EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El pleno de la Eurocámara ha aprobado por 326 votos a favor y 244 en contra retrasar tres años la aplicación del Reglamento de Metano de la UE. Las obligaciones de medición para petroleras y gasistas pasan de 2027 a 2030.
- ¿Quién está detrás? La enmienda la firmó el PPE y la votaron con él los ultraderechistas de PfE y ESN y los conservadores de ECR. Renew, los Socialistas y los Verdes se opusieron. La Comisión solo había planteado un año de prórroga, hasta 2028.
- ¿Qué impacto tiene? España, con cerca del 30% de la capacidad de regasificación de la UE, gana margen regulatorio para sus importadores de gas natural licuado. El texto no es definitivo: el Consejo sigue sin posición común y la negociación final se dirimirá en el trílogo.
El Parlamento Europeo aprueba retrasar tres años el Reglamento de Metano de la UE: las obligaciones clave se van a 2030.
La norma —Reglamento (UE) 2024/1787, consultable en el DOUE— obliga a petroleras y gasistas a medir, declarar y verificar sus emisiones de metano, un gas con una capacidad de calentamiento ochenta veces superior a la del CO2 en un horizonte de veinte años. Tenía que aplicarse en 2027. La Comisión Europea propuso la semana pasada una prórroga de doce meses, hasta 2028, después de meses de presión de la industria y del Gobierno estadounidense. El PPE quiso ir más lejos. Y fue.
La enmienda salió adelante con 326 votos a favor y 244 en contra. A favor, el PPE, los Patriotas por Europa de Marine Le Pen, los Soberanistas de la AfD alemana, y los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni. En contra, Renew Europe, los Socialistas y Demócratas y los Verdes. La aritmética es la noticia tanto como el resultado: la mayoría que sostiene el giro ambiental de esta legislatura ya no pasa por el centro.
Qué se ha votado y qué queda del Reglamento de Metano
El texto aprobado no deroga la norma. Mueve su calendario tres años y añade una segunda enmienda que obliga a la Comisión a revisar el reglamento y proponer los cambios que estime necesarios antes de mediados de 2029. La combinación es relevante: la revisión aterrizará en plena campaña de las elecciones europeas de junio de 2029, con la prórroga aún vigente y con margen para una rebaja definitiva.
La presión venía de lejos. Petroleras y gasistas llevan meses sosteniendo que los requisitos de seguimiento son ambiguos y que una aplicación acelerada provocaría fallos de cumplimiento y, con ellos, cortes de suministro. ‘El aplazamiento de los requisitos para los importadores de petróleo y gas del Reglamento de Metano es una cuestión de responsabilidad política’, han defendido los eurodiputados del PPE Andrea Wechsler y Christian Ehler.
Bruselas llamó ambición a exigir la medición del metano en 2027; la Eurocámara acaba de rebautizarla como calendario flexible y ha dejado la factura para quien venga después.
A eso se suma el argumento geopolítico. Cerca del 20% del comercio mundial de gas natural licuado atraviesa el estrecho de Ormuz, y la crisis en Oriente Próximo ha entregado a la industria un relato difícil de rebatir en público: cualquier exigencia nueva, dicen, encarece la molécula y compromete el suministro. El Gobierno de Estados Unidos ha empujado en la misma dirección, consciente de que su GNL es hoy uno de los pilares del abastecimiento europeo.
El Consejo, sin acuerdo: Berlín, Roma y Varsovia marcan el paso
El frente que queda abierto es el de los Estados miembros. Los representantes permanentes no lograron cerrar una posición común este miércoles, tras el pulso de Alemania, Italia y Polonia, partidarias de un aplazamiento cuando menos equivalente al que acaba de votar la Eurocámara. La presidencia del Consejo intentará un compromiso el 28 de octubre. Si no lo consigue, el expediente se queda en el limbo y el reglamento se aplicará con el calendario de 2027 intacto por pura parálisis.
España llega a esa negociación con un perfil distinto al de las tres grandes economías. En las carpetas climáticas de esta legislatura, Madrid ha tendido a alinearse con el bloque que pide no rebajar la ambición —Países Bajos, Francia, Dinamarca y Suecia—, mientras Alemania, Italia y Polonia reclamaban más margen. El problema para Moncloa es de aritmética interna: si el Consejo se pliega al Parlamento, el retraso será de tres años; si se pliega a la Comisión, de uno. Ninguna de las dos opciones deja a España donde quería estar.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos estos meses es un cambio estructural en la geometría de la Eurocámara. Desde 2024, los grupos de la derecha y la ultraderecha suman mayoría en el hemiciclo, y el PPE ha dejado de tratar el cordon sanitaire —el pacto no escrito que impedía legislar con la extrema derecha— como una frontera infranqueable. Ya ocurrió hace un año con las reglas de información corporativa sobre sostenibilidad, cuando los populares votaron junto a la ultraderecha para rebajar las obligaciones de las empresas. El precedente no se ha revertido. Se ha normalizado.
Para España el cálculo es menos ideológico y más industrial. El país concentra cerca del 30% de la capacidad de regasificación de la Unión, con seis plantas en Barcelona, Huelva, Cartagena, Sagunto, Mugardos y Bilbao, y es uno de los primeros mercados de entrada de GNL del continente. Operadores como Enagás, Naturgy, Repsol o Moeve llevan dos años preparando sistemas de medición y certificación para cumplir en 2027. Ese esfuerzo no se pierde, pero deja de ser una ventaja competitiva: si todos los importadores europeos tienen hasta 2030, quien se adelantó asume el coste sin cobrar el diferencial.
Hay un segundo efecto, menos visible. El Reglamento de Metano era la primera norma europea que trasladaba exigencias de emisiones a los productores de fuera de la UE —Argelia, Nigeria, Estados Unidos, Catar— a través de los importadores. Retrasar su aplicación tres años debilita la posición negociadora de Bruselas justo cuando la Comisión presume de diplomacia energética. ¿De qué sirve exigir intensidad de metano a un socio extranjero si el calendario propio se mueve cada vez que la industria protesta?
La lectura a cinco años es incómoda para el Pacto Verde. Cada revisión que se abre es una oportunidad para recortar, y el PPE ha aprendido que la mayoría del hemiciclo se construye por la derecha sin coste electoral aparente. El Fit for 55 se negoció entre 2021 y 2023 con una coalición centrista que ya no existe. Lo que queda es un cuerpo legislativo enorme al que se le están aflojando los tornillos uno por uno: primero la información corporativa, ahora el metano, después la directiva de diligencia debida.
Eso sí, el retraso no está cerrado. El Consejo vuelve a la mesa el 28 de octubre y de ahí saldrá un mandato que tendrá que medirse con el Parlamento en trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Eurocámara que fija la versión final de cada ley europea). Si los Estados se dividen, el expediente se enquista hasta 2027 y la norma se aplicará tal cual estaba escrita, con los importadores españoles corriendo para certificar lo que casi tienen certificado.
Nadie debería descartar un término medio en 2028: la Comisión no ha retirado su propuesta de prórroga de un año y esa sigue siendo la salida típicamente europea. Nadie gana del todo, nadie pierde del todo y el calendario climático se estira hasta que pierde sustancia. Cosas que pasan en Bruselas.
La próxima cita es el 28 de octubre, en el Comité de Representantes Permanentes. De ahí saldrá la dimensión real del giro: si el Consejo acepta los tres años, el Reglamento de Metano pasará de ser una de las normas más ambiciosas del mundo en su materia a un calendario voluntarioso. Y España, que llegó antes, habrá pagado por llegar tarde.
