Los juzgados de Vigo han empezado a suspender desahucios para comprobar si los inquilinos cumplen los supuestos de vulnerabilidad que fija el Real Decreto 29/2026.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los jueces de Vigo han suspendido entre tres y cuatro desahucios para revisar la vulnerabilidad que exige el nuevo decreto de vivienda.
- ¿Quién está detrás? El Consejo de Ministros aprobó los decretos y los juzgados de la Cidade da Xustiza los aplican caso por caso.
- ¿Qué impacto tiene? La Xunta dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o hacer frente a los pagos que reclama el arrendador.
El Real Decreto 29/2026 aterriza en los juzgados de Vigo
Los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros ya tienen consecuencias prácticas en la Cidade da Xustiza de Vigo. Según confirman fuentes de la antigua oficina de notificaciones y embargos, algunos jueces han paralizado entre tres y cuatro lanzamientos en las últimas semanas. El número es todavía pequeño, pero la mecánica es nueva: ya no basta con acreditar la vulnerabilidad, el juez debe revisarla antes de autorizar el desalojo.
El Real Decreto 29/2026 fija una moratoria para quienes estén en situación de vulnerabilidad. La definición no es ambigua: el gasto en alquiler y suministros debe igualar o superar el 30% de los ingresos netos de la unidad familiar, y además debe acreditarse que no existe una alternativa habitacional. Cuando concurren ambas condiciones, el proceso puede suspenderse hasta un máximo de cuatro meses.
El tribunal está obligado a requerir a la Administración un informe sobre si se ha ofrecido una alternativa a esas personas. Si la respuesta es negativa, la paralización se activa de nuevo. El decreto concede, además, un plazo máximo de dos meses para ofrecer una vivienda adecuada o, en su defecto, hacer frente a los pagos que reclama el arrendador. Durante ese tiempo, el procedimiento queda en suspenso.
En Vigo, las suspensiones por vulnerabilidad con menores o dependientes ya se practicaban antes. La novedad está en el papel reforzado de la Administración en los lanzamientos por falta de pago, lo que lleva a algunos jueces a examinar los supuestos con más detalle antes de conceder los plazos preceptivos.
El nuevo decreto no ha frenado los desahucios en Vigo: ha obligado a los jueces a comprobar, uno por uno, si el desalojo es legalmente posible.
Abogados, procuradores y una caída récord de los lanzamientos
La situación también es conocida entre abogados y procuradores, que en los últimos días han dado fe de algunas suspensiones. No se trata, eso sí, de un fenómeno generalizado ni masivo. Desde la oficina de notificaciones insisten en que los casos siguen siendo puntuales, aunque empiezan a producirse de forma regular.
La mayoría de las demandas de desahucio en Vigo responden a impagos de las rentas del alquiler. Las vinculadas a familias vulnerables son menos. Los últimos datos oficiales reflejaban un descenso sostenido: la menor cifra de lanzamientos en cinco años, con una caída récord del 60%. La reducción del parque de vivienda en alquiler y la reorganización de la propia organización judicial explican buena parte de ese descenso.
La pelota está ahora en el tejado de la Administración. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) es la encargada de responder a los requerimientos judiciales sobre alternativas habitacionales, y los dos meses de plazo convierten cada caso en una prueba de fuego para los servicios sociales autonómicos, y municipales.
El Laboratorio Gallego
Galicia vuelve a ser el terreno donde se mide la letra pequeña de una norma estatal. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, y Alfonso Rueda lleva meses reclamando al Gobierno central más margen y financiación para aplicar la ley de vivienda sin ahogar a los pequeños arrendadores. La paradoja es que son ahora los juzgados de Vigo —no los despachos de Santiago— quienes aplican el decreto caso por caso, mientras el PP nacional sostiene que la norma llega tarde y mal. Del otro lado, el BNG de Ana Pontón exige a la Xunta que concrete su parque público de vivienda, y el PSdeG reclama que los servicios sociales respondan en plazo a los requerimientos judiciales. La lectura nacional es clara: si Galicia no ofrece alternativas en dos meses, el decreto se convertirá en una moratoria de hecho en los juzgados gallegos. El plazo de dos meses será el próximo marcador: cada caso suspendido exigirá una respuesta por escrito de la Administración autonómica o municipal.
Ficha del Caso
- El caso: Los jueces de Vigo han comenzado a paralizar desahucios para revisar si los inquilinos cumplen los supuestos de vulnerabilidad del Real Decreto 29/2026.
- Datos importantes: Entre tres y cuatro lanzamientos suspendidos. Umbral de vulnerabilidad: gasto en alquiler y suministros igual o superior al 30% de los ingresos netos. Moratoria máxima de 4 meses; plazo de 2 meses para que la Administración ofrezca alternativa. Caída récord del 60% en lanzamientos en cinco años.
- Resumen: La norma estatal aterriza en los juzgados gallegos y traslada a la Xunta la responsabilidad de ofrecer alternativas habitacionales; el resultado en Galicia marcará la lectura nacional del decreto.
