostienen al Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo— y de Vox. PSOE y NC-bc (Nueva Canarias-Bloque Canarista) se han abstenido. La ley se aprueba sin un solo voto en contra.
El texto incorpora apoyo jurídico y psicológico para el profesorado víctima de agresiones, la creación de una unidad administrativa de atención, protección y asesoramiento, el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente y la presunción de veracidad de su testimonio, aunque con matices que la oposición considera decisivos.
Lo que la ley no trae es presupuesto. La norma no incluye memoria económica ni partida para sus medidas, un vacío que ha enfrentado al Ejecutivo con con las asociaciones de familias y con buena parte de la comunidad educativa durante toda la tramitación.
Marcos Hernández (PSOE) ha resumido la posición socialista en dos palabras: «poco recorrido». El diputado ha recordado que el Consejo Consultivo —el órgano que fiscaliza la legalidad de los proyectos normativos del Ejecutivo canario— admite que «la innovación es escasa» y advierte de inseguridad jurídica por duplicidad con la ley canaria de educación. Ha pedido recuperar el pago de sexenios (los complementos que retribuyen la formación y la trayectoria del docente) y la estabilidad de los claustros.
Una ley que reconoce la autoridad del profesorado pero no paga ni un complemento deja al docente igual de solo frente al aula.
Carmen Hernández (NC-bc) comparte la necesidad de reforzar al docente, pero sostiene que la ley nace sin consenso en la comunidad educativa. Ha lamentado que las enmiendas de su grupo, avaladas por el Consejo Escolar (el órgano de participación de las familias, el alumnado y el profesorado), hayan caído y ha calificado el texto de «palmadita en la espalda» y «papel mojado».
Del «papel mojado» al respaldo tibio de Vox
Javier Nieto (Vox) ha dado el sí con el freno echado. «Ya hay normas jurídicas para dar autoridad al profesorado, pero no está llegando», ha dicho, antes de admitir que el problema «no está resuelto sino que está empeorando». Cree que la norma no tendrá grandes efectos por los «problemas estructurales» de fondo: «Los docentes no pueden hacer milagros».
Sonsoles Martín (PP) ha defendido que «las leyes que estaban en marcha no eran suficientes» y ha negado que el texto nazca «de espaldas» a la comunidad educativa. Jonathan Martín (CC) ha subrayado que la autoridad pública no es un privilegio: «Proteger al profesorado es proteger al alumnado».
Desde el Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI) ha instado a la Consejería de Educación a dotar de medios la norma, y Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la asistencia jurídica y psicológica gratuita ante agresiones.
El Pulso Territorial
Canarias está gobernada desde 2023 por una coalición de cuatro formaciones —CC, PP, AG y AHI— que necesita apoyos puntuales en la Cámara. El Ejecutivo de Clavijo afronta el tramo final de la legislatura con las elecciones autonómicas de mayo de 2029 en el horizonte y con un socio parlamentario, Vox, que respalda la ley pero la considera insuficiente. La tensión no es nueva en la educación canaria: la Ley Canaria de Educación No Universitaria se aprobó con un consenso amplio que esta norma no ha replicado, y ese contraste es el argumento que PSOE y NC-bc repiten en cada intervención.
El dato que ordena el debate es otro. Canarias arrastra una de las tasas de abandono escolar temprano más altas del Estado, y esa brecha sigue siendo el gran asunto pendiente del sistema autonómico. Una ley que ordena la autoridad del docente sin tocar ratios, interinidad ni retribuciones difícilmente moverá ese indicador.
Lo que viene ahora es el desarrollo reglamentario y, sobre todo, el dinero. La Consejería de Educación deberá decidir si dota la unidad de atención al profesorado con personal propio, y esa decisión se cruzará con la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2027. El riesgo es conocido: sin partida, la ley se queda en el BOIC (el Boletín Oficial de Canarias).
Ficha Autonómica
- El caso: El pleno del Parlamento de Canarias aprueba la ley de autoridad docente con el respaldo del cuatripartito y Vox y la abstención de PSOE y NC-bc.
- Datos importantes: La norma reconoce la autoridad pública del profesorado y crea una unidad de atención y asesoramiento, pero no incluye memoria económica ni partida presupuestaria.
- Resumen: La ley queda aprobada y pendiente de desarrollo reglamentario; el próximo pulso será la dotación de medios en los presupuestos autonómicos de 2027.
