El Departamento de Energía moviliza 967 millones de dólares para reforzar la red eléctrica que la inteligencia artificial está tensando.
El anuncio llegó el martes y cubre los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, los dos últimos de un programa quinquenal nacido de la ley bipartidista de infraestructuras de 2021. El secretario de Energía, Chris Wright, lo enmarcó en la agenda de precios de la Casa Blanca: ‘Bajar los costes y desatar la prosperidad son prioridades máximas para el presidente Trump‘. Los recursos, dijo, van ‘directamente a estados, territorios y tribus’.
De la ley bipartidista de 2021 al plazo del 17 de febrero
El dinero circula por el programa de subvenciones por fórmula para la resiliencia de la red (Grid Resilience State and Tribal Formula Grants), el mecanismo con el que Washington reparte fondos entre los cincuenta estados, los territorios y las tribus reconocidas federalmente mediante un reparto predefinido y poca discrecionalidad política. Cada estado decide en qué se gasta su asignación, siempre que el destino sea proteger la infraestructura eléctrica frente a tormentas severas, incendios forestales y otros eventos disruptivos.
La letra pequeña importa. Las comunidades pueden comprar generadores de emergencia alimentados con diésel, propano o gas natural, y también sistemas de almacenamiento en baterías. El programa no financia centrales eléctricas nuevas: paga parches, redundancias y equipos que evitan que un apagón se convierta en una semana sin luz. Quien quiera solicitarlo tiene hasta el 17 de febrero de 2027.
Katie Jereza, subsecretaria de la Oficina de Electricidad del departamento, resumió el objetivo: ‘Una red fuerte y fiable es la columna vertebral de la prosperidad económica americana’. El comunicado no detalla cuánto ahorrará el consumidor ni cuándo. Un detalle que conviene retener.
El cuello de botella es eléctrico.
La inteligencia artificial no se expande por decreto: se expande allí donde hay un enchufe capaz de aguantar la carga.
PJM: 32 gigavatios más y trece días de riesgo al año
El espejo donde se mira el problema es PJM Interconnection, el operador de red que gestiona el mercado mayorista en trece estados y el Distrito de Columbia, con unos 67 millones de clientes. Sus previsiones sitúan en unos 32 gigavatios el aumento de la demanda punta para 2030. Los centros de datos explican el 94% de ese crecimiento. No es una cifra menor: equivale a añadir la potencia de una treintena de reactores nucleares medianos en cuatro años.
Los reguladores de Pensilvania advirtieron en septiembre de que, en un escenario de alta demanda y poca generación nueva, el sistema podría entrar en déficit hasta 13 días al año. La FERC, la comisión federal que regula el transporte de electricidad, rechazó este mes parte de la propuesta de PJM para obligar a los grandes consumidores a recortar consumo en emergencias y aprobó en su lugar un registro para identificarlos. ‘La demanda crece más rápido de lo que entran en servicio las nuevas plantas’, resumió el portavoz de PJM, Jeff Shields.
En el fondo late una cuestión política: quién paga la ampliación. En Maryland los recibos ya han subido y los vecinos de los nuevos centros de datos preguntan por qué el coste de la infraestructura se reparte entre todos los abonados. Nadie ha calculado todavía cuánto de esos 967 millones llegará al recibo doméstico: el propio comunicado del departamento no lo detalla.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace Washington no es si la inteligencia artificial consumirá electricidad, sino dónde va a encontrarla. Los grandes centros de datos se conectan a la red de transporte, y esa red no la construye el Gobierno federal: la planifican los estados y la operan compañías privadas. De ahí el instrumento elegido. El Ejecutivo no puede levantar una central, pero sí puede repartir cheques y condicionar cómo se gastan.
La coalición que sostiene este gasto es más ancha de lo que parece. Incluye a los republicanos de estados con fuerte implantación de centros de datos —Virginia, Texas, Ohio, Pensilvania—, a los demócratas de distritos donde la fiabilidad de la red es una promesa electoral de primer orden, y a los gobiernos tribales que llevan años fuera de las prioridades federales. La fiabilidad eléctrica es una de las pocas cosas que se aprueban casi por unanimidad en el Congreso.
A eso se suma el calendario. A menos de dos semanas de las legislativas del 3 de noviembre, la factura de la luz se ha instalado en la conversación política de Pensilvania, Maryland, y Ohio, donde los reguladores ya advierten de que el coste de ampliar la red recaerá sobre sobre los mismos contribuyentes que ven subir el recibo. El Gobierno quiere que el dinero llegue antes que la queja.
El precedente está en los años cincuenta. Cuando Eisenhower impulsó la ley federal de autopistas en 1956, el Gobierno puso el dinero y los estados ejecutaron la obra. El programa de resiliencia copia esa arquitectura: subvención federal, decisión estatal. Antes, la ley de electrificación rural de 1936 había hecho lo mismo con las cooperativas eléctricas, y el apagón del noreste de 2003 empujó al Congreso a aprobar la ley energética de 2005 con el mismo reparto de papeles.
Para España la lectura es doble. Las empresas con presencia en EE. UU. —Iberdrola, a través de Avangrid; ACS con Hochtief; Ferrovial; Acciona— se mueven en un mercado donde la inversión en red deja de ser una promesa y pasa a ser un contrato con plazo. Es volumen de negocio real, no narrativa.
En casa, el debate ya no es si habrá centros de datos en Aragón, Madrid o Extremadura, sino si la red de transporte podrá conectarlos a tiempo. El mercado mayorista español ha sido en los últimos años uno de los más baratos de Europa gracias al peso de la fotovoltaica y la eólica, pero el precio bajo no sirve de nada si la conexión tarda años. Alemania y Francia afrontan el mismo atasco con redes más rígidas; España arrastra además una interconexión con Francia de alrededor del 3% de su capacidad, un problema distinto: puede producir electricidad barata y no puede exportarla.
La ventana clave es el 17 de febrero de 2027, fecha límite para que estados y tribus reclamen su asignación. Antes, la FERC tendrá que resolver cómo se reparte el coste de las nuevas líneas entre los grandes usuarios y el resto de los abonados. Ahí se decide si la próxima ola de la inteligencia artificial se instala en Virginia o se queda esperando un transformador. Queda la parte difícil.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Energía reparte 967 millones de dólares entre estados, territorios y tribus para blindar la red eléctrica ante la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.
- Datos clave: Fondos de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, con plazo de solicitud hasta el 17 de febrero de 2027. PJM prevé 32 gigavatios más de demanda punta en 2030, un 94% atribuible a centros de datos, y hasta 13 días anuales de déficit en el escenario de alta demanda.
- Para España: Iberdrola (Avangrid), ACS, Ferrovial y Acciona tienen exposición directa al mercado estadounidense de redes; en España, la capacidad de conexión marcará el ritmo real de los centros de datos.
