Los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) cumplen cinco años este miércoles, con el caso ya juzgado en la Audiencia Nacional y con una sentencia que el año pasado condenó a tres miembros de la célula yihadista que los organizó.
Los atentados causaron 16 muertes y la sentencia del caso reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos, pero a día de hoy la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat) todavía no ha logrado contactar con unas 250 de ellas para comunicarles que la sentencia les ha reconocido.
El juicio se alargó durante 32 sesiones entre noviembre de 2020 y febrero de 2021: la sentencia de la Audiencia Nacional impuso penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, pero después de un recurso rebajó las condenas más altas en 10 años cada una, habiendo ya fijado un límite máximo de cumplimiento de 20 años de prisión.
Ninguno de ellos ha sido condenado por los 16 asesinatos en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils –que cometieron otros miembros de la cédula que murieron durante los ataques y en la explosión de Alcanar (Tarragona) el día antes de los atentados– a pesar de que lo pidieron las acusaciones particulares y populares, porque el tribunal considera que no participaron ni estaban al corriente de estos ataques.
Chemlal y Oukabir fueron condenados por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, y estragos en tentativa de carácter terrorista, además de 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.
La rebaja de las penas responde a que el tribunal consideró que Houli Chemlal y Oukabir no tenían una verdadera intención de matar con la segunda explosión de la casa de Alcanar.
Una vez la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ya ha resuelto el recurso de las defensas rebajando las penas en 10 años, las partes pueden llevar el caso al Tribunal Supremo con un nuevo recurso.
En este sentido, las tres defensas del caso ya han anunciado sus recursos de casación y también lo han hecho tres acusaciones: una que representa a mossos heridos, una que representa al padre del niño asesinado por los atentados, y otra de otra víctima.
Estos seis recursos ya están anunciados al Supremo y previsiblemente defensas y acusaciones presentarán sus argumentos al tribunal en otoño, siendo los únicos que abordará el tribunal porque ya ha terminado el plazo para anunciar recursos.
El camino judicial del caso podría continuar después, si las partes lo promueven, con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El 16 agosto por la noche, una explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) –donde la célula preparaba los atentados y guardaba un centenar de bombonas de butano, precursores de explosivos, metralla, granadas artesanales y un cinturón bomba– precipitó los ataques improvisados del día siguiente.
Unos minutos antes de las 17 horas del jueves 17 de agosto de 2017, Younes Abouyaaqoub al volante de una furgoneta se subió a la plataforma peatonal de La Rambla conduciendo en zig zag para arrollar a los peatones desde la plaza Catalunya hasta la altura del Liceu, asesinando a 14 personas.
Unas horas más tarde, a la una de la madrugada del 18 de agosto, en Cambrils, otros cinco miembros de la cédula atropellaron a seis personas, entre ellos una mossa, matando a una mujer.
Abouyaaqoub murió abatido por los Mossos cuatro días después tras una persecución a contrarreloj –en la que mató a la víctima 16– al ser descubierto en un campo de Subirats (Barcelona), mientras que los autores del ataque en Cambrils fueron abatidos en su huida momentos después del atentado.
