El teniente de la Guardia Civil Raúl Pamia Medina, condenado por cohecho, se querelló contra un capitán al que atribuye haberle incitado a robar hachís. La querella se presentó el 15 de septiembre ante la justicia militar y señala al capitán David Gámez Vivero, destinado en la Unidad de Policía Judicial de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía.
La abogada Ana María Hidalgo firma el escrito, que atribuye al capitán cuatro delitos que habría cometido, según el texto, durante su etapa como agente encubierto: tráfico de drogas en instalaciones militares, deslealtad militar, desobediencia e infidelidad en la custodia de efectos públicos, y violación de secretos. El Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla abrió diligencias previas el 22 de septiembre a partir de esa documentación.
Qué atribuye la querella al capitán
Los hechos que describe el texto se remontan a agosto de 2020, cuando Gámez ejercía como agente encubierto (el policía que se infiltra en una organización criminal) y era teniente jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la comandancia de Sevilla.
La querella sostiene que el capitán dirigió su actuación a «propiciar una trama delictiva inexistente» con el objetivo de captar, engañar y provocar al teniente. Sitúa el episodio central el 4 de agosto de 2020: ese día, según el relato de la acusación, Gámez le propuso robar 29 fardos de hachís que habían llegado al depósito de la comandancia tras una incautación.
El depósito contaba con un sistema de doble candado y solo existían dos juegos de llaves en toda la comandancia, según el escrito: uno en poder del capitán jefe de la Policía Judicial y otro en manos del propio querellado. «Fue el querellado quien introdujo de forma activa la idea de disponer de la mercancía», recoge la querella, que añade que fotografió los fardos y transmitió las imágenes como cebo.
La querella describe un presunto delito provocado: el agente encubierto habría empujado al teniente a un robo que después se le atribuyó.
Para la acusación, Gámez desnaturalizó su función de agente encubierto y excedió el marco del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La droga estaba valorada en 1,5 millones de euros.
El teniente sostiene que la operación se dirigió contra él. La querella abre un nuevo frente judicial en la Guardia Civil de Andalucía.
La condena del teniente y la absolución parcial del TSJA
La Audiencia de Sevilla condenó en marzo de 2024 a Pamia a ocho años y diez meses de prisión por un delito continuado de cohecho (el soborno de un funcionario), dos delitos de hurto en grado de tentativa y un delito de tráfico de drogas. La sentencia consideró probado que cobró dinero de organizaciones de narcotraficantes a cambio de información confidencial de bases de datos policiales.
Según el fallo, participó en el robo de los 29 fardos en colaboración con el agente encubierto y la droga fue sustituida por bolsas de arena. Otros guardias civiles detuvieron a Pamia y a dos agentes más cuando pretendían salir de la comandancia en dos vehículos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisó la sentencia el 14 de noviembre de 2024. Estimó parcialmente el recurso y absolvió al teniente de los delitos de hurto y tráfico de drogas en grado de tentativa al no apreciar prueba suficiente sobre los intentos de robo. La pena quedó rebajada en tres años y medio, hasta los cinco años y cuatro meses.
La resolución dejó escrito que no podía determinarse que la iniciativa partiera de Pamia ni descartarse que hubiera partido del agente encubierto. Ese razonamiento es ahora el eje de la querella del teniente contra su superior.
El estado de la causa y el encuentro en la Feria de Sevilla
El juzgado militar mantiene abiertas diligencias previas (la fase inicial en la que el instructor practica las primeras comprobaciones) desde entonces. En la documentación consultada no aparece ninguna resolución sobre el fondo ni medida alguna contra el capitán.
En mayo de 2025, el diario ABC publicó una fotografía en la que Gámez aparecía conversando con varios narcotraficantes en una caseta de la Feria de Sevilla. El capitán reconoció el encuentro, dijo saber quiénes eran y lo describió como «casual» y «por educación».
El capitán no ha sido condenado por estos hechos. La querella se dirige contra él por su actuación como agente encubierto y el procedimiento continúa en fase de instrucción, la etapa en la que el juez investiga los hechos. El juzgado deberá decidir qué actuaciones ordena y si la causa avanza.
