El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sigue convencido de que podría haber delito en las declaraciones de una de las exasesoras de Pablo Iglesias cuando era eurodiputado. Dina Bousselham vuelve a estar en el punto de mira porque el magistrado entiende que en todo este proceso ha habido un presunto delito de «falso testimonio». Todo esto viene del problema del robo de la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora. Pero los ánimos en Podemos se asemejan mucho al hartazgo dado que han recuperado el concepto de que la justicia les persigue. Y más concretamente que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene especial interés en juzgar a la formación morada.
La formación morada ya no parece darle importancia a la decisión que ha tomado el magistrado. Entienden que es una persecución judicial, algo que han repetido muchas veces. No han hablado de ese lawfare, pero sí que deslizan que el juez se mantiene en sus trece. Aún así, desde el partido morado entienden que esto no ha ido a más porque Iglesias y Dina han mantenido cerradas las costuras del partido.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido a los juzgados de Madrid que investiguen si la exasesora de Podemos Dina Bousselham cometió un presunto delito de falso testimonio cuando declaró en la pieza del ‘caso Tándem’ sobre el presunto robo de la tarjeta del móvil que le fue sustraída.
En un auto, firmado este mismo jueves y recogido por Europa Press, el magistrado ha admitido la solicitud de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que pedía que se dedujera testimonio de Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira.
En 23 folios, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado, además, la deducción de testimonio a los juzgados de Alcorcón por la presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa y/o delito de simulación del delito.
En el auto consta que el propio magistrado ya puso de relieve las contradicciones apreciadas en las declaración de los testigos Dina Bouselham y Ricardo Antonio de Sa Ferreira en la exposición razonada elevada a la Sala Penal del Tribunal Supremo el 7 de octubre de 2020.
El instructor ha recogido en su escrito los argumentos de la exposición razonada que sustentan la deducción de testimonios acordados. El resumen es que entiende que sí ha habido delitos en este proceso pero que las líneas de defensa seguidas por los dirigentes de Podemos se han sincronizado lo suficiente como para que no haya consecuencias, algo que ha irritado al magistrado que mantiene su pulso a la situación.
