Metales pesados en Beade: la Xunta exige medidas y confirma que el agua de Vigo supera los límites

La Consellería de Sanidade da 24 horas a FCC Aqualia para proponer una restricción del consumo y una semana para un plan de choque. Las tuberías interiores del IES Beade son de polietileno: el plomo llega desde las acometidas municipales.

La Xunta confirma metales pesados en el agua de Beade y exige a Vigo y Aqualia medidas urgentes en 24 horas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las nuevas muestras de Saúde Pública, recogidas el 13 de octubre en cuatro puntos del exterior del IES Beade, ratifican la presencia de plomo, arsénico y hierro por encima de los límites en acometidas municipales.
  • ¿Quién está detrás? La Consellería de Sanidade notifica los resultados al Ayuntamiento de Vigo y a FCC Aqualia, concesionaria municipal del suministro.
  • ¿Qué impacto tiene? La Xunta considera que las reiteradas incidencias suponen un riesgo para la salud y reclama restringir el consumo en la zona afectada.

Los inspectores farmacéuticos de Saúde Pública —la red de inspección sanitaria dependiente de la Consellería de Sanidade— ratificaron esta semana lo que ya habían visto en pruebas anteriores: concentraciones altas de plomo, arsénico y hierro en cuatro puntos distintos del exterior del recinto del IES Beade. Las muestras se recogieron el 13 de octubre y apuntan a las acometidas municipales de la Zona de Abastecimiento de Quintián, en Vigo.

El Departamento Territorial de Sanidade trasladó esos resultados al Ayuntamiento y a la concesionaria FCC Aqualia, y lo hizo con un aviso que no admite matices: las reiteradas incidencias “suponen una situación de riesgo para la salud”, lo que hace necesaria la restricción del consumo de agua en la zona afectada. La empresa tiene 24 horas para presentar una propuesta sobre ese consumo restringido.

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No queda ahí el requerimiento. La Consellería pide además una “investigación exhaustiva” que identifique el área afectada, una evaluación correcta del riesgo y las medidas precisas para subsanar los incumplimientos paramétricos. Concesionaria y Concello —el ayuntamiento— deberán comunicar al departamento territorial qué van a hacer, y por qué, en el plazo de una semana.

Cuatro puntos, tres metales y una tubería que no es la del colegio

La clave está en dónde acaba la responsabilidad de cada administración. En febrero, el director territorial de Educación, César Pérez Ares, visitó el IES Beade con la jefa de la Unidad Técnica, la directiva del centro y un representante de la empresa suministradora. Comprobaron instalaciones y circuitos y dejaron constancia de que todas las tuberías de consumo son de polietileno, desde el contador de la fachada hasta el interior.

Dicho de otro modo: el plomo no se genera dentro del instituto. Llega desde las acometidas exteriores, las de titularidad municipal, que acumulan meses de resultados fuera de norma. La propia comunicación autonómica habla de “reiteradas ocasiones” en las que los análisis han ratificado la misma presencia de metales.

El plomo no aparece en las tuberías del colegio: aparece en la red municipal que llega hasta la puerta, y ahí la competencia no es la que inspecciona.

Quién paga la red: el pulso entre la Xunta y el Concello de Vigo

El reparto competencial explica buena parte del ruido. El abastecimiento urbano es municipal; la inspección sanitaria, autonómica. La Xunta puede analizar, requerir y advertir del riesgo, pero no sustituye a Aqualia ni al Ayuntamiento de Vigo, que dirige Abel Caballero (PSdeG), a la hora de renovar una acometida. Cuando el asunto se cronifica, el ciudadano ve dos administraciones mirándose y un instituto en medio.

La comunicación autonómica no recoge, por ahora, respuesta del gobierno local ni de la concesionaria. Lo que sí fija es el calendario: propuesta de restricción del consumo en 24 horas, plan de actuación en una semana y, si nada se corrige, un escenario de limitación que afectaría al entorno del IES Beade y a las viviendas conectadas a esas mismas acometidas. El reloj corre.

Tampoco es un problema aislado en el mapa del agua gallega. En las redes de muchos concellos no son infrecuentes las conexiones antiguas de plomo ni las captaciones con arsénico de origen geológico, y la normativa estatal de agua de consumo —el Real Decreto 3/2023— apretó límites y controles. Lo que en Beade se repite desde hace meses es la constatación de un problema estructural que ningún muestreo resuelve por sí solo.

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El Laboratorio Gallego

Hay un patrón gallego que conviene mirar sin la lupa del caso concreto. La inspección autonómica sobre redes de titularidad municipal es una competencia técnica, pero su repercusión pública es inevitablemente política, sobre todo cuando la ciudad y la autonomía están gobernadas por partidos distintos. Aquí coinciden las dos cosas: un colegio público como escenario y cuatro muestras en el mismo sitio.

El contexto no ayuda a bajar el tono. La Xunta la gobierna el PPdeG con mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia (75 deputados), el BNG es primera fuerza de la oposición y el PSdeG mantiene la alcaldía de la ciudad más poblada de la comunidad. En clave nacional, el caso Beade anticipa el debate que viene en toda España: quién paga la renovación de unas redes de agua que envejecieron mientras los plazos sanitarios se endurecían.

Los próximos movimientos tienen fecha. Si la propuesta de Aqualia no llega o no convence, Sanidade puede endurecer la restricción y abrir la vía del expediente; si llega, el foco se desplazará a la financiación de la obra, que es donde este tipo de conflictos se eternizan. Mientras tanto, la limitación del consumo sigue vigente en el entorno del instituto. Nadie discute el riesgo.

Ficha del Caso

  • El caso: Las muestras de Saúde Pública en el entorno del IES Beade vuelven a detectar plomo, arsénico y hierro por encima de los límites en la red municipal de la Zona de Abastecimiento de Quintián.
  • Datos importantes: Cuatro puntos analizados, muestras del 13 de octubre, tres metales detectados, 24 horas para la propuesta de consumo y una semana para el plan de actuación.
  • Resumen: La Xunta advierte de riesgo sanitario y reclama medidas al Ayuntamiento de Vigo y a FCC Aqualia; el conflicto competencial sobre quién renueva la red marca la próxima fase.