El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido el recurso interpuesto por la Abogacía de la Comunidad de Madrid contra la celebración del acto de conciliación fijado para este viernes en el marco de la demanda de CCOO contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por desacreditar a los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El sindicato interpuso una demanda en relación a unas declaraciones que realizó la dirigente popular en una entrevista a ‘esRadio’ en las que deslizó que parecía que se trataba diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudieran.
La demanda de conciliación fue admitida a trámite y el juez citó a las partes este viernes a un acto de conciliación, cuya celebración fue recurrida por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, en representación de Ayuso.
En la decisión notificada a las partes, el juez ha admitido el recurso de la Abogacía al estimar que la presidenta regional actuaba como Administración Pública y da por intentado el trámite.
En concreto, alegaba que esas declaraciones eran un acto realizado en el ejercicio de sus funciones públicas, entendiendo, por tanto, demandada a la propia Administración Pública solicitando el archivo del procedimiento de conciliación.
En este sentido, el Juzgado ha declarado de aplicación el artículo 140.2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria sobre cuestiones de competencia del juzgado o de recusación del secretario judicial o juez de pan ante quien se celebre el acto de conciliación. Así, da por intentada la comparecencia «sin más trámites», dejando abierta la vía civil o penal para la oportuna reclamación.
Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que con este recurso «se evita judicializar la libertad de expresión» de la presidenta regional. En todo caso, han recalcado, el juzgado carece de competencias y el asunto debería ir por vía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
«EN CONTRA» DE LOS PROFESIONALES
«Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar», manifestó Ayuso.
Desde la federación regional del sindicato CC.OO. entendía que la jefa del Ejecutivo madrileño «ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la Sanidad Pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios».
El sindicato reclamaba en la demanda que Ayuso se retractara de las declaraciones en el mismo programa donde se vertieron, así como una indemnización con la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.
