La Confederación del Júcar abre la participación de diez proyectos antinundación en el Poyo, Magro y Pozalet

Las jornadas de la Confederación del Júcar arrancan el 26 de octubre en Alfafar y se extenderán hasta mediados de noviembre. Las alegaciones se abrirán un mes, cuando se publique la memoria técnica.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abre el lunes la participación pública de los diez proyectos antinundación del Poyo. Habrá jornadas en los municipios afectados y un mes de plazo para alegar.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La CHJ, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica, inicia el proceso participativo de diez proyectos para reducir el riesgo de inundación en las cuencas del Poyo, el Magro y el Pozalet-Saleta, los territorios más castigados por la DANA.
  • ¿Quién está detrás? La Confederación y las ingenierías que redactan los proyectos, con los ayuntamientos de Alfafar, Aldaia, Paiporta, Chiva y Alzira como interlocutores directos.
  • ¿Qué impacto tiene? Vecinos, entidades y administraciones podrán revisar y enmendar las soluciones técnicas antes de que queden cerradas.

Diez proyectos, cuatro millones y un mes: qué se decide de verdad en esta ronda

Los trabajos de redacción, estructurados en dos lotes, se adjudicaron por un importe conjunto de cerca de cuatro millones de euros. Ese dinero paga proyectos. Todavía no hay excavadora en el barranco.

La secuencia es la que marca el calendario. Primero, las jornadas informativas en los municipios. Después, la publicación de una memoria técnica en la web del organismo. A partir de ese momento se abre un plazo de un mes para recibir aportaciones de administraciones, asociaciones, y ciudadanía. Solo entonces se cerrarán las soluciones definitivas, con un objetivo declarado: adaptar cada actuación al territorio y minimizar las afecciones a los vecinos.

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¿Qué se está estudiando? Zonas de almacenamiento controlado —espacios que retienen agua durante una avenida y la sueltan después—, parques inundables, el aumento de la capacidad hidráulica del barranco del Poyo y una futura Vía Verde hacia el nuevo cauce del Turia. En la rambla del Poyo, entre Chiva y Cheste, se proyecta una de esas áreas de retención para laminar el caudal que baja hacia l’Horta Sud. En el entorno de Paiporta, Catarroja, Massanassa y Sedaví se estudia un parque inundable. Las soluciones parten de dónde se desbordó el agua, no de una idea previa.

De Alfafar a Paiporta: el calendario que mide la reconstrucción

La primera cita será el lunes 26 de octubre en Alfafar, con los municipios del entorno: Benetússer, Llocnou de la Corona y Sedaví. El 29 de octubre la sesión se traslada a Alzira, donde se abordará la ampliación del cauce del Magro, la restauración de su vegetación de ribera en Algemesí y las zonas de almacenamiento de la cuenca media-baja. El 31 de octubre la Confederación participará en una jornada divulgativa del Ayuntamiento de Chiva. El 5 de noviembre, Aldaia acogerá la cita sobre el Pozalet-Saleta. Y el 10 de noviembre, Paiporta.

Alzira no es una fecha casual: cae el mismo día en que se cumplen dos años de la DANA. La efeméride encontrará a la administración hidráulica estatal presentando propuestas sobre planos, mientras en Aldaia el proyecto de La Saleta sigue pendiente de adjudicación, una de las actuaciones más reclamadas por los vecinos de la cuenca baja. Las asociaciones de afectados vienen pidiendo desde hace meses que el calendario de las obras, y no solo el de las reuniones, se haga público.

A dos años de la DANA, la reconstrucción del Poyo se decide todavía sobre planos: primero el proyecto, luego la obra y al final el presupuesto.

Sobre el reparto de competencias conviene ser precisos. La Confederación del Júcar es un organismo del Estado y responde ante el Ministerio para la Transición Ecológica; el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) gestiona carreteras, infraestructuras locales y emergencias. Esa partición explica por qué la reconstrucción avanza por vías paralelas que a veces no se tocan. El coste de las obras —lo que de verdad mueve la aguja— no figura en la información difundida estos días por la CHJ.

cuenca del Poyo

El Escenario Valenciano

En lo político, la cita llega con el pacto PP-Vox consolidado en el Consell de Juanfran Pérez Llorca y con la DANA como eje que ordena casi todo. El president puede reclamar interlocución con Madrid, pero no la ejecución de unas obras que no son suyas.

La oposición de PSPV y Compromís lleva meses exigiendo un calendario cerrado y cifras de inversión.

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El expresident Carlos Mazón, dimitido en noviembre de 2025 y hoy diputado en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico, sigue vinculado al proceso judicial sobre la gestión de la emergencia.

La dimensión estatal es determinante. Buena parte de la respuesta económica ha llegado por vía del Estado, con el Consorcio de Compensación de Seguros (el organismo público que cubre daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega) como principal pagador de indemnizaciones, y con fondos europeos cuyo encaje en cada obra aún debe concretarse. En el Congreso, la DANA ha sido materia recurrente de preguntas y comparecencias. Los precedentes españoles —Biescas en 1996, las riadas de Murcia en 2012— avisan de que entre el proyecto y la excavadora suele haber años.

El calendario más inmediato es concreto: jornadas hasta la segunda semana de noviembre, memoria técnica después y un mes de alegaciones. Para entonces, la pregunta que Paiporta, Aldaia y Alfafar seguirán haciendo será la misma: cuándo empieza la obra.

Ficha del Caso

  • El caso: La CHJ abre la participación pública de diez proyectos para reducir el riesgo de inundación en las cuencas del Poyo, el Magro y el Pozalet-Saleta, las más golpeadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.
  • Datos importantes: redacción adjudicada por cerca de 4 millones de euros en dos lotes; jornadas del 26 de octubre al 10 de noviembre; un mes de plazo de alegaciones tras la memoria técnica; La Saleta, pendiente de adjudicación.
  • Resumen: el diseño de la defensa frente a futuras avenidas entra en fase de consulta mientras el coste de las obras y su calendario siguen sin concretarse.